Medio Ambiente reitera que el cierre del vertedero de Fenoll es firme

La Comunidad disipa las dudas de Ecologistas en Acción sobre la posibilidad de que los vertidos prosiguieran

J.G.B.

Las dudas sobre «la efectividad» de la resolución de cierre del vertedero de Proambiente, que públicamente habían manifestado Ecologistas Acción, después de que el empresario Ángel Fenoll calificase de «error» el documento donde la Consejería de Presidencia, que notificaba a su mercantil la suspensión de la actividad y el sellado del vertedero por un periodo no inferior a 30 años, han quedado disipadas. Y lo han hecho con un escrito que la Dirección General de Medio Ambiente ha remitido a los ecologistas reiterándoles que «la resolución dictada por la Directora General de Medio Ambiente, Teresa María Navarro, no contiene errores ni contradicciones ni crea confusión en relación a la ejecutividad de las medidas adoptadas».

En su escrito, Medio Ambiente no deja lugar a dudas al subrayar que como «consecuencia» de la resolución «la mercantil no podrá realizar actividad alguna de vertido, eliminación de residuos en el referido emplazamiento -el paraje de La Solana de Abanilla- desde el mismo día en que le sea notificada la orden de suspensión», lo que ocurrió el pasado 21 de octubre. Desde Ecologistas en Acción se han mostrado «satisfechos» por la aclaración de Medio Ambiente, ya que, según este colectivo, se demuestra que «no existen más posibilidades para el funcionamiento del vertedero».

Piden inspecciones

Pese a todo, el escrito de la dirección general no ha frenado el ímpetu de los ecologistas, que recuerdan que «la empresa ha manifestado en prensa que sigue funcionando el vertedero, no entendemos por qué la Consejería de Presidencia no hace inspecciones para comprobar si existen vertidos». El colectivo ecologista pide a la consejería de Presidencia que «comprueben con la mayor brevedad posible si el vertedero sigue procesando basura de Abanilla, Fortuna, Beniel, Santomera, Vega Baja y Orihuela por si deben cerrar el chiringuito o sancionar económicamente a Proambiente».

La petición de Ecologistas en Acción a la Dirección General de Medio Ambiente, para que ésta «actúe de oficio», obedece a lo que dispone la propia resolución de sellado del vertedero donde se indicaba que «los servicios de inspección comprobarán el cumplimiento de la orden y, en caso de que el interesado hiciera caso omiso a la orden de suspensión, esta dirección general dará cuenta al juzgado de instrucción competente, para la determinación de la responsabilidad a que hubiere lugar por el delito de desobediencia a la autoridad».

El documento también contemplaba sanciones de 100.001 euros a 1.000.000 de euros si la mercantil no cesaba su actividad.

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