Uno de cada seis funcionarios de la Comunidad opta por el teletrabajo

El Consejo de Ministros del pasado 29 de septiembre aprobó un real decreto ley que modifica el artículo 47 del Estatuto Básico del Empleado Público para recoger el marco general del teletrabajo en todas las administraciones públicas. La norma estatal concede seis meses de plazo para que cada administración adapte y desarrolle la nueva regulación, pero en la Comunidad Autónoma se han propuesto hacerlo en la mitad de tiempo.

De hecho, los sindicatos de empleados públicos ya han comenzado a remitir sus propuestas a la Dirección General de Función Pública, que está dando los últimos retoques a un documento para iniciar la negociación.

En la actualidad, uno de cada seis funcionarios que componen el área de administración y servicios de la Comunidad Autónoma desarrolla su labor en la modalidad de teletrabajo. En concreto, 1.421 empleados públicos, de los 9.023 que componen este área de la Administración regional, trabajan desde casa. Entre el personal docente y los profesionales sanitarios el teletrabajo es mínimo.

Los usuarios de esta modalidad laboral se han disparado como consecuencia de la pandemia de coronarivus. Con anterioridad, no llegaba al centenar el número de funcionarios que seguían el programa piloto de teletrabajo dispuesto por Función Pública, pero entre los meses de marzo y junio que duró el confinamiento el número de empleados públicos que pasó a trabajar desde su domicilio superó los 4.000.

La mayoría de los 1.421 que siguen teletrabajando lo hacen por razones de conciliación familiar. Según el acuerdo suscrito entre Comunidad y sindicatos que rige esta práctica, y cuya vigencia se prorrogó hasta el 31 de enero, los funcionarios con niños menores de 14 años o personas dependientes a su cargo pueden realizar entre el 20% y el 80% de la jornada desde sus domicilios. También pueden acogerse a esta modalidad los que forman parte de alguno de los grupos más vulnerables ante la Covid-19, y existe, además, un grupo que teletrabaja debido a que las dependencias administrativas que ocupan no permiten garantizar la distancia de seguridad.

CC OO, según informa FranciscoSaura, sostiene que la Comunidad debería ser más estricta con este último supuesto, y ampliar las rotaciones entre los funcionarios en determinados despachos colectivos de la Consejería de Agricultura, las oficinas de la Dirección General de Prestaciones ubicada en la plaza Juan XXIII, de Murcia, y también algunas oficinas del Servicio de Empleo y Formación, dado que apenas se respetan las distancias de seguridad entre funcionarios.

La directora general de Función Pública, Carmen Zamora, asegura que se han adoptado todas las medidas de seguridad previstas, como la instalación de mamparas entre los puestos con menos de dos metros de separación, el reparto de mascarillas y la instalación de dispensadores de gel hidroalcohólico, además de haber reforzado el servicio de limpieza, y explica que es el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales el que determina cuándo un funcionario debe pasar a la modalidad de teletrabajo porque su puesto laboral no reúne las condiciones de seguridad suficientes.

La futura norma que regule el teletrabajo en la Comunidad deberá partir de preceptos básicos recogidos en el decreto ley estatal, como que no suponga coste alguno para el trabajador, lo que obligará a la administración a proporcionar los medios tecnológicos necesarios para su actividad. Zamora asegura que este punto no representará ningún problema, dado que la Dirección de Informática dispone de los recursos necesarios.