Transparencia evalúa por primera vez a partidos políticos, sindicatos y patronal
El Consejo que preside el magistrado Pérez-Templado convoca a casi 500 entidades para que rindan cuentas sobre sus obligaciones en materia de publicidad activa
El Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia se enfrenta en las próximas semanas a uno de sus principales retos en los ... casi siete años de existencia: la evaluación de unas 500 entidades, tanto públicas como privadas, en función de las obligaciones que marca para cada una de ellas la ley de Transparencia y Participación Ciudadana de la Región de Murcia.
Una de las principales novedades es que, por primera vez, los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales deberán someterse al examen del Consejo de la Transparencia, así como las empresas y entidades que reciban subvenciones públicas a partir de una determinada cantidad.
El Boletín Oficial de la Región de Murcia del pasado 28 de abril publicó la resolución del presidente del Consejo de la Transparencia de la Región, el magistrado Julián Pérez-Templado, por la que se aprueba la convocatoria para informar sobre el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa de los entes sujetos a la citada ley.
Los implicados tienen de plazo hasta el 1 de junio para informar sobre el grado de cumplimiento de la ley
La resolución precisa que «el Consejo de Transparencia de la Región de Murcia tiene entre sus funciones la de evaluar el grado de aplicación y cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia por parte de las entidades e instituciones sujetas a ellas, pudiendo formular recomendaciones para el mejor cumplimiento de tales obligaciones».
Plan de trabajo
Para llevar a cabo estas funciones, el Pleno del Consejo de la Transparencia aprobó el pasado 7 de abril el plan de evaluación del cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia para este año, en el que se incluye el examen de todos los organismos o entes comprendidos en los artículos 5 y 6.1 de la ley, lo que suman unas 500 entidades, tanto públicas como privadas, en total.
En concreto, las entidades sujetas a la ley de Transparencia son la Comunidad Autónoma y todos sus organismos dependientes, los 45 ayuntamientos y sus órganos dependientes, las ocho mancomunidades de municipios, las dos universidades públicas, las corporaciones de derecho público, cámaras de comercio, federaciones deportivas y academias y los consejos regionales. También están sujetos a la ley, aunque en menor medida, pues no tienen obligación de responder a las solicitudes de derecho de acceso que les presente la ciudadanía, por un lado, los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales que actúen en el ámbito territorial de la Región y, por otro, las entidades privadas que perciban, durante el periodo de un año, ayudas o subvenciones públicas en cuantía superior a 100.000 euros, o cuando al menos el 40% de sus ingresos anuales sean ayudas públicas, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros.
El Consejo de la Transparencia ha comenzado a remitir a todas estas entidades una comunicación en la que les informa que tienen de plazo hasta el 1 de junio para cumplir con la evaluación.
Solo un 17% de los entes requeridos se sometieron al primer examen
A tenor de la escasa respuesta de los organismos públicos al examen del pasado año, cabría esperar unas pesimistas expectativas del Consejo de la Transparencia de la Región hacia este nuevo capítulo de su labor supervisora. Sin embargo, el presidente del órgano, Julián Pérez-Templado, precisó a LA VERDAD que la mayoría de las entidades a las que ya se había informado de la evaluación habían respondido satisfactoriamente.
El examen se trata de una autoevaluación a través de una plataforma desarrollada por el propio Consejo de la Transparencia, en la que las entidades deben responder preguntas y solicitudes de información sobre la publicidad activa que ofrecen a los ciudadanos y si cumplen el derecho de acceso a la información. Los resultados son después revisados por el Consejo.
El pasado año, fueron requeridos un total de 271 entes para realizar la autoevaluación, entre ellos la Comunidad Autónoma y todos los organismos dependientes de ella, los 45 ayuntamientos, las universidades públicas y cámaras de comercio, entre otros. Solo 47, es decir, el 17,34% de los convocados, respondieron, algo ante lo que el Consejo no puede hacer nada, ya que la evaluación es voluntaria.
«La principal conclusión que podemos alcanzar de esta evaluación –indicaba Pérez-Templado en la publicación que hizo el Consejo con los resultados– es que las entidades públicas aún no dan al derecho de acceso a la información pública la relevancia que el ordenamiento jurídico le otorga. Los ciudadanos no disponen en los portales de toda la información que debieran. No siempre está bien estructurada la información que contienen. Con frecuencia no es reutilizable y, a menudo, ni siquiera especifica la fecha en la que se alojó. Y, en fin, cerca del 25% de las solicitudes presentadas a las entidades, pidiendo acceso a información, ni siquiera fueron resueltas».
Un 5,67 fue la nota media de las 47 entidades que se autoevaluaron. La Comunidad logró la puntuación más alta, con un 9,74, seguida del Ayuntamiento de Águilas (9,55).
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