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Jueves, 1 de enero 1970
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La agresión machista ocurrida la noche del martes en Molina de Segura pone de manifiesto una lacra creciente en la Región. Así lo certifican los datos del Observatorio Nacional contra la Violencia Doméstica y de Género: Murcia lideró durante el segundo trimestre de 2018 la ratio nacional de denuncias, con 14,3 por cada 10.000 habitantes. A lo largo de este periodo, los juzgados murcianos con competencias en violencia sobre la mujer recibieron 2.117 denuncias, lo que supone 111 más respecto a las que se presentaron en el mismo periodo del año anterior.
El Observatorio cifra en 1.574 las mujeres que residen en la Región y que figuran oficialmente como víctimas de violencia de género. De todas ellas, un total de 940 eran españolas (59,7%) y 634 de nacionalidad extranjera (40,3%).
2.117 denuncias se interpusieron en el segundo trimestre de 2018, lo que supone 111 más que en el mismo periodo de 2017.
305 órdenes de alejamiento se dictaron en el segundo trimestre.
194 casos de suspensión del régimen de visitas del padre a sus hijos por cometer malos tratos.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás, defendió que «no es que Murcia sea una comunidad autónoma donde hayan más casos, sino que las mujeres que sufren esa violencia, se atreven más a denunciar, porque saben que están más protegidas y tienen más libertad para ir a los Cavi (Centros de Atención Especializada para Mujeres Víctimas de Violencia)». La consejera analizó los datos del Observatorio durante su asistencia en Molina de Segura a la concentración convocada en repulsa por el episodio ocurrido en una casa de la calle Saavedra Fajardo. En este inmueble, un ecuatoriano trató de matar a la madre de sus dos hijos y después se quitó la vida.
La alcaldesa, Esther Clavero, se mostró más crítica que la consejera ante el incremento del 5,2% en el número de denuncias que se han interpuesto. «Cada día hay más casos, por lo tanto, algo no se está haciendo bien, son muchísimas las mujeres: no hay clase ni condición, cualquier mujer puede ser víctima potencial de una agresión machista».
La socialista Clavero reclamó «más recursos» contra esta problemática, especialmente en el ámbito de la educación. También instó a todas las administraciones públicas «a repensar las políticas que se están poniendo en marcha, para que sean efectivas y redirigirlas para que luchar contra esta lacra sea una cuestión de Estado».
Los datos del Observatorio también evidencian que, entre abril y junio del año en curso, los órganos judiciales acordaron 305 órdenes de protección de las 422 que fueron solicitadas. Esto sitúa a la Región con una ratio del 26,8% de mujeres que sufren malos tratos y que tienen una orden de protección.
Los órganos judiciales también adoptaron otras medidas cautelares para salvaguardar la integridad de las víctimas. En el ámbito penal se dictaron 305 órdenes de alejamiento y 315 de prohibición de comunicación. En cuanto a las medidas civiles de protección, se emitieron 198, de entre las que destacan las de atribución de la vivienda (68) y de prestación de alimentos (73). En siete casos, se suspendió judicialmente la guarda y custodia de los hijos y en 194 se hizo lo mismo con el régimen de visitas del padre.
La presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, valoró positivamente «la consolidación de la tendencia de incremento de la cifra de condenas a maltratadores, tras el aumento interanual de más de un punto porcentual».
De esta lacra tampoco se escapan los menores de edad, ya que en los juzgados de menores de la Región se juzgó a seis jóvenes por delitos de violencia contra la mujer y a uno por un delito leve o falta. «Una vez más, el mensaje a trasladar a la ciudadanía tiene que ver con que, pese a todos los imponderables que coexisten en una materia tan sensible como es la violencia de género, no hay impunidad alguna».
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