La Comunidad debe renegociar el aval de 200 millones del aeropuerto

Aeromur tiene que pagar los intereses de esta garantía a la Administración regional, aparte del préstamo

M. BUITRAGOMURCIA.
Un reportero gráfico fotografía el avión de AENA durante las pruebas de calibración del aeropuerto de Corvera, en abril ::                             MARTÍNEZ BUESO/
Un reportero gráfico fotografía el avión de AENA durante las pruebas de calibración del aeropuerto de Corvera, en abril :: MARTÍNEZ BUESO

El Gobierno regional tiene que renegociar el mes que viene el aval por 200 millones que concedió a la sociedad concesionaria del aeropuerto de Corvera para que pudiera finalizar la construcción de esta infraestructura. Esta garantía se concedió al grupo Aeromur -liderado por la constructora Sacyr- para que pudiera terminar las obras, hecho que condicionaba la vigencia de dicho aval. El acuerdo entre las partes señalaba que había un año de plazo, desde la entrada en servicio del aeropuerto, para que Aeromur empezara a devolver los préstamos. Corvera tiene previsto iniciar sus operaciones este otoño.

Se estipuló que el aval tuviera una vigencia de dos años, por lo que toca ahora renegociarlo. Si el aeropuerto se hubiera puesto en marcha antes, no hubiera sido necesario replantear esta garantía con los bancos, según indicaron ayer fuentes de la Comunidad Autónoma. En los dos últimos años, Aeromur ha estado pagando a la Comunidad los intereses del aval, con unas cantidades considerables, explicó anoche el consejero portavoz José Ballesta. Conforme el aeropuerto tarde más en abrirse, más dinero debe poner Aeromur por este concepto.

El tiempo corre, la puesta en marcha del aeropuerto se ha retrasado y los plazos para hacer frente a los préstamos avalados están encima. En el peor de los escenarios, que el Gobierno regional no contempla en estos momentos, el aeropuerto pasaría a manos de la Comunidad Autónoma si la empresa concesionaria no puede devolver el dinero, pero el Ejecutivo regional tendría que hacer efectivos esos 200 millones.

El consejero de Obras Públicas, Antonio Sevilla, ha explicado que toca renegociar con las entidades financieras que respaldaron la operación. En el contrato -que vincula a la Administración regional, la empresa concesionaria y los bancos que participaron en la operación- se hace referencia al 'rating' que marca la solvencia de la Comunidad Autónoma para hacer frente a sus compromisos financieros. Dicha calificación influye a la hora de que los bancos que prestaron el dinero puedan reclamar la ejecución del aval. Esta posibilidad no la contempla el Gobierno regional, que insiste en que al margen de las condiciones que marque el 'rating' hay que renegociar esta garantía.

La solvencia de la Comunidad Autónoma ha sido degradada por dos agencias de calificación diferentes. Primero, Moody's, que la colocó hace dos semanas al nivel de 'bono basura'; y después Fitch, que la ha rebajado tres escalones de golpe esta misma semana.

La exconsejera de Economía y Hacienda, Inmaculada García, actual comisionada del Gobierno para el terremoto de Lorca, fue quien formalizó el aval, después de que la Comisión europea diera su aprobación tras unos meses de incertidumbre y tira y afloja. Subraya García que la relación del 'rating' con la concesión de avales está regulada por la normativa básica estatal. Añade, a preguntas de este diario, que la Administración y las comunidades autónomas suelen emplear esta fórmula, que está regulada.

Otras fuentes del Gobierno regional aseguran que, conforme se retrase la puesta en marcha del aeropuerto, se puede poner en peligro el aval que otorgó la Comunidad, sobre todo si la sociedad concesionaria no cubre el préstamo y no se cumplen los plazos de amortización.

Más plazo de devolución

La renegociación consistirá probablemente en ampliar los plazos para hacer frente a la devolución del dinero a los bancos por parte de las empresas integradas en Aeromur (CAM, Cajamurcia, Grupo Montisa, Grupo Fuertes, Terrazos el Pilar y Sacyr, esta última al frente del consorcio). Los costes de esta operación los tendría que asumir dicha sociedad.

La concesionaria obtuvo el crédito al día siguiente de la autorización del aval por parte del Consejo de Gobierno, el 1 de febrero de 2010, aunque la garantía fue fiscalizada por la Comisión Europea, que dio su visto bueno cinco meses después. La Caixa actuó como entidad agente de la financiación del crédito, en el que también participan Banco Espirito Santo, Caja Segovia, Caixa Tarragona, Caja Sol y el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Previamente, el grupo parlamentario Popular en la Asamblea Regional introdujo una disposición en la Ley de Presupuestos según la cual «el plazo de vencimiento del préstamo se extendería hasta dos meses después de la finalización de las obras», explicó el PP. La vigencia del aval durará hasta tres meses después de la conclusión de las obras y será ejecutable «a primer requerimiento» por las entidades financieras si la concesionaria no devuelve el préstamo en la fecha final concertada o bien en el vencimiento anticipado que se pacte.

El Gobierno regional estableció también en la disposición adicional los perjuicios que sufrirá la concesionaria en el caso de no pagar el préstamo y de que las entidades de crédito ejecuten el aval: la resolución del contrato de construcción y explotación del aeropuerto y el pago de una cantidad, que no se especifica, a la Comunidad Autónoma en concepto de daños y perjuicios.

En la ley plasmada posteriormente en el Boletín Oficial de la Región se especificaba que la vigencia del aval se extenderá «hasta un máximo» de treinta y siete meses después de la finalización de la obra. Un tiempo similar al plazo de vencimiento del préstamo.

La enmienda parcial al Presupuesto que presentó el PP justificó esta medida por «la grave restricción del crédito derivada de la crisis financiera ha afectado al proyecto declarado Actuación de Interés Regional, Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, hasta el punto de que, si la concesionaria no cuenta con el respaldo expreso de la Comunidad Autónoma, no le resulta posible acceder a la financiación imprescindible para esa actuación».

En el aval se otorgó con renuncia al beneficio de excusión, de acuerdo con lo previsto por las autoridades españolas, ya que se considera una cláusula común para los avales del Estado. El beneficio de excusión se refiere al derecho o beneficio del fiador de no ser obligado a pagar en tanto el principal obligado tenga bienes suficientes. En este caso, según declaró ayer la diputada socialista Teresa Rosique, sería la Comunidad Autónoma la que responda primero ante los bancos en el supuesto de que se ejecute el aval, y no la concesionaria como beneficiaria del mismo. Rosique apunta que el PSOE se opuso a la eliminación de esta cláusula.

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