La Comunidad niega a Proambiente la autorización para volver a abrir

Emite dos informes negativos sobre la evaluación de riesgo ambiental y el plan de restauración de la zona afectada por el vertedero

GUILLERMO HERMIDA

La Dirección General de Medio Ambiente ha emitido su veredicto. Y es negativo a los intereses de Proambiente, la firma que gestiona el vertedero de Abanilla. Dos meses después de recibir de la mercantil su propuesta de evaluación de riesgos para la zona que circunda la instalación -en su mayor parte protegida como Lugar de Interés Comunitario- y el plan de restauración de los espacios afectados por el vertedero, el director general de Medio Ambiente, Amador López, recibió ayer de sus técnicos sendos informes negativos sobre ambas cuestiones. El varapalo a Proambiente supone que no habrá autorización ambiental integrada, y por tanto, el vertedero sigue clausurado en casi su totalidad.

La Comunidad Autónoma trasladará como muy tarde esta misma semana su decisión a la mercantil, a la que ha dado dos meses como máximo de plazo para que subsane y complete la documentación sobre ambas cuestiones. Para colmo, Medio Ambiente está también a la espera de recibir los análisis de los lixiviados que aparecieron en julio en las cercanías de los vasos 1 y 2, que motivaron una denuncia ante el Seprona. En el caso de que se demostrara que hay filtraciones de elementos peligrosos para el medio ambiente, la empresa también tendría que añadir a la documentación el tratamiento para evitar la aparición de más de estos lixiviados a través de nuevas medidas correctoras, señaló el director general de Medio Ambiente.

Según López, Proambiente ha trasladado a su departamento una documentación «insuficiente». «La empresa debe ahora reparar el daño ambiental que ha causado su actividad pasada, y para ello ha presentado un plan en el que cifran en 1.869.000 euros la inversión necesaria». Según López, Proambiente ha solicitado que se le otorgue un plazo de diez años para realizar estos trabajos, «pero nosotros estimamos que debe presentar un proyecto para que pueda hacerse en cinco años».

Además, la Comunidad Autónoma entregará a la mercantil una serie de exigencias -como la de crear cortafuegos en todo el perímetro del vertedero o la prohibición de toda actividad en las zonas afectadas por la figura de protección ambiental de Lugar de Interés Comunitario, reducción del tráfico de camiones con vertidos- que debe cumplir para volver a tratar de obtener un dictamen favorable para la autorización ambiental integrada. «Si demuestran con hechos que se atienen a la legalidad, la obtendrán. De lo contrario, no levantaremos la prohibición», zanjó López.

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