Transportes reclama al Gobierno que retire la norma de los vehículos VTC

El Gobierno regional exigió ayer al Estado que retire la nueva regulación de los vehículos de transporte con conductor (VTC), que se ha tramitado de «urgencia y de espaldas a las administraciones públicas». Una norma, remarcó, con la que se ha trasladado la «patata caliente» a las comunidades autónomas.

El director general de Transportes, Costas y Puertos, José Ramón Díez de Revenga, participó ayer en la reunión de la comisión de directores generales de Transporte del Estado y de las comunidades. Un encuentro en el que el Ministerio de Fomento informó del nuevo real decreto ley aprobado el pasado viernes en Consejo de Ministros.

La nueva regulación, acordada por el Gobierno central y que será debatida en el Congreso de los Diputados, obliga a las comunidades y ayuntamientos a regular las licencias de VTC en ámbito urbano, incluidos horarios y tarifas, según recordaron fuentes del Ejecutivo regional.

El director general criticó que el procedimiento aplicado por el Gobierno es «irregular porque se ha hecho por la vía de urgencia mediante un real decreto ley y en cambio incluye una moratoria de cuatro años para su aplicación», y remarcó que «esto no tiene ningún sentido».

Díez de Revenga destacó que el texto normativo «transfiere un problema entre el taxi y los vehículos VTC a las comunidades autónomas, que creó el Estado sin las soluciones necesarias ni la dotación económica que requiere solucionarlo». El Ministerio, subrayó, «llega tarde y mal».

El director general aseguró que el Estado convocó la reunión «ante el clamor de las autonomías, que no han conocido la normativa y su impacto hasta verla publicada en el Boletín Oficial de Estado».

Mostró, además, su malestar ante una regulación «de espaldas a sus protagonistas», por lo que se mostró esperanzado en que no pase el examen del Congreso, y solicitó una solución de Estado al actual conflicto entre el taxi y los vehículos VTC. «Por responsabilidad tienen que actuar con celeridad y resolver esta cuestión, y no dar patadas para delante con una moratoria de cuatro años porque hay muchos empleos que dependen de este sector», concluyó.