Exculpan al alcalde de Torre Pacheco de favorecer a Armero y Meroño

El juzgado de Instrucción número 5 de San Javier ha dado carpetazo en un solo folio a las investigaciones abiertas contra el alcalde, Daniel García Madrid; el edil de Cultura, Antonio Madrid; y la concejal de Obras Públicas, Josefa Marín -entre otros- por el presunto trato de favor a determinadas empresas, algunas de ellas vinculadas a familiares de Antonio Madrid y otras a conocidos empresarios como Facundo Armero y Pedro García Meroño. En este escueto auto, el juzgado considera que «de lo actuado no parece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa» y decreta el sobreseimiento provisional de la misma. El letrado defensor de Madrid, Raúl Pardo Ruiz, ya ha solicitado al juzgado, en aras a esa falta de pruebas, que el sobreseimiento no sea provisional, sino libre.

Esta investigación partió de una denuncia que la Fiscalía realizó en 2007 y en la que apuntaba a la comisión de «presuntas irregularidades» en el Ayuntamiento de Torre Pacheco entre los años 2003 y 2006. El Ministerio Público denunciaba, por un lado, el presunto trato de favor que el edil Antonio Madrid habría prestado, en el uso de su cargo, a dos empresas de sus hermanas. Concretamente, la Fiscalía apuntaba a que el concejal había intervenido en numerosas sesiones de la comisión de gobierno del Ayuntamiento en las que se habían aprobado el pago de facturas a las empresas Fausan S.L. e Ikebana Garden, ambas propiedad de dos hermanas suyas. El Ministerio Fiscal iba un poco más allá y explicaba que, en el caso de la última mercantil, ésta podría presuntamente haber facturado en algunos casos por encima del trabajo real. El juzgado afirma ahora no contar con prueba alguna de la comisión de estos hechos.

Una relación previa al cargo

En esta causa, la Fiscalía había denunciado, además, el presunto trato de favor que el alcalde y la edil de Obras Públicas prestaban a empresas regentadas por Facundo Armero y su socio Pedro García Meroño. Llegados a este punto, el Ministerio Público destacaba que García Madrid ya había prestado servicios como abogado a estos empresarios antes de asumir su mandato al frente del Consistorio y que otro tanto había ocurrido con la concejal Marín. En este sentido, la Fiscalía denunciaba que ninguno de los dos se había abstenido de las votaciones en las que se había aprobado el pago de facturas a estos dos empresarios por valor de más de 750.000 euros.

La Fiscalía ponía de manifiesto ante el juzgado que, además, la edil de Obras Públicas y su esposo habían adquirido dos inmuebles en la localidad que les transmitieron dos empresas de Armero «a un precio sensiblemente inferior al real». Entre estos inmuebles se hallaba una nave industrial de más de 2.000 metros cuadrados por la que Marín pagó, según la denuncia de Fiscalía, 267.773 euros. Otra nave de similar tamaño en el mismo polígono fue tasada por casi el doble.

Tampoco en este asunto, el titular del juzgado de Instrucción número 5 de San Javier halla indicios para continuar con la investigación y pide el sobreseimiento provisional de todo el procedimiento.