El Supremo ordena pagar 400.000 euros a los afectados por la fábrica de asfaltos de San Pedro

Un hombre en una finca junto a la fábrica de asfaltos, vista desde el lado oeste, en la zona residencial de Lomas de Arriba en San Pedro. / A. S.
Un hombre en una finca junto a la fábrica de asfaltos, vista desde el lado oeste, en la zona residencial de Lomas de Arriba en San Pedro. / A. S.

El Alto Tribunal insta al Consistorio a indemnizar a las trece familias a las que se les adeudan los pagos, mientras el equipo de gobierno reclamará a la empresa el gasto

Alexia Salas
ALEXIA SALAS

«Mi hijo se asfixiaba y teníamos que ir cada dos por tres a Urgencias y recorrer decenas de médicos de pago hasta que nos fuimos de San Pedro», tiene clavado Miguel Sánchez, el primer demandante que logró que un juez condenara al Ayuntamiento a pagarle a su familia 500 euros al mes de indemnización por los perjuicios derivados de los olores que llegaban a su casa en Las Lomas de Arriba procedentes de la fábrica de asfaltos, sobre todo por las noches.

Con su casa recién terminada a base de ahorros e ilusión, Miguel y Elisa tuvieron que echar la llave y marcharse al municipio vecino de Pilar de la Horadada para que sus hijos pudieran respirar sin ataques de náuseas y asfixia. «En uno de los últimos partes de alta de Pediatría del hospital Los Arcos, el médico prescribió que el niño no volviera a la casa», cuenta Miguel. Aquel bebé al que le faltaba el aire tiene ya 16 años, los mismos que el conflicto abierto por la fábrica de láminas asfálticas, que ha provocado manifestaciones en la calle, infinidad de litigios judiciales y, al menos, tres alcaldes enfrentados a los vecinos demandantes, que siempre pensaron que el Consistorio protegía al empresario, conocido miembro del Partido Popular de localidad.

La familia demandante comenzó a cobrar la indemnización a raíz de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que en 2010 condenó al Ayuntamiento, pero después se suspendieron los pagos, de modo que el Consistorio acumula una deuda con ellos de más de 30.000 euros. El Gobierno local tendrá que sumar los casi 400.000 euros que adeuda a las otras 12 familias querellantes, que siguieron a Miguel y Elisa. A pesar de que el Ayuntamiento peleó recurso tras recurso, el Juzgado de Cartagena dio la razón a los vecinos, que luego ratificó el TSJ y después el Tribunal Supremo. Los dos altos tribunales corroboraron la argumentación del juez de lo Contencioso Administrativo de Cartagena, que entendió «probada la existencia de olores, y el cómo la combinación de los factores de frecuencia, intensidad, duración y ofensividad los hace intolerables en el domicilio de los actores».

Un juzgado de Cartagena entendió probada la existencia de olores, que corroboró después el TSJ

La sentencia reconoce por tanto que se ha vulnerado «el derecho fundamental a la intimidad y a la inviolabilidad del domicilio de los recurrentes, lo que tiene su origen en la falta de efectividad del Ayuntamiento demandado a la hora de implementar medidas que conduzcan al cese de las emisiones, de cuya certeza no tiene duda alguna desde la sentencia del TSJ de la Región de Murcia de 25 de octubre de 2010». Condena al Ayuntamiento a adoptar inmediatamente cuantas medidas sean necesarias para que cesen los olores procedentes de la fábrica de asfaltos».

Los testimonios y pruebas recogidas por el Juzgado dejaron en evidencia la precariedad de las medidas adoptadas por el Ayuntamiento. Los técnicos municipales reconocieron que habían aprendido a manejar el olfatómetro en una mañana y sin experiencia previa, que el aparato no se había mandado a calibrar nunca y que la técnico consultaba las condiciones meteorológicas en una aplicación del móvil. «En realidad, los peritos no emitieron informe alguno (...) se limitaron a realizar una serie de mediciones que carecen de valor alguno», recoge la sentencia, que incluso señala que el jefe de los servicios técnicos municipales «reconoció que las puertas de la fábrica suelen estar abiertas para airear el ambiente».

Seis plazos y más

El Ayuntamiento ya ha llegado a un acuerdo con los demandantes para el pago de la deuda pendiente, que se abonará a las familias en seis plazos, aunque el agujero económico que la factoría ha causado en las arcas municipales no se para ahí, ya que el contador sigue corriendo a razón de 6.500 euros al mes hasta que cese el problema.

Los afectados sin embargo solo sienten reconocido en parte su calvario, después de tantos años de «gastar miles de euros en análisis, informes técnicos de todo tipo a empresas autorizadas y solventes», señala Mariano Villaescusa, otro de los demandantes. La situación de su vivienda, a unos 500 metros de la chimenea principal de la fábrica, convierte a su familia en diana de los malos olores cuando sopla viento de Levante. «Notas un mal sabor, algo de angustia, una sequedad en la boca y trastornos de estómago», cuenta el vecino. Su mujer, Toñi, asegura que llevan años esperando vender la casa «porque es penoso tener que luchar contra tu ayuntamiento para que nos haga caso en algo de tanto sentido común, que afecta a la salud». Sabe que hay vecinos que padecen el aire tóxico -en Las Lomas hay unos 30 vecinos- pero que no han denunciado por temor.

A los demandantes les ha dolido especialmente que el concejal de Medio Ambiente, Pedro Sánchez, asegurara en el Pleno del pasado enero que detrás de los recursos de los vecinos había un interés económico. «Nada compensa tener que dejar tu casa, el pago de médicos privados, de informes de empresas especializadas en olores, de abogados y el tiempo gastado», responde Miguel Sánchez. «No creo que volvamos a nuestra casa aunque se acaben los olores. Nos trae muy malos recuerdos», señala.

Actas recientes de la Policía

Ya todos esperan respirar sin aprensión en este paraje tranquilo, aunque el discurrir del conflicto no les augura una solución rápida. De hecho, a pesar de que el Ayuntamiento asegura que la empresa ha instalado ya el método de oxidación térmica que propuso el informe técnico de la demanda, la Policía Local ha levantado 9 actas por malos olores desde principio de año, casi una por semana. Y la última se registró el pasado 22 de febrero, cuando los agentes aseguran en su informe que «en el exterior se puede oler» y «comprobado que también huele en el interior» de la vivienda del vecino que llamó a la Policía.

Según el abogado de los vecinos demandantes, Ginés Ruiz Maciá, «el Ayuntamiento siempre dijo que no podía parar la fábrica, pero nosotros no le pedimos que la cierre, sino que acabe con las molestias». Para el portavoz del PSOE, José Lorenzo Martínez, «el problema no ha cesado ya porque el Ayuntamiento ha protegido siempre a la empresa». «Si hay olores, hay contaminación», afirma el edil, quien pregunta por qué no se han instalado medidores de la calidad del aire en diversos puntos y por qué el Ayuntamiento nunca se reunió con los vecinos.

Más