La retirada del decreto de Atención Temprana desespera a miles de familias

La decisión de paralizar el esperado decreto se ha tomado después de que haya resultado «imposible tramitar las necesarias enmiendas a los presupuestos y los diferentes obstáculos» que el departamento que dirige la vicepresidenta del Gobierno regional, Isabel Franco, se ha ido encontrando para tratar de sacar adelante el proyecto. En esas condiciones, Franco ha optado por frenar y reiniciar unas negociaciones que a miles de familias se les antojan eternas. Política Social retira así el actual decreto, que «pretendía convertir la Atención Temprana en un servicio gratuito y universal para la ciudadanía, y que equiparaba a todos los municipios, dotando además de estabilidad a las diferentes entidades y personal implicados». Según la propia Consejería, a la imposibilidad material de tramitar las enmiendas a los Presupuestos necesarias para su puesta en marcha se unen los informes jurídicos contrarios por parte de la Asamblea Regional».

Otro de esos obstáculos es el rechazo de la Plataforma en Defensa de la Atención Temprana, que está convencida de que el decreto hubiera generado «la ralentización de la burocracia para acceder al servicio, que provocaría listas de espera interminables». Además, denuncia, el articulado ahora paralizado deja fuera de la atención a los menores no diagnosticados, pero con factores de riesgo de padecer una patología. «Precisamente la atención temprana es la que puede evitar que la enfermedad debute», aseguró ayer Pepa López, una de las portavoces de la plataforma.

Esos posibles problemas, consideran las entidades Cermi y Plena Inclusión, que llevan años reclamando la aprobación del decreto, podrían haberse ido corrigiendo a posteriori. Así lo reivindica el presidente de Plena Inclusión, Joaquín Barberá, quien recuerda que «la mayoría de los centros votaron a favor de la aprobación del decreto», y se pregunta «a quién representan» los miembros de la Plataforma de Atención Temprana que apoyan la paralización. «Todos esos aspectos se pueden corregir sobre la marcha, cuando el decreto ya esté en vigor», coinciden los portavoces de las dos organizaciones que han trabajado durante años en la elaboración de esa normativa. Para ambas, «lo más importante era la aprobación de la norma lo antes posible para que las familias puedan acceder a la universalidad y la gratuidad de la Atención Temprana de una vez por todas», reclamó ayer el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) en la Región de Murcia, Pedro Martínez, quien recordó que «la atención temprana contempla solo hasta los seis años. Así, hay muchas familias que han visto cómo nacían sus hijos en un momento en el que ya se prometía la universalidad y la gratuidad de la Atención Temprana, pero la aprobación del decreto se ha demorado tanto que estos menores con necesidades especiales han cumplido ya los seis y los siete años y no podrán beneficiarse de la normativa».

Las vacilaciones y cambios de criterio de la Administración regional en la tramitación del decreto han sido constantes desde que en 2017 la entonces consejera Violante Tomás presentara el reglamento ahora rechazado. En un primer momento, se pretendió que la gratuidad del servicio estuviese contemplada dentro del articulado de la ley de Presupuestos, aunque la Consejería de Hacienda se opuso. Tras plantearse como decreto con la participación de las consejerías de Educación y Salud, hubo «reparos» por parte de los servicios jurídicos. Con esta decisión, la Región sigue siendo la única comunidad de España sin una normativa de este tipo y con varios borradores en la papelera.