La falta de jueces agrava el retraso en casos de familia, despidos y castigos penales

La falta de refuerzos en el ámbito de personal y el retraso en la creación de nuevos juzgados agravará aún más a lo largo de este año la saturación del partido judicial de Cartagena en ámbitos como Lo Penal, Lo Social y Familia. Así lo han advertido la Junta de Jueces y el Colegio de Abogados a raíz de la decisión del Ministerio de Justicia de enviar magistrados de apoyo solo al área de San Javier. Los profesionales de la justicia en Cartagena admiten la mayor gravedad de la situación en esta última zona, pero recuerdan que llevan años reclamando mejoras que siempre se demoran con el argumento de la falta de presupuesto.

Entre las peticiones más recientes de abogados y jueces están la constitución de estas nuevas unidades judiciales: el segundo juzgado de Lo Contencioso-Administrativo, el séptimo de Primera Instancia y una segunda sección de la Audiencia Provincial (que al final permita la especialización de cada una de ellas en asuntos de los ámbitos civil y penal, respectivamente). Asimismo, en noviembre pasado la Junta de Jueces y Magistrados solicitó al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Juan Martínez Moya, un servicio común de notificaciones y embargos en Primera Instancia.

Permisos para ver a los hijos

«Hay situaciones preocupantes en Ejecución Penal, en Social y en Familia. Pero también en Lo Contencioso Administrativo. La puesta en funcionamiento del Juzgado de lo Penal número 3 ha aliviado la situación de los juzgados penales, pero el retraso en la ejecución era enorme y no se ha superado a pesar de las novedosas iniciativas que sus titulares han emprendido para concentrar las actuaciones y evitar trámites innecesarios», explicó a 'La Verdad' el juez decano de Cartagena, Jacinto Aresté.

Para sacar adelante las más de 7.500 sentencias pendientes de ejecutar, en noviembre los magistrados pusieron en marcha un sistema de juicios extraordinarios los viernes. Se trata de agilizar trámites para que cuestiones que antes exigían tres meses se solventen ahora en un plazo de diez a quince días.

El representante de los magistrados añadió que la apertura del Juzgado de Lo Social número 3 también contribuyó a «paliar» el aumento de expedientes relacionados con la actual situación económica, en particular demandas por despidos. Sin embargo, «el nivel de asuntos entrantes se sigue manteniendo y recientes reformas legales van a suponer un aumento de las competencias de dichos juzgados», advirtió Aresté.

En cuanto al Juzgado de Familia, el decano también mostró su preocupación porque «a pesar de que tiene un nivel de resoluciones claramente mayor que el exigido, efectúa señalamientos a meses vista».

En términos generales, Aresté lamentó que se haya paralizado la creación de nuevas unidades judiciales y que por razones presupuestarias denieguen las medidas de refuerzo solicitadas a través del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.

«Ahora bien -precisó el juez-, en cuanto a los jueces de refuerzo, había lugares de la Región más necesitados y por tanto no me preocupa el hecho de que ninguno venga a Cartagena». El decano considera que este sistema debe emplearse solo como solución temporal mientras no haya dinero para ampliar el número de juzgados, ya que es necesario aumentar el catálogo de unidades. Recordó que es una iniciativa para buscar destino a los jueces recién salidos de la Escuela Judicial y que carecen de plaza al suspenderse la creación de nuevos tribunales. Para este año, el Ministerio ha ordenado el reparto de 50 magistrados por toda España, de los que la Región de Murcia recibirá a finales de este mes cuatro para San Javier.

Sentencias que prescriben

El decano del Colegio de Abogados, José Muelas, destacó entre los principales problemas de saturación la resolución de regímenes de visita a hijos por parte de padres divorciados, las demandas por despidos, la ejecución de sentencias penales o las reclamaciones por desahucios. Puso como ejemplos que en el caso de las separaciones hay personas que esperan hasta nueve meses para que se decida sobre su derecho a ver a los hijos y en los despidos hay que esperar siete meses.

«Uno comprende la escasez económica por la crisis, pero la falta de medidas de refuerzo perpetúa la situación injusta de dejar a los ciudadanos sin respuesta en un tiempo razonable y en asuntos claves para sus vidas», comentó Muelas.

Éste hizo hincapié en la «situación penosa» en Familia y recordó que sigue sin haber un Juzgado de Menores en Cartagena y que continúan prescribiendo sentencias de Lo Penal por la falta de medios para garantizar que se apliquen. Entre los casos más habituales hay infracciones de las normas de tráfico, como superar la tasa máxima de alcohol.