La abogada de la víctima cree que Del Olmo acertó al definir «zorra»

La letrada admite que el acusado no insultó a su cliente, pero discrepa del fallo de la Audiencia que considera que no hubo un delito de amenazas

A. NEGREMURCIA
El consejero de Presidencia, Manuel Campos, reunido ayer con tres representantes de la asociación contra la                Violencia Doméstica. ::                             Foto: EDU BOTELLA / AGM | Vídeo: laverdadtv/
El consejero de Presidencia, Manuel Campos, reunido ayer con tres representantes de la asociación contra la Violencia Doméstica. :: Foto: EDU BOTELLA / AGM | Vídeo: laverdadtv

«Tu madre va a tener que ir mirando por la calle como las zorras, para delante y atrás, porque la voy a matar y la voy a meter en una caja de pino». Ésta es la frase que ha originado en los últimos días un auténtico huracán informativo. Una advertencia muy clara que un vecino de Cartagena, condenado ya previamente por malos tratos, le lanzó por teléfono en 2009 a uno de sus hijos ante la imposibilidad -por orden judicial- de comunicarse con su mujer. El magistrado Juan Del Olmo, miembro de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial y ponente de esta resolución, ha considerado en una sentencia que el término «zorra» no se utiliza en esta oración «en términos de menosprecio o insulto, sino como descripción de un animal que debe actuar con especial precaución, a fin de detectar riesgos contra el mismo». Una opinión que ayer corroboró la propia letrada de la víctima y que -con la frase en la mano- parece fuera de toda controversia.

La abogada Fuencisla Martín reconoció ayer compartir la interpretación que el magistrado hace del término 'zorra' en la polémica resolución «porque en ningún momento (el exmarido) le estaba llamando puta». Es más, la letrada recalcó que este punto es el único de toda la resolución que comparte. Pese al giro que suponían las declaraciones de esta letrada, lo cierto es que ayer, a esas alturas, la polémica había adoptado ya dimensiones monumentales. La sentencia estaba generando, incluso, un debate a nivel nacional y casi nadie dejó pasar la oportunidad de dejar clara su postura.

El propio ministro de la Vicepresidencia, Ramón Jáuregui, entró al trapo durante su visita a Lorca y afirmó que «no comprendo ni comparto la sentencia». Una opinión que secundó la ministra de Sanidad y Política Social, Leire Pajín: «No podemos consentir que un insulto y que una vejación no se consideren como tal», recalcó. La oposición también salió al paso. La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, no dudó en calificar la sentencia de «disparate». A sus declaraciones se sumaron una auténtica retahíla de detractores que arremetieron con dureza contra la resolución y su ponente.

Falta un criterio común

Parte de la responsabilidad en todo este guirigay lo tiene la propia sentencia de la Audiencia Provincial, que no refleja la frase concreta en la que el acusado pronunció el término 'zorra'. El magistrado Del Olmo entra en su sentencia a valorar, en un párrafo, la utilización que el acusado hace de este término -valiéndose de los hechos probados en la sentencia de Primera Instancia-, pero no llega a plasmar en ningún momento la oración completa. Algo que, de haberse hecho, tal vez habría logrado detener la polémica.

A expensas de este término, surge también el debate sobre la rebaja punitiva que la Audiencia decreta en este caso al considerar que no existe el elemento de dominación que, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, debe presentarse de manera manifiesta en todos los casos de violencia de género. En este sentido, el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Juan Martínez Moya, reconoció que no existe una respuesta homogénea desde los tribunales y recalcó la necesidad de una «unificación de criterios».

En este aspecto, la letrada Martín sí entiende que el tribunal ha errado al revocar la condena a un año de prisión dictada por el juzgado de lo Penal de Cartagena para imponer solo ocho días de localización. La abogada lamentó que se utilice en estos términos la ley de violencia de género, porque «existió intencionalidad» en el comportamiento del hombre y «no existe ninguna amenaza más grave que la de la muerte».

Además, recuerda que el acusado ya tiene antecedentes por violencia de género y que es habitual que utilice a los hijos de la pareja para amenazar a la madre. Según explica, esta mujer «ya ha puesto 20 ó 30 denuncias contra él».

Esta misma línea argumental ya ha sido utilizada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial para revocar numerosas condenas por malos tratos. Una decisión que las asociaciones de mujeres no ven con buenos ojos. De entrada, mañana el colectivo de mujer de las Juventudes Comunistas tiene prevista una protesta frente al Palacio de Justicia.

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