El sector agrario arremete contra los políticos: «No saben lo que hacen»

Tras sentirse perseguido, engañado y ninguneado, el sector agrario levantó la voz esta mañana para insistir en que el proyecto de ley de Protección Integral del Mar Menor que la Asamblea Regional votará el próximo 22 de julio supondrá, tal y como está redactado, un golpe mortal para la agricultura en el Campo de Cartagena.

En una rueda de prensa conjunta de la Fundación Ingenio, la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, los exportadores hortofrutícolas de Proexport y las cooperativas agrarias de Fecoam, el sector reprobó el proyecto de ley por carecer de rigor científico, culpó a los partidos políticos de no atender sus propuestas, pidieron abrir una mesa de negociación y advirtieron de los perjuicios que se producirán, si no se modifica la norma. «La solución del Mar Menor no es destruir la agricultura», indicó la directora de la Fundación Ingenio, Natalia Corbalán. «El paro y el hambre son antes que el ecologismo», afirmó Santiago Martínez, presidente de Fecoam.

Corbalán lamentó que «el 70% del articulado del proyecto de ley se dedica a culpabilizar a la agricultura de la degradación del Mar Menor» cuando hay otros sectores económicos implicados. Y resaltó que el sector agrario regional es de los avanzados del mundo, con la aplicación de medidas que han ido reduciendo en los últimos años su impacto ambiental de forma considerable. Criticó que muchas de las medidas incluidas en la norma y relativas al campo «son arbitrarias y sin el suficiente aval técnico y científico», en concreto el establecimiento de la franja de protección de 1.500 metros. En cambio, las enmiendas planteadas por este colectivo y respaldadas por estudios de la UPCT han sido ignoradas.

«Hay medidas útiles para salvar el Mar Menor metidas en un cajón del Ministerio en Madrid y en la Confederación Hidrográfica y que no se quieren sacar por intereses políticos», comentó Corbalán.

El presidente de Fecoam resaltó el sacrificio realizado por todo el sector durante los últimos meses por la crisis sanitaria. «Hemos demostrado que somos un sector esencial y con las cosas de comer no se juega», indicó Santiago Martínez, quien calificó de «injusto» el proyecto de ley. «Los políticos no saben lo que hacen», agregó, además de culparles de «estar ciegos por hacernos daño».

«Es un grandísimo error de los políticos hacernos elegir entre la agricultura y el Mar Menor», prosiguió Javier Soto, vicepresidente de Proexport , quien aludió a algunas de las medidas incluidas en el proyecto de ley, como el cultivo según las curvas de nivel y la sustitución de setos vegetales por bancales, para censurar su falta de rigor. «Algunas incluso van contra el código de buenas prácticas del Ministerio», señaló.

El presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena pidió responsabilidad a los grupos parlamentarios. «No se pueden tirar 40 años de mejoras en la agricultura» indicó, además de rechazar la declaración de aguas subterráneas en riesgo del acuífero del Campo de Cartagena que pretende aprobar mañana la Confederación Hidrográfica y que supone otra amenaza para el futuro del sector agrícola en la zona, según explicó Manuel Martínez.