La Guardia Civil busca zulos con dinero en el chalé del dueño de Trampolín Hills

La voz que Antonio Martínez escuchó ayer, muy de buena mañana, a través del interfono de su mastodóntico chalé blindado no era la del repartidor de pan. «Guardia Civil, buenos días. Traemos una orden de detención. Abra la puerta, por favor», vino a informarle el agente al mando, provocando que la sangre se le helara por un instante en las venas. El momento que tantas veces había temido el promotor de Trampolín Hills Golf Resort, que tantos desvelos le había causado desde hacía meses, había llegado al cabo. Un instante más tarde, un policía judicial le leía los derechos, le colocaba unas esposas en las muñecas y lo introducía en un coche camuflado para trasladarlo a las dependencias de la 322 Comandancia de la Guardia Civil, junto a la avenida Juan de Borbón de Murcia.

En el mismo instante, dos de sus socios, Rafael Aguilera y Silvia R.M., quienes poseen parte de las acciones en varias sociedades administradas o controladas por Antonio Martínez, eran también arrestados.

La noticia de la detención de Antonio Martínez, conocido por el sobrenombre de 'El Gitano', se propagaba a gran velocidad entre los cientos de afectados por la compra de alguna vivienda en el resort de Campos de Río, que no sólo nunca llegaron a ver construidas, sino que además no han logrado hasta el momento recuperar los miles de euros -hasta un total de 53 millones- que entregaron a cuenta. A la satisfacción de muchos de estos clientes, que han presentado varias decenas de denuncias por estafa contra Antonio Martínez y que reclamaban su detención e ingreso en prisión, se sumaba cierta sorpresa y desconcierto en ámbitos legales, que no comprendían cómo la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Mula adoptaba esa medida en estos momentos, después de dos años investigando el asunto y después de que Antonio¡ Martínez ya hubiera prestado declaración varias veces sobre la supuesta estafa.

La opinión predominante en esos primeros momentos apuntaba a que debían de haberse descubierto nuevos y trascendentes datos sobre el caso, o bien a que la detención podía haber sido ordenada por otro órgano judicial distinto -se apuntaba a la Audiencia Nacional y al asunto de los avales falsos de Albatros Invest Spa, que se entregaron a los clientes como garantía del dinero a cuenta-, aunque a medida que transcurrían las horas se conoció la razón fundamental que habría motivado los tres arrestos.

La pretensión de la juez era que agentes de la Guardia Civil, pertrechados incluso con aparatos detectores de metales, rastrearan exhaustivamente las viviendas de Antonio Martínez y de sus dos socios, y además de forma simultánea para evitar el riesgo de que trataran de eliminar pruebas o borrar rastros, en busca, principalmente, de dinero. Y es que, por la forma en que se desarrollaron ayer los hechos, la instructora y los investigadores de la Policía Judicial parecen albergar la sospecha de que parte de los 53 millones entregados por los clientes a Trampolín Hills ha podido ser desviada de su destino legal -contribuir al impulso de las obras de la urbanización- y haber servido para el enriquecimiento personal de los directivos de la sociedad promotora.

Rastreo palmo a palmo

De esta forma, hacia el mediodía, una decena de agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil, acompañados por varias dotaciones rurales, se dirigían de nuevo hacia el chalé de Antonio Martínez y en presencia de éste, de su letrado, José Antonio García, y con la secretaria judicial como garante de la actuación policial, comenzaban a registrar la vivienda palmo a palmo.

Fuentes próximas a la investigación confirmaron a 'La Verdad' que los guardias civiles realizaron un minucioso rastreo del inmueble de dos plantas: penetraron en todas las habitaciones y dependencias, inspeccionaron todos los armarios y cajones, movieron cuadros y armarios en busca de cajas fuertes o zulos que pudieran estar ocultos, buscaron sin éxito habitáculos secretos...

Después centraron su investigación en el extenso jardín que rodea la residencia de Antonio Martínez y, con ayuda de los detectores de metales, fueron peinando cada palmo de terreno hasta descartar que pudiera haber sido enterrada alguna caja fuerte conteniendo dinero o documentos comprometedores, que eran el objetivo buscado.

La diligencia de entrada y registro finalizó, en apariencia, sin grandes resultados, ya que los agentes apenas se llevaron una serie de documentos hallados en un archivador, cuya trascendencia para el asunto parecía en principio bastante reducida, según las mismas fuentes, así como algún equipo informático. De ese dinero que en apariencia iban buscando, aunque la juez no lo indicaba específicamente en el auto por el que ordenaba el registro, no se halló el menor rastro.

La instructora, si se mantiene su convencimiento de que Antonio Martínez no ha regresado a la misma situación de pobreza de la que un día surgió, y si tiene elementos para pensar que una parte de los 53 millones de euros están a buen recaudo, tendrá que seguir buscando en otros sitios más allá de la particularísima vivienda que el promotor se construyó en la carretera de Sucina.

A disposición judicial

Pasaban las tres y media de la tarde cuando Antonio Martínez, vestido con un jersey claro, su larga melena recogida en la nuca por una coleta y esposado por las muñecas, era introducido de nuevo en un vehículo camuflado de la Guardia Civil y conducido de regreso a la Comandancia. Los policías judiciales que habían llevado a efecto el registro vestían de paisano, aunque portaban chalecos con la leyenda de su unidad, y varios de ellos cubrían sus rostros con pasamontañas para prevenir el riesgo de que imágenes con sus rasgos pudieran ser publicadas por los medios de comunicación.

En los calabozos, el constructor coincidió con sus dos socios, Rafael Aguilera y Silvia R.M., que se mentalizaron para pasar la noche entre rejas. Todo apunta a que esta mañana serán puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Mula, que es el que desde hace dos años instruye diligencias por presunta estafa. Fue a mediados del 2008 cuando, tal y como desveló por entonces este periódico, clientes de Trampolín Hills presentaron las primera denuncias contra Antonio Martínez.

Los denunciantes exponían que habían adquirido alguna de las 2.750 viviendas que el promotor impulsaba en Campos del Río, que habían entregado cada uno de ellos varios miles de euros en concepto de reserva y que los meses y los años pasaban sin que se construyeran las casas. Para colmo, no podían recuperar su dinero, ya que los avales que la empresa les había entregado, de la firma Albatros Invest Spa, no tenían validez alguna.

Dos años después de aquellas primeras denuncias, son ya varias decenas -alrededor de medio centenar- las acciones penales que otros tantos compradores habrían iniciado contra el promotor. Aunque son muchos los que temen no llegar a recuperar su dinero, al menos no todo el dinero que entregaron, ayer les quedaba «la satisfacción de verlo detenido, después de tanto tiempo, aunque esto vaya a servir de bien poco si no se encuentra el dinero desaparecido», tal y como exponía uno de los afectados, Francisco Ibarra, que más activo se está mostrando.