La Unión Progresista de Fiscales pide derogar el artículo que acorta los plazos de la instrucción

El Palacio de Justicia de Murcia, en una foto de archivo./Nacho García / AGM
El Palacio de Justicia de Murcia, en una foto de archivo. / Nacho García / AGM

Los fiscales creen que «ha agravado la tramitación de las causas penales, generando espacios de impunidad absolutamente intolerables en un Estado de Derecho» por lo que suprimirlo es una «auténtica medida anticorrupción»

EFEMurcia

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) vuelve a exigir la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que acorta los plazos de la instrucción de las causas penales. Consideran que suprimirlo será una «auténtica medida anticorrupción». Esta es una de las conclusiones del 34º Congreso que la UFP celebrado este fin de semana en Zaragoza, donde manifestaron la necesidad, por «indispensable», de modificar el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal.

Respecto al artículo 324 de la LECrim, la UPF cree que «no solo no ha cumplido los objetivos deseados, sino que más bien, generando espacios de impunidad absolutamente intolerables en un Estado de Derecho». La aplicación de este artículo en asuntos relacionados con la corrupción, como los casos Acal y Pasarelas en Murcia -donde acaba de condicionar también la instrucción del de la desalinizadora de Escombreras al ser declarada por extemporánea su ampliación un año-, junto con el Nazarí y otros. Estos precedentes «permiten considerar su derogación como una auténtica medida anticorrupción», subraya esta asociación de fiscales.

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De cara al nuevo Gobierno que pueda formarse, la UPF reivindica además un sistema de justicia digital eficiente «que lejos de ser una fuente de desesperación, sea una útil herramienta de trabajo», así como un incremento de la plantilla de la Carrera Fiscal, una adecuada retribución de las guardias y la recuperación del poder adquisitivo. E insta al poder legislativo a que asuma «la ineludible tarea» de abordar los «problemas estructurales» del proceso penal español, acabe con la «obsoleta y dispar figura inquisitiva del juez de instrucción y atribuya al Ministerio Fiscal, en condiciones de efectiva autonomía, la dirección de la investigación penal».