Transportes dice que conoció el fraude por la Policía y un informe lo desmiente

La fuente mencionada admitió que el Servicio de Inspección detectó, en alguna ocasión, irregularidades por parte de las academias que impartían los cursos de formación a transportistas, lo que ha motivado la apertura de expedientes sancionadores, pero insistió en que, «en ningún momento, en el seno de esas investigaciones o procedimientos, se ha detectado que existieran personas pertenecientes a la Consejería que pudiesen estar relacionadas con una posible trama o que pudiesen estar cometiendo irregularidades en la inspección o en las expediciones de títulos».

Pese a la contundencia de esta declaración, un documento de la propia Consejería, que está incluido en las diligencias judiciales sobre esta red de supuesta corrupción, desmiente por completo la versión oficial. Casi año y medio antes de que la Policía Nacional irrumpiera en las dependencias de la Dirección General de Transportes, en concreto, el 8 de agosto de 2015, un informe interno alertó de que se había descubierto que un curso del CAP no se había realizado y que el jefe de sección responsable de esa materia, pese a haber sido advertido de tan «grave irregularidad», había «procedido a validar el mencionado curso y a entregar las tarjetas, desconociendo las razones que han dado origen a esta decisión administrativa».

Pese a la existencia de tal informe, dirigido a la jefa del Servicio de Inspección, no consta que se adoptara medida preventiva alguna contra ese empleado público, que, de hecho, siguió en su puesto hasta el momento de su detención. La Consejería tampoco alertó del asunto a la autoridad judicial.

Ayer, el mencionado portavoz de la Administración regional explicó que si, a día de hoy, aún no se actuado para anular los títulos otorgados de forma supuestamente irregular, se debe a que el asunto sigue bajo secreto de sumario. Cuestión, por otro lado, también errónea, pues el juez levantó el secreto meses atrás.