El sector de los geriátricos de la Región amenaza con movilizaciones

Arrecian las críticas del sector de las residencias de mayores de la Región de Murcia contra la vicepresidenta de la Comunidad y consejera de Política Social, Isabel Franco. Ni siquiera la carta que la propia Franco ha enviado esta semana a las asociaciones mayoritarias del sector, en respuesta al escrito que los representantes de los centros mandaron a principios de mes alertando sobre la «asfixia económica» que provoca el Gobierno regional sobre los geriátricos, ha logrado calmar los ánimos. Más bien todo lo contrario, ya que las fuentes del sector consultadas por LA VERDAD amenazan con «movilizaciones frente al Palacio de San Esteban». La respuesta de Franco, en opinión de algunas fuentes consultadas, es «una tomadura de pelo». Una muestra más, en su opinión, de que la consejera «miente de forma compulsiva».

En su carta, Isabel Franco recuerda a los representantes de las asociaciones los últimos decretos que «dan cumplimiento a los compromisos adquiridos por parte del Gobierno regional para la concesión directa de subvenciones a centros residenciales de personas mayores», por importe de más cuatro millones de euros. Sobre esta cuestión, según Franco, «resulta imprescindible, a la hora de valorar el alcance de estas subvenciones, fiscalizar las solicitudes que aún podemos recibir para avanzar en una cuestión que siempre nos ha preocupado». También hace referencia Franco a la «consulta previa sobre el nuevo borrador de decreto que regulará las condiciones mínimas que han de reunir los centros residenciales. La revisión de esta norma nos permitirá avanzar adaptando y ajustando a la realidad actual la regulación vigente, proceso en el que seguiremos contando con la participación de las instituciones implicadas en la atención a las personas mayores de las residencias y centros de día, como siempre».

También menciona Franco la dotación de cuatro millones de euros prevista en los Presupuestos de la Comunidad para 2022 «para la creación de nuevas plazas concertadas en residencias», así como «el incremento hasta 58 euros por plaza concertada» el año que viene y los 4'7 millones de euros «destinados a inversiones en remodelación y equipamiento de centros residenciales concertados, contratados o convenidos».

Pese a todo, las fuentes consultadas reiteran la «discriminación» existente entre el precio que se paga por una plaza pública y una concertada, así como la diferencia entre lo que reciben los centros de mayores y los centros para personas con discapacidad. «Nos repite que no hay dinero para atender nuestras peticiones, pero en realidad sí que hay dinero para otras cosas», resumen. «No entra en profundidad en el incremento de precios de los conciertos ni en los gastos generados por la pandemia, que ellos se comprometieron a sufragar íntegramente». La carta de respuesta de la consejera, en definitiva, es «una vergüenza y una desconsideración» que será valorada para barajar «distintas opciones» y adoptar las medidas oportunas.

Por otra parte, las consejerías de Salud y de Política Social confirmaron ayer un total de 22 residencias de mayores y centros para personas con discapacidad afectados con brotes de Covid, con 120 infectados entre usuarios (55) y trabajadores sociosanitarios (65).

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