Una sentencia judicial amenaza con retrasar de nuevo la regeneración de la bahía de Portmán

Imagen panorámica de la bahía de Portmán en mayo del pasado año, en la que ya se aprecian los trabajos de regeneración. / Antonio Gil / AGM
Imagen panorámica de la bahía de Portmán en mayo del pasado año, en la que ya se aprecian los trabajos de regeneración. / Antonio Gil / AGM

La Audiencia Nacional estima parcialmente un recurso de Acciona y obliga al Ministerio a repetir la adjudicación del proyecto

S. SÁNCHEZ LA UNIÓN.

Las obras de regeneración de la bahía de Portmán podrían retrasarse a consecuencia de una sentencia de la Audiencia Nacional que da la razón parcialmente a Acciona, una de las empresas que en su día participó en el procedimiento para la adjudicación del proyecto, entre finales de 2015 y el primer semestre de 2016.

La resolución judicial no es firme, porque cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, pero abre un período de incertidumbre en lo que se refiere al cumplimiento de los plazos de terminación de las obras para el otoño de 2020, puesto que obliga al promotor del proyecto, el Ministerio de Transición Ecológica, a volver a adjudicarlo.

El 14 de diciembre de 2015, Acciona resultó adjudicataria del contrato tras dirimirse un empate (en concreto a 97,40 puntos) con otra licitadora, la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Marco y Ciomar, que resolvió la mesa de contratación a favor de Acciona porque se comprometía a que un 2% de los puestos de trabajo generados fuesen para personas con discapacidad.

La comisión de seguimiento de las obras se reúne mañana en Madrid para analizar la situación

El departamento de Ribera quiere evitar que los plazos de finalización se vean afectados

Las empresas en litigio están dispuestas a defender hasta el último aliento sus intereses

El caso podría acabar en el Supremo, que debería analizar las consecuencias económicas y jurídicas

Los vecinos piden que «el trabajo de tantos años no se vea ahora interrumpido»

Tras sucesivas apelaciones de ambas mercantiles al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), este órgano -que precisamente se creó hace más de un década en el seno del Ministerio de Hacienda para intentar que muchos procedimientos de adjudicación de obras públicas no acabaran en los juzgados- finalmente dio la razón a los argumentos de Marco-Ciomar y esta UTE firmó el contrato con el Ministerio en septiembre de 2016 por importe de más de 32 millones de euros. Un mes después, comenzaron las obras.

Un fallo complejo

En el litigio, el TACRC arbitró los criterios por los cuales, conforme a los pliegos de condiciones, habría de regirse el desempate de puntuación que se produjo. En resumen, consideró que Acciona había presentado fuera de plazo la documentación sobre el compromiso de contratar el 2% de personas discapacitadas y, por lo tanto, había que valorar otro criterio para deshacer la igualada. Y aceptó las alegaciones de Marco-Ciomar, que había presentado en su memoria técnica una propuesta para vender el hierro presente en los residuos mineros que se van a dragar, con el objetivo de abaratar el coste del proyecto de regeneración.

Disconforme con la resolución, en septiembre de 2016, Acciona acudió a la Justicia y ahora, la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en una extensa y compleja sentencia, estima parcialmente su recurso y anula «la resolución del TACRC de 22 de julio de 2016, así como la resolución del secretario de Estado de Medio Ambiente, con retroacción de las actuaciones a fin de que se dicte nuevo acuerdo de adjudicación».

Sin daños y perjuicios

Sin embargo, los magistrados de la Audiencia Nacional manifiestan expresamente que «no debe adjudicarse» el proyecto a Acciona, sino que «en cuanto que la puntuación asignada a la adjudicataria en razón de los estudios y propuestas complementarios no se atuvo a los pliegos de condiciones, la consecuencia ha de ser la anulación de la resolución impugnada y la del acuerdo de adjudicación del que trae causa. No procede, en cambio, que la Sala adjudique el contrato a la demandante, sino la retroacción de las actuaciones al momento de la adjudicación para que el órgano de contratación dicte nuevo acuerdo ateniéndose a lo aquí declarado». Es decir, que la mesa de contratación de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente deberá reunirse para valorar de nuevo las puntuaciones de Acciona y de Marco-Ciomar, pero sin dar por sentado que debe adjudicarse a la recurrente.

