La Comunidad firma la paz con las residencias tras los cambios en Política Social

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, acudió a la entrega del premio Bastón de Oro por parte de la Asociación de la Dependencia de la Región de Murcia (Adermur) a la senadora Violante Tomás, exconsejera de Política Social, «por su condición humana y su espíritu de sacrificio en pro de los más desfavorecidos, tanto en el sector de discapacidad como en el de personas mayores». Por allí estaba ya la nueva consejera de Política Social, Conchita Ruiz, cuya hoja de servicios viene a ser un bálsamo de Fierabrás para el sector en comparación con la gestión desarrollada por su predecesora, Isabel Franco. En el 'photocall' todo eran sonrisas. Ninguna lágrima. El encuentro entre López Miras y el presidente de Adermur era el primero en muchos meses después de varias peticiones de reuniones –sin éxito– por parte de las asociaciones mayoritarias al propio presidente, a través de cartas enviadas directamente a San Esteban y que no obtuvieron respuesta, suplicando al presidente de la Comunidad que se hiciera cargo de los compromisos adquiridos por la Consejería de Política Social para atender las necesidades de los centros, que llegaron a advertir del posible deterioro de la calidad asistencial a los mayores ante la falta de respuestas del Gobierno regional.

Unas residencias que, a unas pocas semanas de terminar el año pasado, seguían denunciando la «agónica» situación económica en que se encontraban tras hacer frente a los gastos extraordinarios generados por la pandemia, mientras seguían esperando las ayudas prometidas en 2020. Además, tenían que asumir la subida salarial de los trabajadores pactada por convenio, por no hablar del incremento de los costes generado por la inflación. Tampoco tenían actualizado el precio por plaza concertada del año pasado, como había prometido la titular del departamento, Isabel Franco, con quien los responsables del sector han tenido continuos desencuentros en los últimos años. «No tenemos un interlocutor válido», llegaron a elevar el tono los responsables del sector entre ola y ola de coronavirus.

Pero todo cambió de manera sustancial con la aprobación de los Presupuestos para 2023, donde se recogían muchos de los gastos comprometidos con las residencias. Y, sobre todo, con el relevo de Franco al frente de la Consejería de Política Social y la entrada de Conchita Ruiz, que tiene ganado al sector de antemano por su gestión anterior en diferentes puestos de responsabilidad relacionados con la Dependencia. De hecho, una de las primeras decisiones que ha tomado la nueva consejera es reunirse, este miércoles, con los responsables de las asociaciones mayoritarias de las residencias de mayores. Una reunión en la que se podrá ver de nuevo el humo de la pipa de la paz entre el sector y el Gobierno regional, para regocijo del presidente a pocas semanas de la cita con las urnas.

Pero no es oro todo lo que reluce. Aunque fuentes del sector consultadas por LA VERDAD reconocen que la situación económica de los centros ha mejorado sensiblemente desde el mes de diciembre, «y ya no es tan preocupante», aún están pendientes ayudas por los gastos de la pandemia de 2020 y 2021. La subida del precio por plaza de 2022 y 2023 cubre la subida salarial de los trabajadores, «pero no compensa, ni de lejos, los incrementos de costes que estamos sufriendo, como todo hijo de vecino. Este mes hemos pagado 15.000 euros de calefacción y 10.000 de luz, cuando el año pasado hubiera sido la mitad», cifra un director de una residencia de mayores de la Región. Capítulo aparte merecen los fondos 'Next Generation' destinados a los centros de mayores, «que nadie sabe dónde están, ni Paco Lobatón», ironizan las mismas fuentes.

Estas y otras cuestiones hacen creer a los responsables de los centros consultados por este periódico que el sector tendrá que seguir «mendigando» mayor consideración para las residencias de mayores por parte del Gobierno regional, «que nunca nos ha tenido en su agenda política en sus últimos años, al contrario de lo que ha ocurrido con el sector de la Discapacidad», critican.