Descartan declarar BIC el Cine Central y limitar más la urbanización del entorno

La Comunidad insiste en conservar solo el edificio y no pedirá informes externos, pese a que lo echa en falta la Fiscalía

JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZCARTAGENA.
Una mujer pasa con un carricoche pasa frente al antiguo Cine Central, a la izquierda, y el edificio en construcción en la calle Don Roque. ::                             J. M. RODRÍGUEZ / AGM/
Una mujer pasa con un carricoche pasa frente al antiguo Cine Central, a la izquierda, y el edificio en construcción en la calle Don Roque. :: J. M. RODRÍGUEZ / AGM

La Comunidad no dará marcha atrás en su decisión de proteger solo el histórico edificio del antiguo Cine Central de Cartagena y no su entorno, pese a que la Fiscalía ha echado en falta la tramitación de un expediente en el que emitan informes instituciones consultivas como colegios profesionales o reales academias. El citado órgano judicial ha avalado la legalidad de las resoluciones del exdirector general de Bellas Artes y Bienes Culturales de la Comunidad, Enrique Ujaldón, por las que se eleva la protección del edificio pero se descarta declararlo Bien de Interés Cultural (BIC). Sin embargo, ha detectado un procedimiento «anómalo», y ha abierto la puerta a que el caso siga en la vía contencioso-administrativa y se estudie a fondo la declaración de BIC.

El Ministerio Público considera que, pese a la existencia de dos informes opuestos de técnicos de la Dirección General de Bellas Artes (de la Consejería de Cultura), Ujaldón no dictó una resolución ilegal a sabiendas.

Por ese presunto delito de prevaricación le denunció a título particular Ponciano Roldán, un cartagenero vinculado con colectivos de defensa del patrimonio y que se presentó como candidato a la Alcaldía en las pasadas elecciones municipales por Iniciativa Ciudadana Carthaginense (ICCT). Éste argumentó que Ujaldón se había saltado la Ley 4/2007, que regula el patrimonio cultural de la Región de Murcia, al decantarse por el informe que planteaba un grado de conservación menor, que además fue realizado de forma posterior al que recomendaba la catalogación más proteccionista.

En concreto, la Comunidad recibió el 18 de marzo de 2010 el informe de un historiador del arte del Servicio de Patrimonio Histórico, que resultó favorable al BIC, pero encargó un segundo informe a un arquitecto del mismo departamento. El 5 de julio, este otro funcionario concluyó que el inmueble no reúne las características para tal grado de conservación, aunque sí para mantener su protección como Bien Catalogado por su Relevancia Cultural y elevar, en esta categoría, el nivel de protección desde el Grado 3 o protección medioambiental, al Grado 1 o protección integral. En todo caso, la fachada del Cine ya estaba protegida por el entorno BIC del Palacio de Aguirre, que incluye la Plaza de La Merced o Lago.

En la resolución por la que archiva la denuncia, la Fiscalía subraya que Ujaldón no cometió ninguna infracción penal al pedir dos informes, pero sí fue «anómalo» que solicitara uno después del otro, en lugar de los dos a la vez. Y como se da, además, la circunstancia de que los dos informes reconocen el «doble valor cultural» (histórico y arquitectónico) del edificio pero falta «unanimidad» respecto a si esa valía es «sobresaliente o notable», sigue siendo «discutido y discutible» cómo proteger el Cine Central.

Volumen y altura

La instructora de la denuncia, la fiscal jefa de Cartagena Verónica Celdrán, concluye que asociaciones, comisiones o particulares tiene derecho a ejercer sus «legítimos intereses» para que la Comunidad decida sobre el BIC tras un procedimiento administrativo con más garantías. La vía por la que los interesados deberían plantear la cuestión , apunta la fiscal, es la jurisdicción Contencioso-Administrativa.

El denunciante, Ponciano Roldán, dijo a ayer a 'La Verdad' que en los próximos días decidirá si sigue con el caso, y que tendrá un peso decisivo el apoyo que recabe de la Asociación para la Defensa del Patrimonio de Cartagena (Adepa).

Por el momento, el archivo de la denuncia en la jurisdicción penal tiene como consecuencia que no habrá restricciones añadidas a las del planeamiento especial del casco histórico (que ya de por sí rebaja volúmenes o alturas) para la urbanización en la calle Don Roque o la Plaza de Risueño.

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