Sobre el otro aspecto que demandaba Acciona en su recurso, «indemnización por daños y perjuicios», la Sala no accede a sus pretensiones, puesto que, en la línea de lo anterior, subraya que «la demandante toma como punto de partida la adjudicación del contrato a su favor, a lo que no hemos accedido. Razón por la cual carece de justificación una decisión al respecto que depende de si la demandante resulta o no adjudicataria y que, sobra decirlo, podrá esgrimir en su momento si se dan los requisitos necesarios».

En sus razonamientos jurídicos para estimar los argumentos de Acciona frente a los del TACRC y Marco-Ciomar, los magistrados analizan de forma prolija el hecho de que esta UTE anunciara en su memoria técnica la valorización del material férrico contenido en los residuos a extraer de la bahía para abaratar el coste global de las obras, y luego no presentase el proyecto técnico de ejecución de esa propuesta inicial.

Y en efecto, la Sala constata que el propio informe de valoración del órgano de contratación de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente «afirma taxativamente que la oferta no adjunta ningún estudio complementario ni se compromete a aportarlo». De ahí que, arguye la Sala, «si el órgano técnico afirma que la adjudicataria no aportó informe complementario ni se comprometió a aportarlo, no se advierte la razón por la que el TACRC sí confiere tal carácter a 'una propuesta', [...] desconociendo, en suma, el criterio técnico expresado en el informe de valoración que no le atribuye otra trascendencia que la de estudio del proyecto inicial». Para concluir que, «según se ve en la valoración técnica, no se aportó ningún estudio del carácter de los enumerados en la citada cláusula del pliego de condiciones -geológicos, geotécnicos, hidrológicos, hidráulicos y estructurales-, pero tampoco de ningún otro estilo».

A la espera

Ante esta situación, se advierte un panorama imprevisible. Las obras llevan dos años y medio en marcha y en el Ministerio que dirige Teresa Ribera no quieren que los plazos de finalización de los trabajos se vean afectados, al igual que el Ayuntamiento, el Gobierno regional y los colectivos vecinales y sociales. Por su parte, las empresas en litigio están dispuestas a defender hasta el último aliento sus intereses y, por lo tanto, aguardan con expectación los primeros movimientos del Ministerio para, por lo pronto, en el caso de Marco-Ciomar, decidir si presenta recurso de casación ante el Supremo y, en lo que se refiere a Acciona, si solicita la ejecución provisional de la sentencia sin esperar a un hipotético pronunciamiento del Alto Tribunal en uno o dos años, según confirmaron fuentes de ambas firmas.

Por su parte, desde el Ministerio de Transición Ecológica han asegurado a 'La Verdad' que mañana martes ha sido convocada de urgencia en Madrid la comisión de seguimiento de las obras para analizar la situación. En ella, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente «expondrá todos los informes jurídicos que se han solicitado para actuar de la mejor forma para el proyecto conforme a la legalidad». En cualquier caso, las alternativas, en principio, son dos: no recurrir al Tribunal Supremo, y por lo tanto, convocar de nuevo a los integrantes de la mesa de contratación de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente; o presentar un recurso exponiendo su visión sobre las consecuencias económicas y jurídicas de un posible cambio de adjudicatario y esperar a la resolución del Alto Tribunal.

Desde el ámbito local, el alcalde de La Unión, Pedro López Milán, prefirió no pronunciarse sobre la sentencia y mantener, dijo, «una prudente espera para ver cómo evolucionan los acontecimientos». Lo que sí aseguró, al igual que el portavoz de los colectivos vecinales de Portmán, Daniel Portero, es que «las obras no deberían verse afectadas de ninguna manera en sus plazos».

El líder vecinal indicó que «cumpliendo la ley, como sea, las empresas y el Ministerio tienen que garantizar que el trabajo de tantos años para que empiecen las obras no puede verse ahora interrumpido de ninguna manera». Daniel Portero reconoció que los trabajos «aunque con lentitud, avanzan y no estamos dispuestos a que se pueden ver ralentizadas por el motivo».

Más