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El Ayuntamiento de Totana tendrá que pagar 6,7 millones por rescindir el contrato del agua

El TSJ eleva la cantidad fijada en su día por el juez que vio la demanda de Socamex y Urbaser por la liquidación del servicio

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Viernes, 1 de marzo 2019, 03:13

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El Ayuntamiento de Totana tendrá que pagar a Socamex SA y Urbaser SA, las antiguas empresas prestadoras del servicio público de abastecimiento de agua potable y alcantarillado, la cifra de 6.759.360 euros. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región fija esa cantidad en una sentencia reciente que viene a reformar la dictada en su día por un juzgado de lo Contencioso que vio la demanda de sendas empresas concesionarias y que estimó en 5,9 millones el coste para el Consistorio por la liquidación del contrato.

El origen de esta batalla legal se remonta a julio de 2012, cuando el gobierno del PP decidió rescindir el contrato. Las prestadoras del servicio reclamaron entonces una cuantía millonaria al Ayuntamiento en concepto de liquidación y finalmente ambas partes acabaron en los juzgados. El Consistorio expuso entonces, en su favor, que había tenido que hacer frente, con fondos públicos, a diversas facturas de la Mancomunidad de Canales del Taibilla no abonadas por las concesionarias, por más de un millón de euros. Además, el gobierno local insistió en que había atendido recibos pendientes por 2,2 millones.

En esa primera instancia, el juez de lo Contencioso estableció que el municipio debía abonar la cantidad de 5,9 millones a Urbaser y Socamex, pero estas recurrieron el fallo ante el TSJ para tratar de que se incrementara la cuantía.

Finalmente, la sentencia del alto tribunal de la Región, a la que ha tenido acceso 'La Verdad', falla que «el importe total de la liquidación con saldo a favor de Socamex SA y Urbaser SA es de 6.759.360 euros, y no la cantidad de 5,9 millones de euros reconocida en la setencia apelada». A esta conclusión llega después de analizar las partidas que había favorables y contrarias al Ayuntamiento, como una «partida por el canon de mejora, que asciende a 52.256 euros en favor del Consistorio», así como otra -esta en su perjuicio- por recibos pendientes de cobro, que justificaba que se debiera a la concesionaria la cantidad de 528.261 euros. Sumando unas y restando otras es como se ha llegado a la cifra final de algo más de 6,7 millones.

El alcalde, el socialista Andrés García Cánovas, explicó ayer que «esto es un varapalo bastante gordo para el Ayuntamiento, teniendo en cuenta la situación que atravesamos en estos momentos. La sentencia es recurrible ante el Supremo y los servicios jurídicos están estudiando la situación».

Desde Ganar Totana lamentaron, asimismo, esta situación. «El Ayuntamiento recibe una nueva sentencia que le condena por dos nefastas gestiones del PP en 2009 y 2012», explicó su portavoz, Juan José Cánovas. Criticó que «esto viene a corroborar la irresponsabilidad manifiesta que ya en su día se denunció por parte de este grupo cuando en el año 2009 se aprobó la ampliación de contrato del servicio de aguas con el voto de los trece concejales populares, entre los que se encontraban Isabel María Sánchez y el actual candidato a la alcaldía, Juan Pagán».

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