Salud reclama al Ministerio que asuma el coste de los 35.000 funcionarios de Muface
El Gobierno advierte de que el modelo de las mutuas «es insostenible» y aboga por mandar al sistema público a 1,5 millones de empleados
L. Palacios, Clara Alba y Javier Pérez Parra
Lunes, 18 de noviembre 2024, 13:09
El Ministerio de Sanidad abre la puerta por primera vez en la historia a desmantelar la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) en septiembre de 2025, lo que obligaría a los 1,5 millones de funcionarios y sus familias cubiertos por el sistema -donde pueden elegir entre pública y privada- a acudir solo a la sanidad pública. El departamento dirigido por Mónica García reconoce en un informe al que ha tenido acceso este diario que es inviable económicamente.
«El modelo en la actualidad no es sostenible, ni siquiera con un aumento importante de la cápita, porque ningún sistema de aseguramiento funciona si no tiene un 'pool' de riesgos que permita ejercer contrapesos entre quienes más demandan el servicio y quienes hacen un uso menos intenso», indica el documento.
La Consejería de Salud insistió este lunes en que la Comunidad Autónoma no asumirá el gasto derivado de los 35.000 nuevos pacientes que se incorporarían a la sanidad pública regional -calculado en 55 millones de euros- en caso de desaparecer Muface si el Gobierno de España «no se compromete por escrito a aportar el coste que tendrá» dicha situación. El Ejecutivo regional afirma que se trata de un asunto «complejo» que «tiene que abordar y negociar el Gobierno de España con las mutuas y sobre el que aún no se ha pronunciado», lo que genera «malestar e indefensión a los posibles afectados».
«El Gobierno central es el responsable de poner las mejores soluciones posibles encima de la mesa para el personal funcionario, y es el que tiene que financiar adecuadamente a las comunidades autónomas, además de volver a licitar con las mutuas un acuerdo para su prestación sanitaria», añade la Consejería. «Con su decisión, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha creado un problema enorme a las comunidades que van a tener que absorber a miles de pacientes, con unos servicios ya por encima de su capacidad», según la Consejería.
A su juicio, «es una irresponsabilidad descargar a miles de pacientes a la sanidad pública por parte de la ministra, que demuestra su incapacidad para negociar y llegar a un acuerdo».
El análisis ha sido elaborado tras el rechazo de las aseguradoras privadas DKV, Asisa y Adeslas a seguir prestando este servicio, al considerar que la mejora del 17% en las primas planteadas por el Gobierno para los próximos dos años seguirá generando pérdidas al sector. Tras la propuesta del Ejecutivo, ninguna de las tres -ni tampoco otras aseguradoras- se presentaron a la nueva licitación, dejando el concurso completamente desierto.
Ante esa situación inédita, Sanidad considera que si la financiación que se destina a cubrir a los mutualistas se transfiriera a la pública el Sistema Nacional de Salud (SNS) «debería tener capacidad para prestar ese servicio con la adecuada gestión del proceso de transición». Es decir, sugiere que el Estado inyecte en la sanidad pública los 2.726,5 millones que ofreció a los seguros privados para atender a los mutualistas, tanto nacionales como los que residen en el extranjero, los dos próximos años.
No obstante, ve necesario realizar un «análisis concreto» de lo que supondría en cada una de las comunidades autónomas la absorción de esta población, teniendo en cuenta todas sus particularidades, por ejemplo, la menor carga de morbilidad (respecto a la proporción de personas que enferman en un sitio y tiempo determinado). También aboga por acometer este movimiento de forma gradual, haciendo uso de una prórroga de nueve meses (hasta septiembre de 2025) del concierto actual de Muface.
Además, plantea que se llegue a acuerdos puntuales con las aseguradoras privadas para que sigan tratando los casos más difíciles y crónicos.
