Totana y Aledo trasladan a la Fiscalía «el perjuicio» de la línea de alta tensión

Un paso más en la estrategia de rechazo a la línea de alta tensión por Sierra Espuña. Los alcaldes de Totana y Aledo, Juan José Cánovas y Juan José Andreo, respectivamente, se reúnen hoy con el Fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo en la Región, José Luis Díaz Manzanera, con el fin de trasladarle el malestar y la preocupación ciudadana que existe en ambos municipios por esta infraestructura. Denuncian «el perjuicio» de la misma y «la indefensión» que sufren los propietarios de los terrenos por donde está previsto que pase el trazado.

Y es que advierten de que en base «a la deficiente tramitación del expediente», en el que consta un fraccionamiento por partes del proyecto, que ha impedido a los afectados poder intervenir desde el inicio de las actuaciones, entienden que no cabe otra decisión que proceder a la anulación de toda la tramitación administrativa del mismo.

Igualmente, informarán al responsable medioambiental del Ministerio Público sobre su petición para retrotraer el proyecto a su origen, de manera que sea posible evaluar el impacto total de la actuación completa en lo referido a la planta, subestación y línea desde el comienzo, y siempre teniendo en cuenta a los todos los vecinos afectados.

Se trata de una infraestructura de 400.000 voltios y 38 kilómetros de longitud, concebida para trasladar la producción eléctrica desde la futura planta fotovoltaica de Zarcilla de Ramos, en Lorca, con destino a la subestación ubicada en el polígono industrial El Saladar. Esta nueva línea eléctrica aérea atravesará espacios de gran protección ambiental y enorme valor en el patrimonio arqueológico, como el Cabezo Gordo en el término totanero, además de otros lugares de interés cultural y paisajístico, como el yacimiento de La Bastida en la misma localidad y el Estrecho de la Arboleja en Aledo.

Del mismo modo, al área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno se le reclama la modificación del trazado y que no se declare la utilidad pública del proyecto, «por el daño que ocasiona», no solo a los afectados directos de la expropiación, sino también por «el perjuicio económico y el daño medioambiental para el futuro de los pueblos de Totana y Aledo». Un hecho que llegan a calificar de «irreparable».

El regidor totanero así se lo transmitió directamente al delegado del Gobierno en Murcia, Antonio Sánchez-Solís, en un encuentro celebrado el lunes de la pasada semana, donde le solicitaba la paralización inmediata del proyecto, tal como informó 'La Verdad' al día siguiente. Desde el Gobierno local de Totana se ha hecho bandera política con este asunto, en defensa de los ciudadanos. Así, se debatirá la situación existente en el próximo Pleno ordinario de este mes, tras una propuesta presentada por el Grupo Municipal Socialista.

En concreto, el propio Ejecutivo local ha impulsado con los afectados la creación de una plataforma ciudadana, con vecinos de los dos municipios que están afectados, para realizar una defensa conjunta. Y ya se han celebrado varias asambleas informativas, en el centro sociocultural La Cárcel, para ir dando pasos reivindicativos, como ha sido la coordinación de una campaña de recogida de firmas y la tramitación de las alegaciones.

Asamblea de la plataforma

Anoche se volvieron a citar los miembros de la plataforma, en una nueva asamblea informativa, en este caso en Aledo, para seguir coordinando las acciones en la presentación de las alegaciones individuales. Y para ello son asesorados por los mismos ayuntamientos.

Por otra parte, el Consistorio totanero ha colocado una pancarta de grandes dimensiones en el balcón de la fachada principal del edificio municipal en contra del proyecto. El lema es 'No, al trazado de la línea de Alta Tensión', y permanecerá expuesta en señal de solidaridad con los más de 150 vecinos afectados y para dejar claro que están en contra de la ejecución de dicho proyecto.

Por otra parte, a través de las concejalías de Turismo y Medio Ambiente, se inició la semana pasada una campaña en las redes sociales para concienciar a los ciudadanos en general sobre los perjuicios que conlleva en ambos ámbitos la ejecución de esta infraestructura.