La Región, octava comunidad con mayor tramitación de proyectos para incorporar fotovoltaicas

En concreto, la Región Murcia tiene en tramitación proyectos para incorporar electricidad a las redes de transporte y distribución que en total suman 4.145 MW, de los que 4.095 corresponden a instalaciones fotovoltaicas (el 98,8% del global), frente a otras con 50 MW correspondiente a energía termosolar.

De hecho, la potencia de los múltiples pequeños proyectos fotovoltaicos para los que los murcianos tienen solicitudes tramitándose para conectarse a las redes equivaldría a la necesaria para surtir a unas 1.636 viviendas de consumo medio. Para hacernos una idea, una población de más de 5.400 habitantes.

Más aún, Murcia está en el grupo de cabeza de las comunidades autónomas que están liderando este despegue de la fotovoltaica, siendo pese a su menor superficie la octava región en dicho ránking detrás de Andalucía, Castilla y León, Castilla La Mancha, Aragón, Extremadura, Comunidad Valenciana y Madrid.

Estos datos no contemplan los también numeros proyectos que se están construyendo para autoabastecimiento en instalaciones, viviendas y negocios, pero sin necesidad de conexión a la Red, algo que previsiblemente dispararía la cifra de potencia fotovoltaica que están instalando en Murcia.

Además, los números muestran a las claras el despegue del sector de la energía fotovoltaica en pocos meses, a un ritmo que ha sorprendido a los propios expertos y que dejan al alcance de la mano el que el próximo año el 20% del consumo energético total del país deba generarse por renovables, el 42% dentro de una década.

Al respecto, en España, los proyectos fotovoltaicos cuyas solicitudes de 'enganche' están en tramitación por REE suman 109.298 MW (el 76,8% del total que se gestionan), lo que equivaldría a la potencia para mantener a 43.720 viviendas o una ciudad de más de 140.000 habitantes.

Este cambio de tendencia tuvo su origen en la decisión del Gobierno en abril del pasado año y particularmente en octubre, cuando entró en vigor una nueva regulación que permite a los particulares el libre acceso a la producción y venta de energía solar fotovoltaica, eliminando las barreras económicas cargas y peajes a la energía autoconsumida y a los sistemas de almacenamiento, todo ello coincidiendo con un salto tecnológico en los últimos años que han abaratado algunos elementos de las instalaciones fotovoltaicas hasta en un 80%.