«Seguimos teniendo las mismas problemáticas de hace cincuenta años»

Cree por otra parte que un problema fundamental reside en la falta de incentivos por parte de técnicos y funcionarios: «Están enormemente incentivados a tener en cuenta los intereses del partido político que se encuentra al frente de la administración en ese momento», opina Jiménez. Y añade, «la dinámica se repite y el problema sigue estando en la contratación pública».

En cuanto a esto, desde el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda Gestha, en su documento con propuestas de prevención y control de la corrupción en la contratación pública, apuntan que «los recursos administrativos y denuncias representan solo el 0,7% de las licitaciones». Gestha advierte de «una escalada de la corrupción por el aumento del 18% de las denuncias en la contratación». Detalla el sindicato además que «el contrato de servicios es el de más riesgo de fraude y corrupción, con el 64,3% de las denuncias. El 32,6% de las denuncias en la contratación son por irregularidades en la adjudicación, el 20,6% son por prácticas corruptas y el 18,2% de las denuncias fueron sobre la ejecución del contrato». Su secretario general, el murciano José María Mollinedo, pone el acento en la excesiva discrecionalidad política en última instancia a la hora de llevar a cabo estas tramitaciones. «Es fundamental para que no se produzcan estos casos reducir el ámbito de discrecionalidad del órgano que contrata», según Mollinedo.

Mientras tanto, las mordidas que pudieron llevarse Ábalos, Cerdán y Koldo en las obras del soterramiento del AVE en Murcia cuando el primero de ellos era ministro de Transportes serán el objeto de una nueva comisión de investigación de la Asamblea Regional. Es la tercera que se constituye esta legislatura. Fernando Jiménez es escéptico sobre estos mecanismos: «Si se hace bien, se genera información sobre lo que se está investigando. Pero poco más, porque los partidos usan esa información para atacarse». Para este experto, la finalidad de estas comisiones debería ser aclarar cómo y dónde están los fallos para que no vuelvan a ocurrir. En vez de eso, se buscan responsabilidades que no están en manos de un órgano político, sino judicial.

Si bien la anterior legislatura no hubo ninguna comisión de esta naturaleza en el Parlamento autonómico, sí en la de 2015-2019, en la que se ahondó en la desaladora de Escombreras o en la construcción del auditorio de Puerto Lumbreras. Al frente de la primera estuvo el que entonces era portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez, que destaca la labor realizada para unas conclusiones que se remitieron a la Fiscalía, que las tuvo en cuenta para formular la acusación sobre la que se sostiene la causa abierta, entre otros, al expresidente Ramón Luis Valcárcel. Aquella labor se llevó a cabo «contra viento y marea», opina el expolítico, que dice sentirse «muy orgulloso» del trabajo de la comisión de investigación por la que pasaron hasta 40 comparecientes. Por el contrario, lamenta que otras «acaban durmiendo el sueño de los justos» y que muchas de estas comisiones «solo se hacen de cara a la galería».