El principal acusado del 'caso Limusa' cumplirá tres años y medio de cárcel

El denominado 'caso Limusa', el primer gran asunto de corrupción en la administración público que llega a juicio, se cerrará con condenas. Con cuatro condenas. Las conversaciones que el fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, ha mantenido en los últimos días con los abogados defensores de todos los imputados, han fructificado en un acuerdo, ya prácticamente cerrado, que permitirá poner fin al proceso con cuatro condenas, las de las principales acusados, pero que salvo en el caso del máximo responsable de la trama, Francisco Gil Eguino, nadie tendrá que ir a la cárcel.

Fuentes contrastadas del procedimiento han confirmado que Francisco Gil Eguino, gerente de la empresa pública de limpieza Limusa, deberá cumplir tres años y seis meses de prisión y que, además, siempre según el acuerdo cerrado entre las distintas partes del proceso, será condenado a otras dos penas de seis meses de cárcel que se sustituirán por sendas multas, así como a abonar una indemnización de unos 240.000 euros. Los otros tres condenados serán el exconcejal lorquino y exdiputado Bartolomé Soler, con una pena de un año y medio de cárcel y 30.000 euros de indemnización por un delito de falsedad documental (no prevaricación ni malversación); el también exconcejal Jesús Molina, quien también será penado con un año y medio de cárcel y el exinterventor municipal, Francisco Javier Poyato, quien recibiría una condena de un año y medio de cárcel y la obligación de pagar 15.000 euros.

En la práctica, el acuerdo significa el reconocimiento por parte de estos cuatro acusados de que incurrieron en conductas penalmente reprobables en su relación con la compañía pública de limpieza de Lorca, aunque solo el principal responsable de la firma, el exgerente Gil Eguino, acabará pisando la cárcel. El compromiso con el fiscal está supeditado, en cualquier caso, al abono de las indemnizaciones, lo que permitiría que el dinero público del que se hizo un mal uso retorne a las arcas municipales.

Un acuerdo complicado

El acuerdo satisface, así, a todas las partes. En el caso de la Fiscalía, porque consigue que el primer gran caso de corrupción que llega a juicio se cierre con varias condenas y, lo que es especialmente importante, que las cantidades supuestamente malversadas sean restituidas. Este último extremo es el que ha hecho que alcanzar el acuerdo haya sido complicado, debido a que el fiscal no estaba dispuesto a rebajar ninguna petición de pena si antes no se producía un reintegro de esos fondos públicos. Por parte de Gil Eguino se está intentando en las últimas horas conseguir ese dinero, ya que todos sus bienes están embargados y la Hacienda pública tiene preferencia frente al juzgado a la hora de cobrar. Para el resto de los acusados, Soler, Molina y Poyato, el acuerdo es también muy satisfactorio, ya que les evita pasar por el duro trance del juicio, por la incertidumbre de un siempre imprevisible desenlace y porque les otorga garantías de que no tendrán que pisar la cárcel. Además, se verán favorecidos por una presentación bastante suavizada de los hechos que se les imputan, de forma que no se considere probado que utilizaron el dinero público de Limusa para su disfrute particular (múltiples viajes, asistencia a partidos fútbol, comidas particulares...) y se apunte a que todo respondió a una falta de rigor en el control y la fiscalización de ese dinero perteneciente a las arcas de la empresa pública de limpieza. Como se ha señalado, solo en el caso de Gil Eguino, la condena llevará aparejado el ingreso en prisión, algo ineludible por la gravedad de los hechos de que venía siendo acusado y por las elevadas penas que el fiscal y la acusación particular les solicitaban (12 años de prisión, 22 de inhabilitación especial y 723.621 euros de indemnización), de forma que por mucho que se le hayan rebajado, a cambio de la restitución del dinero y de su confesión de culpabilidad, se ha quedado en una condena de tres años y medio, que está muy por encima del límite de dos años a partir del cual no se puede eludir el ingreso en prisión. Las mismas fuentes señalaron que el fiscal Juan Pablo Lozano tenía además muy claro que no iba a aceptar acuerdos particulares y que, o existía acuerdo para todos, o todos acababan en juicio.

La operación policial que dio origen al 'caso Limusa', el día 3 de marzo de 2009, causó una gran conmoción en Lorca, según describía el fiscal en su escrito de calificación. Lozano relataba infinidad de irregularidades, entre las que destacaban importantes pagos de «servicios sexuales en clubes de alterne».

El inicio de la vista oral está previsto para el día 21 de este mes, que será el momento en el que el fiscal y los abogados defensores, así como el letrado de la acusación particular, en nombre del Ayuntamiento de Lorca Mariano Bo, ratifiquen ante el tribunal de la Audiencia Provincial que se ha alcanzado un acuerdo, las penas fijadas y que no será necesario celebrar el juicio. Todo ello, claro está, si antes se han abonado las indemnizaciones fijadas.