La Comunidad licita por 24,3 millones la terminal intermodal de la ZAL de Murcia

El Consejo de Gobierno aprobó este jueves un contrato mixto de 24,3 millones de euros para la redacción del proyecto y la ejecución de la primera fase de las obras de la terminal intermodal en la Zona de Actividades Logísticas de Murcia (ZAL). Se trata de la construcción de un nodo logístico que estará vinculado al Corredor Mediterráneo y cuya inversión depende en un 70% de la Comunidad. El otro 30% restante proviene del Mecanismo Conectar Europa.

La obra permitirá subir los camiones al tren y así se conseguirá, según el Ejecutivo, «un transporte más ecológico», a la vez que se descongestionan carreteras en España y Europa.

Los trabajos consisten en la ejecución de una playa de vías electrificada, compuesta por la vía principal y otras dos vías con la función de espera, recepción y expedición. La terminal estará dotada de superficie para operaciones de carga y descarga del sistema ferroviario y tendrá una superficie dedicada al almacenamiento y manipulación de la mercancía y 114 plazas de estacionamiento.

También se ha previsto el control de accesos, un edificio logístico, ferroviario, un taller, así como el resto de servicios básicos para el funcionamiento de la terminal intermodal, como son agua potable, electricidad, comunicaciones y saneamiento.

Esta infraestructura está contemplada en los presupuestos generales de la Comunidad para 2024 con una inversión superior a los 29 millones de euros para la Ciudad Agroalimentaria y del Transporte (9,9 millones), su conexión ferroviaria en Murcia (12,4 millones) y un parking para camiones (6,7 millones de euros).

La aprobación de la inversión en la ZAL de Murcia llega después de que el consorcio del Depósito Franco, compuesto por el Ayuntamiento de Cartagena, la Cámara de Comercio, la Autoridad Portuaria y el Instituto de Fomento (Info) sacaran a licitación la fase uno del Centro de Transporte y Depósito Franco de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) de Los Camachos. Los licitadores tienen hasta el próximo día 21 de marzo para presentar su propuesta.

El Consejo de Gobierno también dio este jueves el visto bueno a una inversión de 238 millones de euros para el funcionamiento de la Universidad de Murcia (186,2 millones) y la Politécnica de Cartagena (51,9 millones). Estas cantidades representan un aumento de 18 millones (14,1 millones para la UMU y 3,8 millones para la UPCT) respecto al presupuesto asignado el año pasado. Es un 8% más que en el ejercicio anterior.

El incremento presupuestario responde a la necesidad de las universidades públicas de hacer frente al aumento a las cotizaciones a la Seguridad Social, los sexenios de investigación, quinquenios y trienios de toda la plantilla del personal docente.

En temas relacionados con Política Social la reunión semanal del Ejecutivo autorizó destinar 2,2 millones de euros al servicio de ayuda a domicilio a personas dependientes en los municipios de Totana (1,7 millones) y Archena (484.000 euros).

El contrato estará vigente del 1 de abril de 2024 al 31 de mayo de 2026 y se dedicará a prestar servicios relacionados con la limpieza del hogar, la cocina y ayuda a la movilidad, entre otros.

La Comunidad ha asignado este año 16. 411.169 euros a promover la permanencia de las personas en sus hogares a través del servicio de ayuda a domicilio, del que se benefician en la actualidad más de 3.000 personas dependientes de la Región. La dotación presupuestaria para este ejercicio se ha incrementado un 20% respecto al año anterior.

Por último, el consejero Juan José Pedreño presentó en el Consejo de Gobierno un informe sobre las oposiciones al Servicio Murciano de Salud (SMS) que concluye que 41.680 opositores se han presentado, entre el 16 de septiembre de 2023 y este 3 de marzo, a los exámenes de las Ofertas de Empleo Público de 2019, 2020, 2021, y al plan de Estabilización de Empleo Temporal 2021 del SMS. Se ofertaron 2.654 plazas para 83 categorías profesionales.

El Consejo de Gobierno aprobó una partida de 524.000 euros para el cribado del cáncer de mama en el municipio de Murcia. Las mamografías se harán a mujeres de entre 45 y 74 años y el contrato estará vigente del 31 de julio al 31 de diciembre de este año, aunque podría ser prorrogado nueve meses.

Ajustes en la Renta Básica. Política Social llevó al Consejo de Gobierno la modificación del anexo 1 del convenio suscrito con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para ajustar a la realidad de ejecución los itinerarios de inclusión activa dirigidos a las personas perceptoras del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y de la Renta Básica de Inserción (RBI), así como a quienes están en especial situación de vulnerabilidad.

Programa para alumnos con necesidades especiales. Salió adelante el convenio tipo para que las entidades interesadas puedan desarrollar programas de intervención educativa en centros públicos, durante cuatro años (prorrogable). Son programas destinados al alumnado con necesidades específicas de apoyo que curse enseñanzas de Educación infantil o educación básica. La Consejería facilitará la colaboración de los centros educativos con las entidades que suscriban los convenios; garantizará que la dirección del centro autorice la entrada de los profesionales de la asociación y que los padres acepten la participación de sus hijos en los programas.

Trámites 'online' en la Agencia Tributaria. A propuesta de Economía, la reunión del Ejecutivo aprobó el convenio tipo de colaboración para la realización de trámites 'online' con la Agencia Tributaria. Así, determinadas compañías (en función del número de operaciones tributarias que deban realizar) podrán presentar el pago de autoliquidaciones y otros documentos con transcendencia tributaria en representación de terceras personas.

Amnistía. Como es habitual en las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Gobierno, Ortuño inició su intervención con una alocución, esta vez dedicada a la ley de amnistía, que como ha dicho en numerosas ocasiones, «vulnera la igualdad entre españoles». En esta ocasión hizo hincapié en que la nueva norma se tramita en una comisión, la de Justicia, en el Congreso, que preside un socialista murciano (Francisco Lucas).

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