Una trampa de agua a las puertas de la Región de Murcia

El Mediterráneo se convierte cada año en una enorme trampa acuática que engulle las vidas de cientos de hombres, mujeres y niños en el intento de llegar desde África a las costas españolas. Viajan a bordo de precarias pateras, donde asumen el riesgo de naufragar, o de lanchas rápidas de las mafias que los arrojan al agua sin preocuparse de si saben nadar. Solo el pasado año, 434 personas murieron o desaparecieron en la conocida como ruta argelina del Mediterráneo occidental, que tiene como destino la Región de Murcia, el litoral de las provincias de Almería y Alicante y las Islas Baleares. Esta se ha consolidado ya como la principal vía marítima de entrada de migrantes en España por el Mediterráneo, y también como la más mortífera para las personas que huyen de la pobreza y de situaciones extremas en países como Argelia, Malí, Nigeria o Guinea.

Así lo atestiguan los datos recogidos en el informe 'Monitoreo del derecho a la vida', publicado recientemente por la ONG Caminando Fronteras. La cifra concuerda con las registradas por otras organizaciones dedicadas a la difícil tarea de cuantificar una oleada de muertes casi invisible. El Proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) sitúa la cuenta para el mismo año en 457 personas. Y suma otras 5 desapariciones en los primeros días de enero de este año. Otra ONG, el Centro Internacional para la Identificación de Migrantes Desaparecidos (Cipimd), contabilizó 452 casos en el mismo trayecto.

También Cruz Roja extendió a esta ruta hace dos años un programa que inició en Canarias para seguir el rastro de los nombres que, aunque las familias nunca dejan de pronunciar, se quedan sin cuerpo. «Las muertes y desapariciones se han incrementado en esta ruta en los últimos años debido a la situación en los países de origen, donde no tienen recursos para poder subsistir, por lo que acaban decidiendo arriesgar sus vidas», señala Elizabeth Gutiérrez, responsable del proyecto de Personas Migrantes Desaparecidas de la organización humanitaria en la Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Baleares, una entidad que, además, interviene en la atención inmediata a los inmigrantes que llegan a nuestras costas.

El pasado año llegaron a las costas de la Región de Murcia 250 pateras, y 2.675 personas fueron atendidas por Cruz Roja. Una cifra en línea con lo sucedido también el año anterior, cuando se registraron 254 embarcaciones. La llegada presenta grandes oscilaciones. A veces es un goteo; otras, una avalancha. Entre el 11 y el 12 de octubre, por ejemplo, se contabilizaron 19 embarcaciones con 229 personas a bordo.

De los viajes que salen mal se sabe menos. A veces solo llegan del drama los ecos, como ocurrió poco más de un mes después en la playa del Hornillo de Águilas, donde dos cuerpos de inmigrantes aparecieron flotando en el agua. El informe de Caminando Fronteras documentó el pasado año 34 naufragios con víctimas mortales en la ruta argelina. Muchas de ellas «no son nunca ni localizadas ni identificadas», lamenta Gutiérrez.

Lucas Vaquero, portavoz de Caminando Fronteras, advierte del «incremento sostenido de las tragedias y las muertes» que se ha dado en los últimos años en este recorrido, y en la ONG tienen la sensación de que «va a ir a más». En la Región no ha habido que esperar mucho para comprobar que el drama puede llegar en cualquier momento. El pasado domingo 14 de enero una patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil llegó justo a tiempo en Águilas para salvar la vida a 16 inmigrantes procedentes de Argelia, cuya embarcación se encontraban a punto de hundirse, gracias a un aviso del Sistema Integral de Vigilancia Exterior (Sive), que detectó la presencia de la patera.

Al llegar, los agentes encontraron que la embarcación, hecha de fibra de vidrio, tenía una vía de agua que los tripulantes trataban de achicar sin éxito con cubos, según relataron fuentes de la Guardia Civil. Habían pasado las cinco de la madrugada, hacía frío, viento y las olas de cerca de un metro de altura complicaban los intentos de desalojar el agua del interior de la embarcación, que se fue al fondo del mar cuando el último ocupante se puso en pie para ser rescatado por la Guardia Civil. Esta vez ningún cuerpo dentro.

