La Región de Murcia y la Diputación de Alicante refuerzan su frente común por el Trasvase
Coordinarán sus actuaciones administrativas y judiciales contra el aumento de caudales ecológicos del Tajo
La Región de Murcia y la Diputación de Alicante escenificaron este lunes un nuevo paso en el refuerzo de su frente común en defensa del Trasvase Tajo-Segura, centralizado esta vez en la lucha contra la propuesta del Consejo Nacional del Agua de aumentar los caudales ecológicos del Tajo. El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y el de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, anunciaron, tras un encuentro de trabajo mantenido en el Palacio de San Esteban, sede del Gobierno regional, la firma de un acuerdo bilateral para ir de la mano en todas aquellas acciones administrativas y judiciales que se consideren oportunas. Su objetivo es intentar detener el aumento gradual de los caudales ecológicos del Tajo que propuso el pasado 29 de noviembre el Consejo Nacional del Agua, para pasar de los 6 metros cúbicos por segundo actuales a 7 en 2025, 8 en 2026 y 8,65 en 2027, y que supondrá, en la práctica y según denunció el presidente regional, un «recorte del 50% del Trasvase Tajo-Segura».
López Miras destacó que la decisión evidencia «un nuevo menoscabo», otro «desprecio» a los intereses de la Región de Murcia y de la Comunidad Valenciana que el Gobierno de la nación viene materializando «decisión tras decisión» hasta rozar «límites insoportables», defendió el líder del Ejecutivo autonómico. «La Región de Murcia no puede subsistir con este recorte y me costaría mucho imaginar que España pudiera hacerlo», señaló López Miras, que recordó que esta infraestructura riega «el 70% de las frutas y hortalizas que exporta España», un comercio exterior que supone más de 20.000 millones de euros.
Además, subrayó que la propuesta se ha adoptado sin que haya «un solo informe técnico ni científico que justifique que elevando los caudales ecológicos se produce un beneficio medioambiental en el Tajo», motivo por el que consideró que la única explicación para adoptar esa posición se tiene que basar en criterios «políticos y partidistas».
El acuerdo entre la Comunidad y la Diputación de Alicante implica el compromiso para establecer una estrategia única de análisis técnico y jurídico de las decisiones que se adopten y que puedan repercutir en los trasvases entre el Tajo y el Segura. De hecho, Miras anuncia que ya están trabajando para presentar alegaciones a la propuesta en el Consejo de Estado, siguiente paso antes de que la decisión sea abordada por el Consejo de Ministros. En esas alegaciones, uno de los principales argumentos será la ausencia de justificación técnica para sostener una mejora del Tajo con el aumento de los caudales ecológicos.
La deuda histórica del agua
Por su parte, Carlos Mazón acusó al presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig -que se abstuvo en el Consejo Nacional del Agua-, y a los socialistas murcianos de ser «cómplices de la estrategia de acabar con el Trasvase». Además, señaló que el Gobierno de la nación ha creado «una nueva deuda histórica del agua» con el Levante, que ha supuesto la pérdida de 590 millones de euros en términos de valor añadido bruto desde 2018, según justifican los informes del Instituto Euromediterráneo del Agua, que el catedrático Joaquín Melgarejo presentó en el mismo acto.
López Miras adelantó que si, pese a los informes con que cuentan, el Consejo de Ministros accediera a recortar el Trasvase, la Comunidad y la Diputación acudirán «al Supremo o a cualquier otra instancia judicial oportuna» para evitarlo.
El presidente regional considera que la decisión del Consejo Nacional del Agua es todavía «reversible» y asegura que quien puede hacerlo es el presidente Pedro Sánchez «tomando una decisión diferente en el Consejo de Ministros».
El apoyo andaluz
Tanto Mazón como López Miras se señalaron respectivamente como principales aliados en la defensa del Trasvase. Al ser cuestionado por la ausencia del presidente de Andalucía, Juanma Moreno, en el acuerdo firmado este lunes, pese a ser Almería uno de los territorios afectados por el recorte del Trasvase, López Miras destacó que, en dos recientes reuniones mantenidas con él en Sevilla y en Almería, uno de sus principales mensajes fue «la unidad de acción» en este asunto. «No tenga duda de que la Junta de Andalucía está en esta causa», concluyó.
El Instituto del Agua lamenta las «decisiones arbitrarias» del Ministerio
El catedrático y director del Instituto Euromediterráneo del Agua, Joaquín Melgarejo, repasó de forma previa a la comparecencia de López Miras y el presidente de la Diputación alicantina, Carlos Mazón, las principales cifras de los últimos informes elaborados por la institución respecto al Trasvase, que concluyen que el incremento de los caudales ecológicos recogidos en la propuesta del Plan Hidrológico del Tajo supondrán la pérdida de 15.322 empleos y de 5.692 millones de euros en la cuenca del Segura, como informó LA VERDAD en el mes de mayo.
Durante su intervención, Melgarejo catalogó las decisiones de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, de «arbitrarias» cada vez «que el Trasvase Tajo-Segura se ha encontrado en el nivel 3 de las reglas de explotación». En este sentido, recordó que, «desde su toma de posesión en junio de 2018 hasta septiembre de 2022», en 20 ocasiones en las que el Trasvase ha estado en dicho nivel, «por distintas razones no suficientemente justificadas, ha reducido los caudales para la cuenca del Segura».
El catedrático estimó que, en ese periodo, el total de recursos que se han dejado de trasvasar, pese a que contaban con el informe positivo de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, se eleva a 147,3 hectómetros cúbicos, «produciendo unos efectos negativos sobre el valor añadido bruto de la cuenca del Segura de 590 millones de euros», afirmó.
Estos cálculos los realiza el Instituto del Agua a través de un análisis del impacto de cada hectómetro cúbico que se deja de trasvasar en la zona, que estima en una pérdida de 4 millones de euros y una repercusión negativa sobre el empleo de 86 puestos de trabajo.
Melgarejo también lanzó críticas contra el presidente valenciano Ximo Puig, al tildar de «incomprensible» su decisión de abstenerse en el Consejo Nacional del Agua a la hora de votar el aumento de los caudales ecológico del Plan Hidrológico del Tajo.
De salir adelante esta decisión, producirá una merma de caudales para el regadío de la demarcación hidrográfica del Segura de 105 hm3, estimó Melgarejo, lo que conllevará «la pérdida del 15,62% de la superficie de regadío, una extensión cercana a 27.000 hectáreas que dejarían de cultivarse o que tendrían que buscar otras alternativas». Además, apuntó que la pérdida de puestos de trabajo y de la actividad comercial asociada al regadío también implicaría una repercusión subsidiaria en la recaudación de las administraciones públicas por conceptos como el IRPF, la Seguridad Social o el IVA, entre otros. Aunque la consecuencia «más grave», según advirtió, será «el incremento del déficit estructural de la cuenca del Segura», que «llegará a alcanzar los 309 hm3 en 2027». «Ni siquiera con las medidas que recoge el Plan Hidrológico del Segura, como el incremento de las desalinizadoras, se corrige mínimamente esta merma», alertó el experto.
