Un centenar de familias de San Pedro del Pinatar claman ante el inminente desahucio de sus pisos

Varias de las familias afectadas por los inminentes desahucios en la zona del Mar Menor, en la puerta del Ayuntamiento de San Pedro. salas/ A.
Varias de las familias afectadas por los inminentes desahucios en la zona del Mar Menor, en la puerta del Ayuntamiento de San Pedro. salas / A.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca amenaza con una acampada frente al Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar

Alexia Salas
ALEXIA SALAS

Josefa tiene el alma en vilo desde que recibió la notificación judicial que le advertía de la expulsión inminente de su casa, en el barrio Maspalomas de San Pedro del Pinatar, con sus dos menores, uno de ellos discapacitado. Su mayor temor es el momento en el que se presenten los agentes judiciales, mañana martes, 18 de julio, para echarla de la vivienda, propiedad de La Caixa, que ha ocupado en los últimos años. «Me dicen en Servicios Sociales que me busque otra casa de alquiler pero no hay, y menos en verano, que piden precios altísimos», explica la vecina, que contará con la presencia de los miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) para intentar frenar el desalojo. No es la única. Carmen tiene dos nietos y dos hijos con edades entre 14 meses y dos años y medio, y no duerme pensando en que tiene ya la fecha notificada para el lanzamiento el 27 de junio. «Solo me dan trabajo cinco meses al año en los invernaderos y no puedo pagar un alquiler de 300 euros», explica la cabeza de familia.

Esperando desde 2011

A Paqui, afectada por una enfermedad degenerativa, no le llega la pensión para un alquiler de mercado. «Llevo esperando un alquiler social que me prometió La Caixa desde 2011, pero ahora solo arriendan a los que tienen ingresos de más de 13.000 euros para asegurarse el cobro», explica. Ya tiene fecha para dejar su vivienda por orden judicial el 2 de julio.

Ellas representan solo tres de los diez casos de familias con aviso de deshucio inminente en San Pedro del Pinatar, que se suman a los 30 previstos en San Javier y los 62 de Torre Pacheco. El pasado martes se reunieron en la puerta del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar para pedir ayuda a la alcaldesa, Visitación Martínez. Un apoyo que permitiera paralizar o al menos posponer el desalojo de las familias, sobre todo las que tienen a su cargo hijos menores.

«Es una emergencia social», afirma la portavoz de la Plataforma, Charo Tárraga. «No nos vale aplazar un desahucio un mes, porque no resuelve nada. Hay familias sin luz ni agua en San Pedro, aseándose como pueden», reclama la portavoz. Destaca la nueva oleada de desalojos en la comarca del Mar Menor debido a que «los bancos han hecho una nueva ofensiva para echar a las familias de las viviendas donde tenían acordados alquileres sociales, con el fin de realquilarlas a un precio mayor de mercado». Tárraga asegura que «hay fondos buitre que les están ofreciendo dinero a familias de Torre Pacheco para que se vayan, entre 2.500 y 3.000 euros. Algunos lo cogen por miedo y otros no, porque comprenden que eso solo les asegura un alquiler por un tiempo».

Mesa negociadora

La Plataforma propone a los ayuntamientos del Mar Menor «que abran una mesa negociadora con los fondos y sociedades financieras para llegar a convenios de alquiler temporal de sus viviendas vacías con mensualidades máximas de 200 euros». La alcaldesa de San Pedro afirma que «esperamos que el Juzgado aplace el desahucio de la próxima semana, pero estamos buscando un piso de alquiler como alternativa, aunque en verano aumenta la dificultad». Martínez anuncia que «nos sentaremos con las entidades bancarias para que nos informen de cuántas viviendas tienen y llegar a un acuerdo temporal de alquileres sociales, a los que se puede sumar la ayuda que aporta Servicios Sociales tanto con la fianza como con los primeros meses o los recibos de luz y agua».

Los 62 casos de Torre Pacheco son diferentes. La mayoría de las viviendas fueron alquiladas a los afectados por unas promotoras inmobiliarias que se arruinaron con la crisis y perdieron los edificios a manos de los bancos. Ubicadas en Roldán, Los Olmos y Santa Rosalía, cuentan con notificación de juicio o incluso con fecha de lanzamiento.