Exculpan a un letrado 'acusado' de pasar un vídeo de un corrupto

El Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela ha archivado las diligencias contra trece de los catorce imputados en la causa abierta por un presunto caso de corrupción urbanística en el ayuntamiento alicantino de San Fulgencio , entre los que se encuentra el letrado murciano José Antonio Ramos Calabria.

Además de para este abogado, la causa ha quedado sobreseída también para la alcaldesa, Trinidad M., y cuatro concejales, que fueron defendidos todos ellos por el letrado de Colegio de Abogados de Murcia José Pardo Geijo, cuyo recurso ha sido estimado por el juez.

Los ahora exculpados fueron denunciados en octubre de 2008 por su presunta intervención en la grabación y difusión de un vídeo en el que se veía a otro concejal, Manuel B., aceptando un sobre con dinero.

El auto del juzgado alicantino ordena seguir la causa solamente contra este último edil, por un delito de cohecho, que será juzgado por un jurado popular.

El juez, al referirse a la actuación de Manuel B., reseña que «como indicios indiscutibles, de forma objetiva y apreciable por los sentidos, se encuentra el hecho de contemplar cómo toma con sus propias manos una suma de dinero que asciende a 5.000 euros, siendo edil del Ayuntamiento de San Fulgencio en el momento de producirse este acto».

Añade el instructor que los interlocutores del presunto edil corrupto fueron dos detectives privados que «conocían la cualidad de concejal de Manuel B., persona con quien previamente habían mantenido una serie de contactos en los que, actuando o haciéndose pasar por empresarios interesados en aspectos urbanísticos, le transmitieron ese interés».

«En un encuentro posterior, en Valencia, en septiembre de 2008 -sigue relatando el juez-, se produjeron los hechos recogidos en el vídeo, que, unas vez hechos públicos, propiciaron la actuación de Fiscalía y Policía, así como la incoación de las presentes diligencias».

El auto se ocupa también de la actuación del letrado José Antonio Ramos Calabria, de quien se señala que «se pone de manifiesto que podría haber tomado parte en la labor de difusión del vídeo, lo cual en modo alguno sería delito.