Miras redefine el modelo de VPO para construir más viviendas para jóvenes en solares públicos

Redefinir el modelo de vivienda protegida en la Región para dar más facilidades administrativas y económicas tanto a promotores como a compradores. Ese es el objetivo del decreto-ley en el que está trabajando el Ejecutivo regional, según anunció ayer el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, tras la celebración de un Consejo de Gobierno extraordinario en el Palacio de San Esteban.

En un contexto en el que la vivienda se ha convertido en uno de los principales asuntos de debate a escala nacional, con PSOE y PP lanzando distintos planes, el jefe del Ejecutivo lanzó «una medida pionera» denominada 'Vivienda Asequible de la Región de Murcia', que todavía se encuentra en una fase «incipiente» y que pretende consensuar con todos los actores implicados a lo largo de 2025. Se trataría, según López Miras, de poner a disposición de la iniciativa privada solares de titularidad pública para que levanten edificios y promover las reformas legales necesarias para eliminar las trabas que a día de hoy dificultan la promoción de viviendas protegidas.

En concreto, la Comunidad y los ayuntamientos ultiman un inventario de solares públicos susceptibles de albergar promociones inmobiliarias. Según informó Miras, ya se cuenta con 63 parcelas -la mayoría de ellas en Murcia, Cartagena y Lorca- en las que «desde ya» se podrían construir unas 1.634 viviendas. Además, los municipios disponen de suelo pendiente de gestión urbanística donde se podrían levantar más de 10.000 casas. El presidente avanzó que se estudiará «la adecuación de locales o edificaciones con uso terciario a residencial, reduciendo los plazos para esas modificaciones», y se facilitará la rehabilitación de edificaciones o urbanizaciones no terminadas, para poner esas viviendas en el mercado.

Por otra parte, la principal reforma administrativa sería la eliminación del requisito de calificación que requiere la vivienda protegida clásica. Según explicaron fuentes del Gobierno regional, actualmente los constructores de VPO tienen que presentar un proyecto detallando las características de la promoción (superficie, distribución de espacios, etc), tras el que se fija el precio máximo de venta y los requisitos de renta que deben tener los compradores. «Todo ello requiere de múltiples revisiones por parte de los funcionarios», aseguran desde la Comunidad.

En el nuevo modelo que propone Fernando López Miras, se suprime ese requisito de calificación y se sustituye por una declaración responsable donde queden acreditadas las condiciones de habitabilidad, seguridad y salubridad de la vivienda, siendo luego comprobados los requisitos de precio y renta durante el trámite final de venta o alquiler de la vivienda. «Se eliminan trámites administrativos redundantes y se reduce el intervencionismo, manteniendo la misma seguridad jurídica».

Las viviendas se dirigirán a personas jóvenes y de clase media de la Región cuya renta máxima no supere el valor de 6,5 veces el Iprem (lo que correspondería a 54.600 euros en 14 pagas), la misma limitación salarial que se pone en el modelo actual. Dado que el salario medio en la Región es de 20.000 euros, la gran mayoría de la población podría acceder a estas viviendas asequibles.

No obstante, con el objetivo de llegar todavía a más personas, la Comunidad estudia variar este umbral en función de condicionantes como si se trata de una familia con menores o personas con discapacidad a su cargo.

López Miras confía en que, con el nuevo modelo, «la tramitación sea más ágil», y resumió que el decreto ley «creará las condiciones para activar el mercado de la vivienda, movilizará suelo protegido y reducirá plazos para acelerar la construcción». Todo ello «huyendo del intervencionismo administrativo» que, a su juicio, practica el Gobierno de España, que solo ha conseguido «que haya menos viviendas y los precios suban».

No obstante, la medida anunciada por López Miras no convence a los partidos de la oposición. El secretario general del PSRM, José Vélez, considera que el presidente de la Comunidad «repite las mismas mentiras y los mismos mantras de siempre, con anuncios vacíos y promesas que nunca cumple y que, por supuesto, no sirven para resolver los problemas reales de la ciudadanía».

Por su parte, la portavoz de Podemos en la Asamblea, María Marín, calificó de «tomadura de pelo» el anuncio que, a su juicio, solo servirá «para que constructoras privadas hagan negocio con el suelo público».

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