Fenoll se enfrenta a una multa de hasta un millón de euros

La Consejería inicia un proceso administrativo para estudiar si revoca la ampliación del vaso 3 y cierra el recinto por los vertidos ilegales

J. G. BADÍA
El empresario Ángel Fenoll. | LV/
El empresario Ángel Fenoll. | LV

La última 'trastada medioambiental' que ha protagonizado Proambiente, vertiendo ilegalmente 400 toneladas de basura en el vaso inicial, le podría costar muy cara al magnate de las basuras Ángel Fenoll. Tanto que podría estar a punto de perder la declaración de impacto ambiental (DIA) favorable que la Consejería de Presidencia publicó en el Boletín Oficial de la Región (BORM), el pasado 30 de junio, y por la que podía volver a retomar la actividad en el vaso 3 durante 7 años y 76 días.

Ahora el futuro de dos centenares de trabajadores, muchos de ellos de Abanilla, está en el aire después de que Presidencia haya iniciado un procedimiento de revisión de oficio de la declaración de impacto ambiental favorable, según fuentes de la Consejería, «por un cambio importante de circunstancias». En concreto, por la entrada sin permiso de 25 camiones cargados hasta 'las trancas' de basura ilegal.

Este procedimiento administrativo fijará la sanción por los vertidos descubiertos durante la visita sorpresa del Seprona al vertedero, y el mismo decidirá si tumba la ampliación del vaso Abanilla-Crevillente. Esta posibilidad obligaría a la mercantil a cerrar el vertedero, dejar en el aire contratos millonarios por la gestión de residuos sólidos urbanos en Santomera, Fortuna, Abanilla, Beniel y la Vega Baja alicantina, quedando abocada a 'sobrevivir' solo con la planta de compostaje.

El consejero de Presidencia, Manuel Campos, avanzó ayer que este procedimiento seguro que deparará para Proambiente «una sanción económica muy importante y podría revocársele la declaración ambiental». Atendiendo a la Ley de Protección Ambiental, el empresario Ángel Fenoll se enfrenta a dos escenarios económicos: multa de 10.001 hasta 100.000 euros, en caso de que este vertido sea considerado como «grave» por Presidencia, y de 100.001 hasta 1.000.000 euros si la Consejería resuelva el expediente como infracción «muy grave».

De momento según explica Campos, «nadie de Proambiente ni del Ayuntamiento de Abanilla se ha puesto en contacto con la Consejería, pero 400 toneladas no se entierran en un día, lo han hecho en varias noches». Todo ello a pesar de que el pasado 25 de junio, el portavoz del Ayuntamiento, Pascual Martínez, «felicitase» a la Consejería de Presidencia por la decisión favorable a la supervivencia de la actividad del vertedero y llegase a afirmar que «no sé qué quiso decir el Consejero cuando hablaba de compadreos entre el Ayuntamiento y Proambiente».

Huevazos en casa del alcalde

A este respecto, el consejero recordó a la mercantil, por segunda vez, que «tiene prohibido verter residuos, se arriesgan a que la Guardia Civil precinte el vertedero». Un cierre de las instalaciones que ayer exigió el secretario de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad del PSRM, Marcos Ros. «Valcárcel debe dar la cara ante estas ilegalidades, se debe paralizar la actividad ycerrarse el procedimiento judicial», dijo

Precisamente el Juzgado de Cieza, instructor de la 'Operación Subterráneo' por enterramientos ilegales en la finca de Los Corrales, este mismo año se dirigió al Ayuntamiento de Abanilla para conocer «si concedía subvenciones al desarrollo de la actividad social de Proambiente y Ambiental Elements». A lo que el Consistorio respondió en un escrito que «no habían subvenciones» para Fenoll.

Este proceso judicial podría dar paso a otro paralelo, ya que los servicios jurídicos de Ecologistas en Acción ayer avanzaron que denunciarán a la mercantil «por el incumplimiento de la resolución de 6 de octubre de 2011, que ordena la suspensión de actividad de vertedero de residuos sólidos urbanos, en el paraje de la Solana de Abanilla». Ecologistas recuerda que «con fecha 28 de junio de 2012 se ha vertido directamente sobre la capa de impermeabilización del vaso inicial, pudiendo causar inestabilidad en el conjunto del vertedero». Por todo ello pedirán al juzgado y a Presidencia «la paralización por el delito de desobediencia a la autoridad».

A estas acciones podrían sumarse nuevas protestas a pie de calle de la plataforma Vertivega que celebró una asamblea de urgencia, en La Murada, «para adoptar medidas».

Lo cierto es que la tensión entre comunidades vuelve a alcanzar cotas preocupantes después de que el 11 de abril vecinos de La Murada y Vertivega tomasen el Pleno, y el alcalde de Abanilla, Fernando Molina, fuese escoltado por la pPolicía. Según ha trascendido, días después de esa sesión plenaria, la fachada de la casa del alcalde amaneció llena de huevos y restos de heces.

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