Salen a subasta once fincas del fallido proyecto de Lo Poyo por 4 millones de euros

La finca estuvo en el punto de mira cuando se proyectó una urbanización de 5.000 viviendas y varios campos de golf sobre unos terrenos que adquirió la antigua Kutxa, la Caja de Ahorros de Guipúzcoa y San Sebastián. Un proyecto que despertó rechazo en la sociedad y generó numerosas protestas en la zona. Debido a la polémica suscitada y a la necesidad de preservar los valores naturales, el Gobierno regional tuvo que paralizar el proyecto en octubre de 2006. Al mismo tiempo, la Fiscalía archivó unas diligencias informativas por presunto tráfico de influencias. Los terrenos colindantes se recalificaron para promover la urbanización de Novo Carthago en el año 2002, ahora bajo investigación judicial, por parte del grupo Hansa Urbana, sobre unos terrenos que sumaban 567 hectáreas. Ambos planes urbanísticos quedaron atrás, y Lo Poyo prosiguió con la actividad agrícola.

El expediente de esta subasta es con diferencia el de mayor cuantía y el que arrastra una historia más enrevesada. Se trata del último fleco de la operación inmobiliaria emprendida en 2004 por Kutxa en Cartagena, a través de los empresarios vascos Javier Arteche, Luis María Maya y Agustín Aguirre -Grupo Yeregui- para desarrollar un megaproyecto turístico junto al Mar Menor.

La iniciativa no llegó a buen puerto. El proyecto naufragó porque se basaba en la premisa de que los terrenos iban a ser recalificados, pero este trámite no recibió el respaldo de la Asamblea Regional, dado que el plan no se ajustaba a los requerimientos medioambientales. La controversia, además, subió de tono porque el fiscal jefe de Murcia abrió diligencias informativas tras una denuncia presentada por el PSOE por un supuesto delito de tráfico de influencias. Los socialistas sospechaban que los compradores de Lo Poyo podían tener garantías de su recalificación al haber pagado una cantidad muy elevada por terrenos no urbanizables.

La decisión de la Asamblea Regional dejó sin efecto una inversión de 219 millones de euros para construir 5.000 viviendas y campos de golf. Kutxa invirtió 110 millones a través del Grupo Yeregui en la compra de la finca de Lo Poyo (510 hectáreas de suelo rústico). Para más inri, la operación fue investigada por el juez de la 'Operación Malaya', dado que el cerebro de la trama marbellí, Juan Antonio Roca, admitió haber cobrado comisiones tras ejercer de intermediario. La polémica surgida al respecto llevó a Kutxa a segregar su participación en las sociedades que compartía con los tres empresarios citados.

La entidad financiera, consultada esta semana sobre si mantiene propiedades en las fincas de Lo Poyo, aseguró que los terrenos «se vendieron», sin precisar el balance de una operación que, a buen seguro, provocaría un considerable agujero en su arcas. Hay que tener en cuenta que pagó una cantidad elevada por unos terrenos con la expectativa de una recalificación que no se produjo.

Además de este plan urbanístico en Cartagena, Kutxa participó en otro, también fallido, en el municipio de Águilas, en el que invirtió 100 millones de euros. En La Zerrichera, enclavada parcialmente en una zona protegida por la UE, también se iba a levantar una megaurbanización destinada al ocio. Las instituciones murcianas no dieron el 'placet', alegando el nocivo impacto en el entorno natural.

En agosto de 2016, el Tribunal Superior de Justicia de la Región desestimó el recurso de la caja, que reclamaba 100 millones de euros al Gobierno regional por cambiar la normativa urbanística en La Zerrichera. El cambio de la normativa dio al traste con un macroproyecto gestado en 2005 y que contemplaba la construcción de 3.000 viviendas, un hotel de lujo, un campo de golf de 18 hoyos, todo ello sobre una superficie de 250 hectáreas.

Respecto a la situación de este último proyecto, Kutxabank responde que «el terreno de la operación en Águilas sigue en nuestro balance, saneado en su mayoría».

El derrumbe de la operación urbanística de Cartagena todavía provoca réplicas, aunque en este caso no afectan directamente a la entidad financiera. La Hacienda guipuzcoana ha instruido un expediente administrativo de apremio contra Lagilur -denominación anterior de Yeregui Desarrollo SL- «por deudas garantizadas ante esta Hacienda foral con garantía consistente en hipoteca inmobiliaria unilateral de fincas propiedad de terceros».

El departamento de Hacienda, consultado sobre el montante de la deuda, señaló que no podía aportar esta información por motivos de «confidencialidad». Por tanto, no es posible saber si la subasta de las once fincas de Cartagena que sirvieron como aval, y que saldrán a puja conjuntamente por 4.025.779 euros, cubrirá la deuda o no de los socios iniciales de Kutxa en el megaproyecto turístico con vistas al Mar Menor.