«Echan abajo todos nuestros derechos»

Los sindicatos lograron ayer llenar la Gran Vía de Murcia en la manifestación más multitudinaria hasta el momento en contra del 'tijeretazo' del Gobierno regional. 6.000 personas según la Policía Local, y 15.000 según los organizadores, exigieron al Ejecutivo que dé marcha atrás en los recortes a las condiciones laborales de los trabajadores públicos. Además, pidieron la dimisión de la consejera de Economía y Hacienda, Inmaculada García.

Cuando la cabecera alcanzaba Santa Isabel, la cola de la marcha abandonaba el inicio del recorrido, en la plaza Fuensanta. Maestros, médicos, auxiliares, celadores, administrativos, catedráticos. Todos con una sensación parecida, que resumía Mercedes Aparicio, enfermera en el Reina Sofía: «Hemos retrocedido al menos 15 años; los logros y derechos que habíamos alcanzado los han echado abajo».

Lucía, profesora de Educación de Adultos en Lorca, añadía: «Lo que me preocupa no es solo que me hayan quitado 75 euros del sueldo, sino el mensaje que se está lanzando. Nos están haciendo aparecer como unos vagos, y yo no me dejo a mis alumnos en clase para irme a tomar café. Nos están poniendo a la opinión pública en contra, y lo que es peor, a los padres, que vienen a decirnos que cobramos mucho. Los maestros necesitamos tener autoridad, y lo que están haciendo es desprestigiarnos».

La indignación y la rabia se desató, como en manifestaciones anteriores, cuando la marcha llegó a la altura de la vivienda del presidente Ramón Luis Valcárcel. Esta vez no hubo incidentes y solo se escucharon consignas como 'Aquí está, la cueva de Ali Babá' y 'Valcárcel dimisión'. El presidente del Ejecutivo regional fue el blanco de lemas y pancartas, como también lo fueron la consejera García o el consejero de Cultura, Pedro Alberto Cruz. Los manifestantes corearon 'Valcárcel, baja el sueldo a tu sobrino', mientras Lola Rincón, enfermera, denunciaba: «Por qué nos hacen pagar a nosotros el dinero que han malgastado. Que quiten los coches oficiales, y también la Fórmula 1 y el Manifesta».

Fernando Cárcel, celador del Reina Sofía, cobra «unos 1.000 euros al mes», y ahora verá reducido un 10% «el completo de turnicidad» que cobra por trabajar de noche. Además, recordaba, éste no es el primer recorte que sufre. En verano, los funcionarios ya padecieron una reducción de un 5% en su sueldo fruto de otro 'tijeretazo', en esta ocasión realizado por el Gobierno central.

Los interinos, preocupados

Centenares de interinos se sumaron a la marcha. Ainara Sánchez, maestra de Primaria, resumía su estado de ánimo en su pancarta: 'RIP interinos'. «No sé si el curso que viene podré trabajar, porque al ampliarse la jornada laboral es posible que me quede fuera», contaba. Pero también hay quien, después de años de esfuerzo estudiando oposiciones, ve ahora desvanecerse sus esperanzas de convertirse en interino. Es el caso de Belén, licenciada en Biología que en las últimas oposiciones sacó un 8,5, una «notaza» que ahora no le sirve para nada. «Como no tenía puntos, entré en lista a la espera de poder cubrir alguna sustitución, alguna baja, pero no hay nada». Asume que este curso ya no podrá trabajar, porque ahora 'sobrarán' incluso interinos. «Ya no sé que va a pasar, porque a saber cuándo convocan oposiciones», lamenta.

Los funcionarios de Administración general completaban la marcha. Consuelo Martínez, trabajadora en la Consejería de Obras Públicas, no ocultaba su perplejidad: «Nos aprobaron una subida del 30% para homologarnos con los empleados del Servicio Murciano de Salud y tres meses después nos quitan eso y todo lo demás. Ésta es la arbitrariedad del Gobierno regional».

Tanto ella como muchos otros volverán a salir a la calle el próximo 4 de enero, cuando hay convocada una nueva manifestación. Los sindicatos, de momento, no desvelan si habrá o no huelga. Mientras, insisten en que pedirán al Gobierno central que recurra al Constitucional la ley, porque «la Asamblea Regional ha sobrepasado sus competencias al alargar la jornada laboral» explicó Antonio Jiménez, secretario general de UGT. Daniel Bueno, de CC OO, añadió que la norma «vulnera artículos constitucionales».