Los pisos en venta y alquiler pagarán 250 euros por la etiqueta energética

Mañana entra en vigor el decreto que obliga a contar con la certificación sobre el consumo de agua, luz y gas

JORGE GARCÍA BADÍAMURCIA.
Juan Ángel Prieto y Miguel González-Palazón, de Itemur, ayer frente a una promoción de Imvi 2013 que será inspeccionada. ::                             V.VICENS / AGM/
Juan Ángel Prieto y Miguel González-Palazón, de Itemur, ayer frente a una promoción de Imvi 2013 que será inspeccionada. :: V.VICENS / AGM

Los pisos de la Región deberán ponerse al día en cuestiones sostenibles y de eficiencia energética a partir de mañana. Todo ello como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto 235/2013 que aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, y que obligará a disponer de la etiqueta energética en la publicidad de los inmuebles en venta o alquiler de todo el país, así como de las futuras promociones inmobiliarias.

La medida conllevará el desembolso de una cantidad económica para contar con la certificación, que, a su vez, deberá de darse de alta en el Registro de Certificados de Eficiencia Energética de Edificios de la Comunidad Autónoma, previo pago de unas tasas. El importe de tales trámites, obligatorios para los propietarios, se desconoce todavía, aunque en el sector ya están haciendo cálculos tomando como referencia el coste de estas inspecciones en Alemania e Italia, 500 euros y 250 euros, respectivamente, por certificado.

Desde la empresa Inspección Técnica de Edificios Murcia (www.itemur.com), el ingeniero de edificación y certificador energético, Miguel González-Palazón Palazón, subraya que «estaremos en la media italiana de 250 euros». Dependiendo si se trata de vivienda unifamiliar, local comercial o un residencial, donde se realizarán un máximo de inspecciones atendiendo al número de pisos.

Las mismas estimaciones maneja el secretario de la Asociación de Promotores de la Región (Apirm), Alejandro Zamora, quien añade que «desconocemos todavía el importe de las tasas autonómicas». Desde Aprim recuerdan que la Dirección General de Consumo podrá hacer inspecciones y el consumidor tendrá la potestad de pedir este certificado. De hecho, será obligatorio aportar como mínimo una copia del certificado a compradores y arrendadores.

Tendrá diez años de validez

Esta certificación tendrá una validez de diez años y acreditará el comportamiento energético del inmueble, así como sus emisiones de dióxido de carbono y las medidas para mejorar su eficiencia. Atendiendo a siete niveles, desde la A -más eficiente- hasta la G -más desfavorable-. Un piso que luzca una A en su etiqueta energética «garantizará un ahorro de hasta el 90% en agua, luz y gas con respecto a un inmueble catalogado con la G», subraya González-Palazón.

Desde Itemur calculan que el 70% del parque inmobiliario regional se moverá entre la E y la G, «por debajo de los niveles recomendables». Un 25% estará próximo a la E, «un perfil bajo de ahorro energético», y solo un 5% logrará la máxima cualificación. Tales previsiones no son compartidas desde Apirm, cuyo secretario recuerda que «en 2007 se aprobó un Real Decreto, en el que todas las obras debían de incorporar un certificado en el proyecto sobre el tipo de edificación energética. La novedad ahora es como afecta a la venta y al alquiler, además de los edificios públicos». Éstos últimos deberán lucir su etiqueta.

El mayor temor que manejan empresas del sector como Itemur, ante la inminente aplicación de este decreto, es que «la gente lo vea como un impuesto más. Lo que se pretende es acabar con el despilfarro energético de los residenciales que acaparan el 17% del consumo total de energía del país, con el ahorro económico en las facturas». De hecho, el fin último es que todos los edificios nuevos que se construyan a partir del 31 de diciembre de 2020 sean «edificios de consumo de energía casi nulo».

Por lo pronto ya hay promociones que voluntariamente han solicitado ya las inspecciones, como las treinta viviendas de Imvi 2013 en Ronda Sur. Este decreto será un balón de oxígeno para aquellos arquitectos e ingenieros en paro, ya que serán los dos únicos perfiles profesionales acreditados para realizar las inspecciones y emitir 'certificados verdes' para el sector del ladrillo.