El 'tasazo' del Trasvase ha costado ya 25 millones a los regantes y a la población

Embalse de Buendía, en la provincia de Cuenca, de donde parte el acueducto. / V. Vicéns / AGM
Embalse de Buendía, en la provincia de Cuenca, de donde parte el acueducto. / V. Vicéns / AGM

El Scrats lamenta que no tengan el apoyo de los ayuntamientos y de la Mancomunidad para pagar por lo realmente consumido

Manuel Buitrago
MANUEL BUITRAGO

Tres céntimos por cada metro cúbico de agua del Tajo parece una cantidad insignificante, pero no lo es tanto para el bolsillo de los regantes y de los habitantes de la cuenca de Segura cuando este precio se aplica sobre 600 millones de metros cúbicos anuales. Esos tres céntimos corresponden al 'tasazo' que denuncia el Sindicato de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), como consecuencia de la nueva tarifa que aprobó el anterior Gobierno del Partido Popular. Esa factura ha costado hasta ahora 25 millones de euros a los usuarios del Levante, que deben pagar por el agua del Tajo aunque no la reciban, como sucedió durante los once meses en los que el Trasvase estuvo cerrado.

El Tribunal Supremo tendrá la última palabra sobre la tarifa del agua del Trasvase Tajo-Segura que reclaman el Ministerio para la Transición Ecológica y la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS). Las espadas siguen en alto y el Scrats no está dispuesto a pagar por un agua que no recibe, como advierte su presidente, Lucas Jiménez, y menos la parte de la tarifa destinada a indemnizar a las comunidades autónomas de las cuencas cedentes (Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura). El 'tasazo', como denuncian, es «un impuesto revolucionario» que aprobó el anterior Gobierno del PP con fines recaudatorios, y se hace más cuesta arriba conforme pasa el tiempo. La Administración no recibe el dinero debido al recurso contencioso administrativo, pero eso no quiere decir que los usuarios no estén afrontando esta carga: el Scrats está avalando esa tarifa ante el Tribunal Económico Administrativo del Ministerio de Hacienda, a la espera de que haya un pronunciamiento por parte del Tribunal Supremo, asumiendo unos intereses del 15%.

Lucas Jiménez señala que los regantes «siempre se han sentido solos» cuando han tenido que pelear las tarifas del Trasvase por aquellos aumentos de precio en los que estaban en desacuerdo. Cuando han ganado, rebajando la tarifa, los abastecimientos se han beneficiado al igual que los regadíos, pero los ayuntamientos de la Región de Murcia y de la provincia de Alicante, así como la Mancomunidad de Canales del Taibilla nunca han litigado contra el Ministerio. Esta última por razones obvias, ya que se trata de un organismo ministerial. La situación se repite ahora. Aunque la Mancomunidad juega con la ventaja de las exenciones aplicadas al amparo del decreto de sequía, al final la población terminará pagando también el 'tasazo', advierte Jiménez.

Los agricultores avalan las facturas ante el Tribunal Económico Administrativo, a la espera de que se pronuncie el Supremo

Denuncian que se trata de «un impuesto revolucionario» que impuso el anterior Gobierno del PP

La tarifa del Trasvase siempre ha sido complicada, al basarse en tres conceptos: amortización de la obra y costes fijos y variables. Antes se sumaban y salía un precio único, en función del volumen de agua trasvasada. Pero ahora se quiere cobrar una factura trinómica donde se trocean los tres apartados, y en dos de ellos (gastos fijos y amortización) se aplican sobre la totalidad del caudal asignado por la ley (421 hectómetros anuales en origen para los regadíos), no sobre lo realmente desembalsado. Ambos conceptos se traducen en tres céntimos el metro cúbico. Los costes variables -el consumo de energía para transportar el agua- equivalen a 8,7 céntimos por metro cúbico. Este último se aplica a lo realmente consumido y no está en discusión.

Los actuales responsables del Ministerio para la Transición Ecológica se han encontrado con una situación heredada y esperan a que se pronuncie el Tribunal Supremo. Los responsable de la Confederación Hidrográfica del Segura sostienen que los regantes deben abonar la tarifa, y no han ocultado que parte del presupuesto de este organismo depende de lo que se recauda por el acueducto Tajo-Segura.

«Desventaja e injusticia»

Lucas Jiménez abunda en se quiere cobrar por el agua pese a que no existe una disponibilidad real del recurso, como marca la ley del Trasvase. Con esta nueva tarifa solo ve un escenario de «desventaja e injusticia» para los agricultores y la población del Levante, como se demostró durante los once meses en los que estuvo cerrado el acueducto y en los que el Ministerio facturó por una parte de la tarifa como si estuviera llegando el agua y consumiendo la dotación completa. Teme que se vuelva a repetirse la situación si se producen nuevos 'trasvases cero', o si se aplica un criterio restrictivo para los desembalses en el Nivel 3, que quedan a criterio del Ministerio. Lo que peor llevan, dice, es tener que seguir indemnizando a los gobiernos de Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura aún cuando no llegue ni una gota de agua.

 

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