Los rescatados en Águilas llegaron a tierra con signos de agotamiento extremo, hipotermia y entumecimiento muscular por el largo periodo que pasaron en contacto con el agua, consecuencias habituales.

El médico Francisco Martínez García, que lleva 12 años colaborando con Cruz Roja, y que atiende a los recién llegados a las costas de la Región conoce bien los daños que pueden causar estos viajes. A los ya nombrados, suma «quemaduras, síncopes, fiebres y otras situaciones que no tienen que ver con las patologías físicas, como el miedo o los ataques de ansiedad». Su ya dilatada experiencia en la atención de emergencia a inmigrantes no evita que siga sintiéndose sobrepasado por algunas de las situaciones que llegan procedentes del mar, sobre todo aquellas que tienen que ver con niños. «Que llegue un menor que viaja solo, sin sus padres, sin familiares, totalmente desorientado y sin nadie conocido, es algo que te causa un gran impacto», reconoce. «También cuando ves mujeres que llegan con embarazos de siete u ocho meses, que tocan tierra en muy mal estado», destaca el facultativo. No son los casos más habituales, pero hay varios cientos en las costas del país cada año. Del total de muertes en las rutas migratorias entre África y España en 2023, 384 eran menores de edad; y 363, mujeres.

«Si hay muchas muertes, muchas desapariciones, es porque son embarcaciones muy precarias», explica Ángeles Colsa, fundadora de la ONG Cipimd. «La inmensa mayoría son de fibra, de entre 5 y 8 metros de eslora, y tienen motores de 40 a 85 caballos». Por eso, buscan los trayectos más cortos. «Las que van para Almería suelen salir desde Orán –apunta–; las que van hacia la costa de la Región de Murcia parten de Mostaganem».

El peligro empieza, a veces, antes incluso de llegar a pisar el puerto. Muchos inmigrantes procedentes de países subsaharianos realizan largos y penosos viajes para poder jugarse su suerte en el mar. Elizabeth Gutiérrez recuerda el caso reciente de un maliense que logró cruzar el Mediterráneo desde Argelia y que desembarcó en Baleares. «A través de Cruz Roja nos pusimos en contacto con su familia para informarle de que estaba bien, y nos enteramos de que el chico había emprendido el camino, andando, hacía dos años. Dos años. Es difícil imaginar todas las penurias que tuvo que pasar».

Por eso ya no hay vuelta atrás el día de la salida, cuando algunos ven torcerse el viaje por la falta de escrúpulos de quien les vende un billete de ida a Europa o a la nada por cantidades siempre sujetas a negociación. Hay quien paga 2.000 euros. Otros, hasta 11.000. «La mayoría se sienten engañados –detalla la responsable del proyecto de desaparecidos de Cruz Roja en la Región–. Encuentran que la embarcación no es la que les habían prometido: que es muy débil o que el motor es demasiado pequeño». Eso sumado a otros condicionantes, como una meteorología adversa o una corriente marina, puede hacer «que esa patera se desoriente en un momento dado y las personas nunca lleguen a su destino».

El informe de Caminando Fronteras concluye que el mes más trágico en la ruta argelina fue noviembre, que se cobró la vida de 147 personas, seguido de los meses de verano, con 66 muertos o desaparecidos en agosto, 38 en julio y 37 en septiembre.

Pero la situación más dramática, con mucha diferencia, se vive en el Atlántico, una gigantesca morgue para miles de personas que intentan llegar a Canarias a través del más peligroso de todos los caminos.

Del total de 6.618 personas que murieron o desaparecieron intentando alcanzar las costas españolas en 2023, más de 6.000 ocurrieron en la ruta canaria, según el documento de la ONG, que destaca que el pasado año fue el más letal desde que tiene registros, con 18 fallecidos al día.

