El Tribunal Supremo pone punto final a la supuesta trama del agua

La historia reciente de la finca El Chopillo de Moratalla da para un guión de película o para una serie de televisión de buenos y malos en torno al agua. Durante once años han ido apareciendo todos los ingredientes para mantener vivo el interés: unos pozos antiquísimos de agua que pugnan con otros de la finca colindante; la presunta utilización del mayor acuífero de la cuenca para construir urbanizaciones y campos de golf en la costa; la denuncia consiguiente por explotación ilegal de pozos; el mayor incendio forestal de la Región, en el verano de 1994, que devastó la enorme finca y sobre el cual se arrojaron sospechas de haber sido intencionado para cobrar después unas ayudas de la Unión Europea; y la roturación de masa forestal para plantar nogales. En el punto de mira han estado un magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Mariano Espinosa de Rueda Jover, y sus hermanos, dueños de la finca, que han quedado libres de toda sospecha a cada golpe de sentencia.

Ahora, el Tribunal Supremo acaba de poner el punto y final a once años de batallas en los tribunales y le ha dado carpetazo a la historia de El Chopillo desestimando el último recurso de casación. Las propietarias de la finca La Architana, situada junto al Chopillo, Ecologistas en Acción y la Asociación Pro Río de Orihuela, entre otros, han ido presentando las sucesivas denuncias desde 1999 sin que ningún tribunal les haya dado la razón.

Si existe una trama negra del agua en la cuenca del Segura, ésta no es la del Chopillo, en razón del cúmulo de fallos judiciales y de la propia Comisión Europea, que no han advertido ninguna irregularidad. Los denunciantes también actuaron contra la Consejería de Agricultura, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y el Ministerio de Industria.

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que se hizo cargo de la investigación, tampoco pudo demostrar nada contra el magistrado y sus hermanos y los anteriores responsables de la Confederación, precisamente cuando estaba al rojo vivo el debate político y social sobre el Plan Hidrológico Nacional y el Trasvase del Ebro. La revista Interviú, que fue condenada tres veces por sus reportajes contra Mariano Espinosa y Juan Cánovas Cuenca, ex presidente de la CHS, se lanzó a la caza de una supuesta mafia del agua en Murcia que era irreal en este caso al no tener reflejo ni base judicial.

Paralelamente, el programa de TVE Línea 900 aireó las mismas denuncias, contribuyendo a crear un estado general de opinión en contra de los murcianos, a los que se presentó como devoradores de agua para los campos de golf y el pelotazo urbanístico. Eso hizo que el ex ministro Jaume Matas reformara el PHN para prohibir expresamente que el agua del Ebro se destinara a los campos de golf, lo cual era una obviedad porque ya estaba recogido en la Ley de Aguas.

Un largo litigio

«Se disparó contra todo», comentan en el entorno de la familia Espinosa, que creen que la vía legal ha llegado a su punto final, después de que el litigio haya recorrido todas las instancias judiciales del país desde que un juez de Caravaca fallara en 2000 que no veía ningún delito. Desde el lado de los no denunciantes se ha creído que la familia Espinosa ha sido el chivo expiatorio de una guerra que intentaba desacreditar el uso del agua en Murcia, como así lo certificó uno de los muchos jueces que se han pronunciado sobre el caso.

Cuestión de manantiales

Lo que ha hecho ahora el Tribunal Supremo ha sido rechazar el recurso de casación a una sentencia de la Audiencia Provincial. Se trata de una cuestión procesal que no entra en el fondo del asunto, que considera largamente juzgado. Lo que se dirimía era si debía aceptarse como prueba un segundo informe de un hidrogeólogo que era favorable a la familia de la finca La Architana, después de que dijera en el primero que el manantial de ésta no se veía afectado por los pozos del Chopillo.

El derecho a explotar la mayoría de los pozos de El Chopillo fue vendido por la familia Espinosa a Valenciana de Cementos, para destinar el agua a la finca de Frocap Lo Romero en San Pedro del Pinatar. La Confederación Hidrográfica del Segura redujo de cinco a uno los hectómetros cúbicos que se podían extraer anualmente.