Los sindicatos rechazan prolongar el curso en julio, más allá de las actividades lúdicas

Los sindicatos en representación del personal docente y no docente de la enseñanza se muestran contrarios completamente a la prolongación del curso más allá de las fechas establecidas. Sobre la decisiones de mantener los centros abiertos en el mes de julio, ANPE apuntó que «se trata más bien de una medida de carácter asistencial y lúdica, ya que en ningún caso participarán de las mismas ni el equipo directivo ni el profesorado del centro, ya que serán realizadas por personal ajeno al mismo».

UGT valora también que no se modifique el calendario escolar, con respecto a la posibilidad de apertura de los centros en julio. Desde la federación de la enseñanza rechazan que el personal deba desarrollar las actividades que se realicen, y por lo tanto, en su caso, hacen hincapié también en que «se deberá contratar personal expresamente para estos programas, con condiciones laborales y retributivas dignas».

No obstante, ponen en cuestión que muchos centros del país, «como es el caso de la Región de Murcia, por cuestiones climáticas, estén preparados para desarrollar actividad en verano». Por último, insta al Gobierno regional a negociar el protocolo de medidas de seguridad y protección sanitaria que se deben tomar para la vuelta a las aulas presenciales en el próximo curso escolar.

Desde CC OO subrayaron que en la Conferencia Sectorial de Educación se adoptasen algunas de las propuestas que en su día este sindicato trasladó, y que fueron asumidas por el resto de las organizaciones, como la de no prolongar el curso más allá del calendario previsto (junio), y que la repetición de curso por parte de los alumnos sea contemplada como una medida extraordinaria, en una situación excepcional, respetándose en cualquier caso la autonomía y la libertad en el ejercicio de la profesión docente.

Por otra parte, desde ANPE también exigieron ayer al Ministerio de Educación instrucciones claras y concisas para este final de curso y que sean comunes para todo el Estado, ya que, a su juicio, «deben estar consensuadas» con todas las comunidades autónomas para evitar diferencias entre las mismas y que puedan afectar al principio de igualdad de oportunidades del alumnado. Ante la idea «no suficientemente aclarada de promover un aprobado generalizado para el alumnado, apostamos por una evaluación flexible pero también rigurosa y objetiva», añade.