No es región para lujos
Por una vez pensemos en las consecuencias futuras de lo que colectivamente hagamos hoy. Los partidos y los agentes sociales deberían tener una posición común en la negociación del nuevo modelo de financiación y defenderla sin fisuras
Con su peculiar sentido del humor, el escritor y periodista Julio Camba decía hace un siglo que «hay países con una intensa vida económica que pueden permitirse el lujo de cambiar frecuentemente de ministros, así como un hombre rico cambia frecuentemente de automóvil. Pero nosotros no estamos en el mismo caso». Aunque cien años después continuamos sin salir de pobres en algunos territorios de España, ahora sí que nos podemos permitir cambiar frecuentemente de consejeros autonómicos, que viene a ser como un ministro, pero de andar por casa. Basta con echar un vistazo a la composición de los gobiernos regionales de las últimas dos décadas y media para comprobar el ir y venir de consejeros, pese a que solo hubo ejecutivos monocolores (azul PP) desde 1995 a 2019. 'Caballos de refresco' ciertamente no faltaron y, sin embargo, no se desvanece la sensación general de que los grandes problemas de los murcianos están, más o menos, como hace cinco lustros: sin resolver. Algunas de las rémoras más persistentes tienen profundas raíces, aunque solo se manifestaron con la crisis, como el lastre de una financiación insuficiente para la prestación de los servicos básicos del Estado del bienestar. Especialmente acuciante es el creciente volumen de dinero necesario para mantener la sanidad pública, que en nuestro particular caso arrastra el peso muerto de una deficiente y apresurada negociación de las transferencias sanitarias entre el Ejecutivo de Valcárcel y el Gobierno central. Así, cada año se aprueban los Presupuestos de la Comunidad sabiendo que los números del Servicio Murciano de Salud son irreales, que se cerrará el ejercicio con un déficit millonario y que el Tribunal de Cuentas nos dará el enésimo capón en el correspondiente informe de fiscalización.
El actual modelo de financiación autonómica, caducado y pendiente de negociación desde hace ya seis años, nos perjudica de manera indiscutible, aunque esa circunstancia no debería utilizarse como burladero político porque, siendo ese injusto reparto la principal causa del déficit y la deuda de la Comunidad, no es el único factor. De nada sirve una financiación suficiente si no va acompañada de una buena política fiscal, una correcta contención del gasto corriente y una gestión económica eficaz bajo la supervisión de las consejerías de Hacienda. Algunos políticos que asumieron esa responsabilidad, como Juan Bernal, lo tuvieron muy claro y actuaron con rigor. No era fácil tomar medidas en aquellos tiempos: el control del déficit en todo el país acarreó recortes salariales en funcionarios, la salida de miles de interinos, copago por medicamentos y dependencia, subidas de impuestos y, sobre todo, mucho paro. No fue el único que se tomó realmente en serio el control del déficit. Otros, por el contrario, lo hicieron rematadamente mal. En estos años se ha visto de todo. Presupuestos con escenarios macroeconómicos de trazo grueso o inflados en los ingresos con fondos sin garantizar, como los derivados de la venta de amarres e inmuebles. Emisiones de bonos 'patrióticos' que solo reportaron beneficios a la entidad financiera que medió en la operación. O múltiples fallos de planificación, gestión y ejecución presupuestaria. Las decisiones tomadas entre 2004 y 2008 sobre grandes infraestructuras, como la desaladora de Escombreras o el aeropuerto de Corvera, también tensionan las cuentas de la Región. El terremoto de Lorca fue un desastre inesperado que condicionó las inversiones regionales durante años, pero no actuar a tiempo cuando la CHS advirtió en 2010 de los vertidos de nitratos al Mar Menor está teniendo consecuencias graves para las arcas públicas, amén de las medioambientales.
En los últimos ocho años, el déficit se ha reducido a la mitad, pero seguimos lejos de los objetivos fijados. La lista de factores que nos han conducido hasta hoy, con la Comunidad intervenida por incumplir los plazos de pago a proveedores, es, por tanto, larga, diversa y desde luego muy discutible, pero en la negociación del futuro modelo de financiación los partidos y agentes sociales de la Región deberían tener una posición común y defenderla sin fisuras porque en juego está el marco financiero de esta próxima década. Por una vez, pensemos en las consecuencias futuras de lo que hagamos colectivamente hoy. No será fácil por el mal entendimiento entre Madrid y Murcia.Ambas partes tienen su cuota de responsabilidad al politizar de manera partidista problemas que preocupan a los ciudadanos, rehuyendo la colaboración para hallar soluciones. El ninguneo de Pedro Sánchez a López Miras rebasa los límites de lo políticamente admisible porque, guste más o menos, es el presidente de todos los murcianos. El propio López Miras tampoco debería olvidar en todo momento que esa es su condición y su responsabilidad. Tan improcedente parece que Hacienda bloquee un préstamo solicitado por el Gobierno regional al BEI para encarar los estragos de la DANA y del Mar Menor como el recurso al victimismo como única respuesta política de San Esteban. Lo cierto es que mientras unos y otros tratan de convencer a la opinión pública de que la culpa es del otro, exclusivamente para desgastarlo, los problemas se pudren. Y ese sí que es un lujo que no nos podemos permitir.