La última batalla de las dos redes de enseñanza

La decisión del Gobierno regional de subvencionar las etapas no obligatorias de Bachillerato y FP en los colegios de titularidad privada pero financiados por la Administración desató en 2017 una oleada de protestas de la llamada Marea Verde por la enseñanza pública, y la reacción defensiva de las patronales, padres y centros concertados. Las subvenciones, que comenzaron a repartirse el curso pasado en trece colegios, reabrieron también el eterno debate ideológico, e hicieron reflotar las fricciones eternas entre las dos redes, pública y concertada, en un debate contaminado ideológica y confesionalmente que suele meter en el mismo saco a un sector heterogéneo. Las protestas de la Marea Verde ni impidieron la aprobación de la orden, respaldada ahora por el TSJ, y que permitió que las polémicas subvenciones llegaran a trece concertados el pasado curso: los colegios de La Merced-Fuensanta, La Inmaculada, Jesús María, San José y Monteagudo-Nelva (Murcia); San Vicente de Paúl, Santa Joaquina de Vedruna, Sagrada Familia, Santa María de la Paz, Narval e Hispania (Cartagena); Salzillo (Molina de Segura) y Las Claras del Mar Menor (Los Alcázares).

El acuerdo contemplaba la implantación progresiva de los conciertos, y este curso 2019-2020 que ahora empieza serán otras 22 unidades de ocho colegios las que reciban subvenciones. Así, las familias de esos alumnos, que hasta ahora pagaban en esos dos cursos por no ser enseñanza obligatoria, dejarán de abonar las mensualidades. Los requisitos acordados entre la patronal del sector, los sindicatos y la Administración regional beneficiaron a los colegios más grandes y consolidados. La orden establece que, para recibir la financiación, los centros deben disponer de un mínimo de tres aulas de cuarto de Secundaria ya en marcha y todas las etapas (desde Infantil a Bachillerato) en funcionamiento y con conciertos en vigor. En la práctica, las condiciones marcadas benefician a los colegios consolidados y con cierta antigüedad, ya que deben tener todas las etapas en marcha y un número elevado de alumnos, un perfil que se corresponde con los religiosos de más tradición y demanda en la Región.

La defensa de los conciertos y de la llamada «libertad de elección de centro» ha sido contundente y férrea por parte del Gobierno regional. Tanto el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras; como la exconsejera de Educación, Adela Martínez-Cachá han respaldado con firmeza las subvenciones a los centros privados, y se han comprometido con su continuidad en varias ocasiones.