El Consistorio exige la retirada de cien barcos fondeados ilegalmente

Barcos fondeados junto a la playa de La Ribera durante la pasada temporada estival./
Barcos fondeados junto a la playa de La Ribera durante la pasada temporada estival.

Los propietarios se han encontrado en sus naves las pegatinas con el requerimiento de que las saquen o se expongan a la sanción pertinente

ALEXIA SALAS

La lucha contra la invasión de barcos en las playas continúa. Más de un centenar de propietarios de barcos fondeados ilegalmente se han encontrado, en los últimos días, una pegatina adherida al casco de la embarcación con una advertencia: la retirada inmediata o la sanción. La Policía municipal puede formular la denuncia, ya que ejerce las competencias de seguridad en la franja de los primeros 200 metros desde la línea de playa. «Si la infracción es de fondeo, la tramita la Demarcación de Costas del Estado, y si es relativa a la seguridad lo hace Capitanía Marítima», señala el concejal de Turismo y Playas de San Javier, Antonio Martínez Torrecillas.

La invasión de las zonas de baño y la alteración de los fondos protegidos del Mar Menor son dos consecuencias derivadas de estos 'aparcamientos piratas' de barcos que en los últimos años se han convertido en una multitud. Para ahorrarse el alquiler de un punto de atraque legal, ya son muchos los dueños de embarcaciones que arrojan un muerto -un bloque de piedra o un neumático con cemento- al fondo, al que amarran el barco.

«A veces incluso cuando no les sirve uno, echan otro al lado, de manera que invaden los fondos del Mar Menor, que son protegidos. Ya hemos sacado una gran cantidad», indica el edil. Según el responsable municipal, «este problema nos perjudica a la hora de lograr los distintivos 'Q de Calidad' para las playas».

La acumulación de fondeos ilegales abunda en casi toda la orilla de la laguna, pero sobre todo en las playas del Pescador de La Ribera y El Atalayón, en la playa de Los Alisios y El Galán, en El Pedruchillo, Veneciola y Punta Cocedor en La Manga. La costa de Lo Pagán y alguna zona de Los Alcázares, como La Concha, padecen también esta invasión, que tiene además su repercusión en el frágil ecosistema del Mar Menor, ya que estos barcos no tienen control de desagües, limpieza ni posibles vertidos de aceites, combustible o aguas sucias.

Ofrecer una alternativa

A pesar del requerimiento -que solo acatan algunos-, el Ayuntamiento cree que el problema «solo se resolverá ofreciendo una alternativa asequible a estos barcos», afirma Martínez. Para el edil, la solución será el proyecto de fondeos flotantes ecológicos, que el Ayuntamiento prevé construir en El Atalayón, entre la costa de La Ribera (San Javier) y La Puntica (San Pedro del Pinatar) para albergar 179 barcos de un máximo de 8 metros de eslora. El proyecto espera el visto bueno de la Dirección General de Medio Ambiente, que informará al Ministerio para obtener la luz verde definitiva.

Según la nueva ordenanza que acaba de aprobar el Ayuntamiento sobre seguridad en el uso y aprovechamiento del litoral, el Ayuntamiento fija sanciones de hasta 3.000 euros por la navegación o el fondeo de barcos o cualquier otro elemento fuera de las zonas señaladas. Con la misma multa está castigada la circulación de embarcaciones a menos de 200 metros de la costa. La nueva norma añade como infracción grave, penada con sanciones de entre 1.501 a 3.000 euros, bañarse con bandera roja y causar daño a la fauna o la flora marina o del litoral, sobre todo en las praderas de posidonia oceánica.

Para evitar la erosión de las playas y la destrucción de la posidonia, la nueva normativa concreta que no se retirarán los arribazones en invierno, salvo con autorización por motivos justificados. Prohíbe limpiar con la pala mecánica a más de 10 centímetros de profundidad sobre el nivel de la arena. Para los usuarios, la ordenanza sanciona con hasta 750 euros por arrojar basura en la playa, llevar animales o causar molestias con aparatos sonoros. La Policía podrá multar a quien utilice jabón para lavarse en el mar o en la playa, haga fuego o realice necesidades fisiológicas en el mar o en la playa. Los concesionarios de chiringuitos se ocupan de la limpieza del entorno y dejan los aseos para el uso público.

Se restringe el horario permitido para la pesca, que en temporada alta solo se podrá practicar entre las 21 horas y las 7 de la mañana y siempre que no afecte a la limpieza de las playas y que no haya bañistas. Prohíbe la pesca marítima de recreo en los puertos y alrededores y en áreas turísticas.