La Región suma 114.000 personas más en riesgo de pobreza que antes de la crisis

Más aún, a finales de 2016 (último año con datos disponibles en el informe) había más población en situación vulnerable que en 2011, 2012 o 2013, cuando la Región estaba sumida en plena recesión. En todo caso, la evolución de los últimos años es esperanzadora, a juicio de Antonio Losa, profesor del departamento de Economía Aplicada de la UMU y autor principal del estudio. «En solo dos años, el número de personas que vive en riesgo de pobreza y exclusión se ha reducido en casi 150.000», destacó ayer, durante la presentación del informe. Es una mejoría más pronunciada que la registrada de media en España, aunque la Región parte de unas bolsas de exclusión muy superiores.

La Consejería de Familia, que cuestionó el año pasado la validez de los datos del INE de los que parte el estudio, celebra ahora la reducción que refleja la estadística. Mientras, Diego Cruzado, presidente de EAPN, advirtió de que «para sacar a la gente de la pobreza no es suficiente con generar trabajo y riqueza; se necesitan políticas redistributivas». Quienes en estos últimos años han dejado atrás el riesgo de pobreza son mayoritariamente personas «cuya situación no estaba excesivamente deteriorada y con acceso al empleo», subraya el informe. Por el contrario, «cuando la ausencia e inestabilidad del empleo se ha prolongado en el tiempo, las situaciones de vulnerabilidad social se han agravado y cronificado».

Las altas tasas de pobreza en Murcia se explican no solo por los índices todavía elevados de paro, sino también, y en buena medida, por la precarización del empleo. El 32% de la población en riesgo de pobreza tiene un puesto de trabajo. «La abundancia de empleos con bajos salarios y el elevado porcentaje de contratos precarios» son la clave. La existencia de personas «que, teniendo un trabajo, viven bajo el umbral de la pobreza no es nuevo; sin embargo, la crisis económica, los recortes en prestaciones sociales y las transformaciones del mercado de trabajo han incrementado y visibilizado estas situaciones». La zona de vulnerabilidad y precariedad social se ha ensanchado en la última década. El riesgo de pobreza afecta al 47,7% de las personas separadas (muchas de ellas padres o madres monoparentales), al 48% de los trabajadores inmigrantes, al 40% de quienes viven en hogares de cinco miembros o más, y al 57% de quienes disponen de un contrato eventual o temporal.

Son especialmente vulnerables los jóvenes con bajo nivel formativo, «atrapados entre la formación y la experiencia». También «los trabajadores mayores de 45 años con trayectorias inestables previas a la crisis que han transitado desde la inestabilidad al desempleo de larga duración». Asimismo, los trabajadores inmigrantes del sector agrícola han visto deteriorada su situación: se ha intensificado su «precariedad e invisibilidad». Los hogares monoparentales compuestos por una madre migrante con hijos están también más expuestos a la amenaza de la pobreza, según el estudio.

Se constata que «la formación no es sinónimo de empleo estable y ajustado a la cualificación adquirida», pero no disponer de dicha formación «bloquea el acceso al empleo» o lleva a que el trabajo sea «temporal o precarizado». Lo demuestran los datos: el 26% de las personas bajo el umbral de la pobreza no tienen estudios primarios, y otro 41,5% solo dispone de estudios secundarios de primera etapa.

El riesgo de pobreza se concreta en las dificultades de muchos hogares murcianos para llegar a fin de mes. Así, el 47,9% no dispone de recursos suficientes para asumir un gasto imprevisto de 650 euros o más. El 48,7% no puede permitirse unas vacaciones de, al menos, una semana, y el 3,9% no puede llevar una dieta que incluya carne, pollo o pescado cada dos días. El 10,7% de los hogares no disponen de ordenador porque no cuentan con ingresos suficientes. El 7% de las familias no tienen coche por la misma razón. La pobreza energética alcanza a más de 77.000 hogares murcianos, según el estudio (la factura de la luz se lleva más del 10% de los ingresos de estas familias). Casi el 20% de las viviendas de la Región no se calientan convenientemente en invierno también por falta de recursos.

La puesta en marcha de la renta básica de inserción, el año pasado, ha mejorado la cobertura para quienes se quedan sin ingresos y sin acceso al sistema de protección por desempleo de larga duración o porque nunca han cotizado. Así lo destacó la directora gerente del IMAS, Verónica López.