El PP murciano solicita que se endurezcan las penas por conducir bajo los efectos de las drogas

Un control policial de alcohol y drogas, en una fotografía de archivo./Pablo Sánchez / AGM
Un control policial de alcohol y drogas, en una fotografía de archivo. / Pablo Sánchez / AGM

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular recuerda que «tienen una fuerte huella en la accidentabilidad y existe un 'déficit' legal que hay que corregir»

LA VERDAD

El Grupo Parlamentario Popular registró una moción en la Asamblea Regional en la que insta al Gobierno de España a emprender una reforma del Código Penal para perseguir «con mayor contundencia y claridad» los delitos por conducción bajos los efectos de las drogas. «Proponemos modificar el artículo 379 para incluir un tercer supuesto que incluya las penas por conducir tras haber consumido estupefacientes», explicó este miércoles el portavoz del GPP, Joaquín Segado.

Segado afirmó que la incorporación de las pruebas de drogas a las habituales de alcoholemia, que regularmente realiza la Guardia Civil de Tráfico, está demostrando «que hay un gran número de conductores que se ponen al volante tras haber ingerido algún tipo de droga». Y señaló que «las sustancias estupefacientes tienen una fuerte huella en la accidentabilidad, sobre todo en los siniestros de mayor gravedad». En este sentido, recordó que más del 50% de los conductores fallecidos en la Región de Murcia el año pasado habían consumido drogas y alcohol, según los datos aportados recientemente por la Delegación del Gobierno de la Región de Murcia.

El portavoz parlamentario regional del PP pone de manifiesto que «son muy pocas las condenas por esta clase de delitos que acaban por la vía penal, ya que en una inmensa mayoría se tramitan por la vía administrativa». Se hace eco de esta manera de la solicitud de la Fiscalía Superior de la Región de Murcia que demanda menos sanciones por vía administrativa y más por la vía penal, «en la actualidad es necesario causar un siniestro en la carretera con víctimas o heridos graves para que un conductor drogado acabe en los juzgados» manifiestó para añadir que en 2017 de las 1.287 personas que dieron positivo en la prueba de drogas en nuestra comunidad autónoma, solo cuatro acabaron con un atestado en vía penal.

«Hay que corregir este 'déficit' legal y establecer una serie de criterios objetivos para determinar los signos externos asociados a cada sustancia estupefaciente. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado necesitan las máximas garantías para perseguir estas conductas que se llevan por delante muchas vidas en la carretera», afirmó el portavoz del PP en el parlamento autonómico para recordar que no «existe una tasa objetiva para determinar y clasificar esta clase de delitos», como ocurre con las pruebas de alcoholemia. Joaquín Segado demanda también en la iniciativa al Gobierno regional que establezca una colaboración con los ayuntamientos de la Región con el fin de «dotar a los policías locales de los medios necesarios para detectar la presencia de estupefacientes en los conductores».