La superación de un plazo legal deja en el aire la investigación de la desaladora

La investigación que impulsa el Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia sobre presuntas irregularidades cometidas desde la Administración regional en la proyección, construcción y adquisición de la planta desalinizadora de Escombreras, con un posible perjuicio para las arcas públicas que en el peor de los casos podría ascender hasta los 600 millones de euros, recibió este jueves un duro golpe con el auto dictado por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, que anula la declaración de complejidad de la causa decretada el pasado octubre. En concreto, el tribunal establece que en el momento en que la magistrada María del Mar Azuar adoptó esa decisión, lo que le permitía prorrogar por dieciocho meses los plazos para investigar, ya se había superado el tope máximo de que disponía para tomar esa medida, que queda anulada ahora por completo.

El ítem cronológico de este asunto, que explica el sentido de la resolución dictada por la Audiencia Provincial, es el que sigue. Las diligencias del 'caso La Sal' se incoaron oficialmente el 28 de abril de 2016, pero inmediatamente se ordenó que la investigación quedara bajo secreto de sumario, por lo que en esos momentos no corría plazo alguno. La cuenta atrás comenzó a contar cuando se levantó formalmente el secreto, el 7 de marzo de 2018, por lo que la juez Azuar contaba a partir de ese instante con un plazo máximo de seis meses para acabar la investigación (hasta el 7 de septiembre) o, en su defecto, para declarar la complejidad de la causa y dilatar la instrucción por un periodo de 18 meses.

Pese a que la Fiscalía pidió en mayo de 2018 que se adoptaran tales medidas (declaración de complejidad y consiguiente prórroga de 18 meses), no fue hasta octubre cuando la magistrada resolvió esa petición, en un momento en que ya se había superado en un mes y cuatro días el plazo legal máximo para tomar esa decisión.

Curiosamente, en aquellos momentos el criterio de la Audiencia Provincial avalaba esa forma de actuar de la magistrada. Y es que por un acuerdo jurisdiccional adoptado por todos los magistrados de ese órgano en julio de 2017, se había dejado constancia de que no existía razón para anular la declaración de complejidad aunque se hubiera dictado fuera de plazo, siempre que la Fiscalía o alguna de las partes del proceso lo hubiera pedido antes de que se agotaran los seis meses de tope.

Lo que venía a decir la Audiencia, en resumen, era que el juez podía retrasarse a la hora de dictar el auto prorrogando la investigación, que ello no era motivo suficiente para revocar su decisión.

Ese criterio que resultaba favorable para la magistrada del 'caso La Sal' ha cambiado, sin embargo, de forma drástica en los últimos tiempos, a raíz de que el Tribunal Supremo, en un auto del pasado 25 de abril, pusiera de manifiesto que no puede superarse ese plazo sin que ello suponga la nulidad de la resolución adoptada por el instructor.

La consecuencia de todo ello es que la Audiencia ha dejado ahora sin efecto la declaración de causa compleja del 'caso La Sal' y su correspondiente prórroga, lo que puede tener graves consecuencias para la investigación de esta causa.

Aunque el tribunal evita pronunciarse sobre la validez o no de las diligencias y pruebas que se hayan practicado a partir del 7 de septiembre de 2018, en que expiró el plazo legal de seis meses, los precedentes existentes en otros asuntos no son especialmente halagüeños. Todo apunta a que las pruebas que se hayan ordenado a partir de esa fecha corren el riesgo cierto de ser anuladas.

De hecho, la propia Audiencia establece en su auto que las distintas partes en este procedimiento, y especialmente las defensas, tienen la vía abierta para reclamar lo que en derecho consideren oportuno.

Sin embargo, y aún en el caso en que se declararan nulas las diligencias ordenadas a partir del 7 de septiembre de 2018, seguirían siendo válidas todas las pruebas practicadas con anterioridad, e incluso las decididas antes de ese día, aunque se hubieran practicado más tarde.

Así las cosas, si hubiera que situarse en la premisa más desfavorable, que sería que todo lo actuado a partir de septiembre de 2018 fuera nulo, la juez podría considerar que hay materia suficiente para mandar a juicio el asunto, basándose en el bagaje probatorio reunido hasta entonces. Incluso el principal sospechoso en esta causa, el exconsejero de Agricultura Antonio Cerdá, prestó declaración como investigado en junio de 2018, por lo que esa prueba es perfectamente válida.

Además de Cerdá, en estas diligencias se encuentran imputados una veintena de empresarios, asesores legales y antiguos altos cargos de la Administración regional. La causa se inició a raíz de una querella de la Fiscalía Superior y en ella se investigan presuntos delitos continuados de malversación de caudales públicos y/o cohecho, fraude, falsedades documentales continuadas y delito societario, entre otros.