Fenoll pide el archivo de la causa por los vertidos ilegales en Los Corrales

Los ecologistas se oponen alegando que la proximidad de la zona con el vertedero prueba la implicación del empresario

JORGE G. BADÍA
Ángel Fenoll tras declarar por el caso 'Brugal' en Orihuela. ::                             A.A.C./
Ángel Fenoll tras declarar por el caso 'Brugal' en Orihuela. :: A.A.C.

El abogado defensor de Ángel Fenoll, propietario de Proambiente, ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 4 de Cieza «el sobreseimiento libre y archivo» de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente por los que fue detenido Fenoll el pasado 6 de julio, en la segunda fase de la 'Operación Subterráneo'. La actuación de la Guardia Civil, a la postre, sería la génesis de los informes técnicos que han provocado la resolución de sellado del vertedero de Proambiente por 30 años que Medio Ambiente notificó a la mercantil.

Según ha podido saber este diario, la defensa de otro de los cinco detenidos en la primera fase de la 'Operación Subterráneo', desarrollada en la finca de Los Corrales en abril de 2011, también ha pedido «el sobreseimiento y archivo» de los mismos delitos medioambientales que también se le imputan al marroquí Cherkaqui E. H.. En la providencia también se pide a Proambiente que aclare previa a la citación de Francisco J. R. G. «si es la persona que se encuentra en la puerta de entrada de Proambiente, si se trata de la persona que está en la báscula y la que indica a los camiones que material hay que cargar en la planta, así como su destino».

La misma providencia del juzgado también ha sido remitida a Ecologistas en Acción, que dispone de cinco días para impugnar los argumentos que esgrime la defensa de Fenoll para solicitar el archivo. El letrado José Manuel Muñoz Ortín -quien representa a Ecologistas en Acción en la acusación particular- avanza que «nos opondremos al archivo porque entendemos que su participación es clara, dada la vinculación que existe entre los terrenos y la empresa». La Guardia Civil certificó que «en terrenos anexos al vertedero de Abanilla, se descubrió la existencia de zonas donde podrían haber sido sepultados, sin autorización, importantes cantidades de residuos».

Que se ejecute el cierre

En esta misma línea la acusación de ecologistas también se opondrá al archivo de los delitos que pesan contra Cherkaqui E. H., «hasta que no se esclarezca su relación entre los hechos y sus funciones como trabajador». Muñoz Ortín subraya que también pedirán al juzgado que «ejecute la orden de cierre contra el vertedero emitida por Medio Ambiente». La orden, firmada por la directora General de Medio Ambiente, Teresa María Navarro, fue notificada el 21 de octubre a Proambiente y el documento «fija como momento en que debe cesar la actividad el día en que se notifica la orden de suspensión».

Para terminar de acrecentar la polémica en torno a la ejecución de la resolución de cierre y sellado del vertedero -a la que el propio Fenoll quitó hierro antes de comparecer en los juzgados oriolanos por el caso Brugal- Ecologistas en Acción asegura que «la Consejería de Presidencia no se da por enterada de que el vertedero sigue funcionando».

Por su parte, el portavoz del PSOE local, José Antonio Cutillas, asegura que «oficialmente no sabemos si el vertedero sigue funcionando ilegalmente, por lo que podría estar cometiendo un delito continuado en el tiempo». En este sentido el portavoz avanza que el PSOE ha tramitado una moción para el Pleno del próximo lunes en la que pide la creación de una comisión informativa «para el conocimiento de toda la información de que este ayuntamiento disponga y el seguimiento sobre la orden de cierre del vertedero y las posibles irregularidades medioambientales cometidas en nuestro término».

Cutillas entiende que el vertedero de Proambiente «es un tema de interés general en Abanilla». El portavoz ha reivindicado la necesidad de esta comisión informativa integrada por PP, PSOE y IUMA, «porque el ayuntamiento tenía conocimiento de la orden de cierre pero la guardó en los cajones sin informarnos».

Por lo pronto la edil del IUMA, María Dolores Saurín, avanza que votará a favor de la comisión «porque ya la pedimos en abril tras la 'Subterráneo' y todavía esperamos respuesta del ayuntamiento». De hecho, tras las detenciones practicadas antes de las elecciones municipales -el 19 de abril- se celebró un pleno extraordinario monográfico sobre la 'Operación Subterráneo' donde se aprobó por mayoría que el ayuntamiento se personase como acusación particular en el proceso que instruye el Juzgado de Instrucción número 4 de Cieza. La acusación municipal se formalizó el pasado 15 de julio.

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos