«Algunos residentes venían llorando porque les habían sacado 1.500 euros o más»

Julián L., hijo de los responsables del centro, arrestado. /n. garcía / agm
Julián L., hijo de los responsables del centro, arrestado. / n. garcía / agm

La intervención del responsable municipal del Semas fue decisiva para acotar los presuntos desmanes cometidos en una residencia de ancianos

Ricardo Fernández
RICARDO FERNÁNDEZ

El pasado 26 de febrero, José Morales, responsable del Servicio de Emergencias Móvil y Atención Social (Semas) del Ayuntamiento de Murcia, recibió una llamada de los empleados de la oficina de Bankia en la avenida de la Libertad. Querían alertarle de que una clienta de la entidad, una anciana a la que conocían desde largo tiempo atrás y a la que habían ido viendo deteriorarse física y mentalmente por el avance del alzhéimer, había acudido en los últimos tiempos a la oficina para extraer dinero de su cuenta. En todas las ocasiones, esa mujer mayor -a la que identificaremos como C.- iba acompañada de una mujer desconocida, «que ni era familiar cercano ni mostraba ningún tipo de poder notarial o acreditación», y que no disimulaba su malestar cuando el personal de la entidad ponía objeciones para entregarle el dinero que la titular reclamaba.

Lo más preocupante, en consideración de los trabajadores del banco, era que C. «se mostraba afectada por algún tipo de medicación, como drogada y desorientada», lo que les hacía sospechar que había sido «sedada».

El aviso no cayó en saco roto y el jefe del Semas comenzó a realizar averiguaciones y, tras contactar con una sobrina de la mujer, averiguó que se encontraba internada en la residencia ILE de la calle San Antonio de Murcia, que padecía alzhéimer en una etapa muy avanzada (fase 4) y que estaba inmersa en un proceso judicial de incapacitación, instado por sus familiares. Algo que no había impedido que les llegaran noticias de que estaba siendo acompañada por personas desconocidas hasta las oficinas de Bankia y también del BBVA, con el objetivo de extraer dinero de las cuentas, e incluso que la habrían acompañado a una vivienda que la anciana tiene en La Manga del Mar Menor. «Estoy firmemente convencida de que están tratando de lucrarse con mi tía», le dijo, a modo de conclusión.

Después localizó a un sobrino y las sospechas arreciaron. Ya no perdió el rastro de esa residencia, hasta que el pasado día 7 volvieron a llamarle desde el banco para informarle de que había telefoneado la desconocida que siempre acompañaba a la anciana. «Nos acercaremos más tarde a recoger 35.000 euros que tiene en su cartilla», les había hecho saber.

José Morales no se lo pensó. Tal como consta en la denuncia que más tarde presentó, y que forma parte de las diligencias policiales a las que 'La Verdad' ha tenido acceso, se desplazó rápidamente hasta la entidad y se topó allí con C., a la que acompañaban un hombre y una mujer. Los empleados del banco se negaron a entregarles el dinero y la pareja se marchó, llevando con ellos a la anciana.

De forma discreta, el responsable del Semas les siguió a distancia y les vio entrar en un edificio de la plaza Circular en el que hay dos notarías. Temiendo que pudieran intentar que C. les firmara algún poder o escritura, les abordó mientras les mostraba su carné profesional. El hombre, más tarde identificado como el dueño de la residencia, el hoy detenido J.R.L.G., se le encaró: «¿Qué pasa?», le retó, mientras instaba a su esposa a llamar rápidamente a su abogado.

«No quiere veros»

Lo que hizo Morales fue requerir la intervención de un policía local, quien instó a la pareja a identificarse y, tras una inicial negativa, le mostraron su documentación cuando el letrado Fermín Guerrero Faura así se lo aconsejó. J.L.R.G. aseguró entonces que la anciana mantenía una deuda con su residencia y que por eso intentaban sacar dinero.

Antes de abandonar el lugar, volvió a mostrarse retador con el responsable de Atención Social: «¿Tenéis algo más que decir?». Morales le instó a cejar en esos intentos de sacar dinero de las cartillas de C.. Poco después, ya en su despacho, telefoneó al sobrino de la anciana y este desmintió que se debiera dinero. «Los pagos están al día», le dijo.

Contactó luego con la Consejería de Familia y allí le confirmaron que la residencia no tenía licencia. Tenía en su mano cuanto necesitaba y no iba a quedarse cruzado de brazos. Menos todavía cuando dos días después, los familiares de C. acudieron a hablar con ella y los responsables del establecimiento les negaron el acceso: «¡Que no quiere veros, que os vayáis!», les dijeron.

En la confitería de enfrente, los empleados les confirmaron que allí dentro pasaban cosas raras. «Varias veces nos han llegado residentes llorando porque les habían sacado del banco 1.500 euros o más, sin su consentimiento», dijeron a los integrantes de un equipo del Semas.

Morales se presentó en la Jefatura Superior de Policía y presentó una denuncia, al igual que los parientes de C., con la que se desencadenó toda la operación. El matrimonio que gestiona la residencia y uno de sus hijos permanecen detenidos.