Birama Korera, un migrante de Malí de 30 años que hoy da los primeros pasos hacia su nueva vida en la Región de Murcia, sabe que ha estado muy cerca de ser uno de esos nombres que las familias buscan sin éxito en los bancos de ADN. Hace poco más de un mes, cuando viajaba a bordo de un cayuco junto a otras 73 personas, creyó que todo había acabado. Había salido de Mauritania con destino al archipiélago canario, y todos sabían que el viaje debía durar tres días, pero ya llevaban cuatro. Agotado y sin poder dejar de vomitar, tomó conciencia de que algo no había ido bien. Seguían sin ver tierra y eso, a esas alturas, solo podía significar una cosa: «Nos habíamos perdido. Todos pensamos que nos íbamos a morir, directamente», rememora con angustia. En aquel momento, sin comida, sin agua y sin ningún teléfono móvil con batería con el que poder orientarse, nada hacía pensar en un final diferente, pero unos pescadores de El Hierro con los que se cruzaron en altamar les indicaron que se habían pasado las islas y la dirección que debían tomar para regresar.

Su larga travesía para huir de la pobreza de su país le ha acabado trayendo a la Región por otra de las vías de entrada que despuntaron en 2023: la aérea. Birama aterrizó en Madrid el 9 de enero, en uno de los traslados a la Península realizados por el Ministerio ante la incapacidad de las islas de absorber el alud de personas llegadas a sus costas. Al día siguiente, llegó a Murcia, donde fue acogido en un dispositivo de emergencia dentro del programa de ayuda humanitaria de Cruz Roja, que trata de facilitarle los trámites para solicitar la protección internacional.

El viaje de Birama, como el de tantos subsaharianos, comienza muchos años antes de tirarse al mar y, al igual que la mayor parte de las partidas migratorias, arranca por un estómago vacío. «Iba a la escuela, pero al llegar a casa no tenía comida, y es difícil seguir estudiando cuando no puedes comer», asegura. Por eso se marchó, primero, a la frontera con Mauritania, donde trabajó como pastor de cabras y vacas durante dos años; después, en el año 2012, se trasladó a la capital con un visado de trabajo. Allí estuvo hasta hace solo unos meses. Trabajaba para una agencia inmobiliaria, pero contar con un buen trabajo seguía sin ser suficiente para una vida digna.

Cuando su visado expiró, Birama se quedó en el país en condición de inmigrante ilegal, temeroso de la Policía y cada vez más afectado por un trato que califica de racista por parte de los ciudadanos de origen árabe del país. «Los negros allí no tienen las mismas oportunidades», asegura. Fue precisamente ese racismo el que le convenció de que tampoco Mauritania sería el lugar donde podría vivir tranquilo. El desencadenante fue el asesinato de un amigo a manos de mauritanos.

Habían acudido a jugar un partido de fútbol amistoso con algunos locales cuando una discusión deportiva acabó de la peor manera. «Le dijeron a mi amigo que él no podía hablar, que era un esclavo. Pero él no se quedó callado. Le amenazaron de muerte, y esa misma noche lo buscaron y le clavaron un cuchillo», recuerda. Los días que siguieron le generaron tanto estrés y tantos problemas que acabó perdiendo el trabajo. Tenía que seguir buscando. Si en Malí le esperaba el hambre, en Mauritania solo le aguardaba la muerte: «Yo era el siguiente –dice con firmeza–. Por eso me fui a la playa y empecé a reflexionar sobre qué podía hacer».

Allí conoció a un grupo de gente que se estaba organizando para salir hacia Canarias. Llevaba todos sus ahorros consigo. «Les mostré lo que tenía y hablamos con un hombre en el puerto que nos dio la embarcación».

Muchos de los inmigrantes acuden a mafias que organizan el viaje con un paterista que se hace responsable del manejo de la embarcación. El perfil de esos patrones ha ido cambiando y ahora «son, muchas veces, menores de edad, ya que las mafias saben que no pueden ser llevados a prisión», subraya Elizabeth Gutiérrez.

No fue el caso de Birama. Todos en su cayuco cogieron el timón por turnos. En los viajes desde Argelia, ahora se han impuesto también los trayectos en narcolancha, pero eso no los hace más seguros. «A veces, al llegar, los tiran por la borda a punta de pistola. Aunque saben que mucha gente no sabe nadar», denuncia Colsa.

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