Los regantes del Trasvase protestarán el 11 de enero frente al despacho de la ministra
La concentración coincidirá con la inminente aprobación de los planes de cuenca y el Levante exigirá que no se recorten las transferencias del Tajo
La tercera movilización de los regantes en contra del recorte del Trasvase Tajo-Segura tendrá lugar en Madrid el 11 de enero, miércoles, frente a la sede del Ministerio para la Transición Ecológica, según anunció el Sindicato de Regantes (Scrats). La protesta en la capital de España se producirá después de las concentraciones que se realizaron ante la Delegación del Gobierno en Murcia y el palacio de la Generalitat Valenciana.
Los manifestantes se concentrarán en la plaza de San Juan de la Cruz a partir de las 11, que será la hora máxima para llegar al lugar. El Scrats espera que la Delegación del Gobierno de Madrid autorice la presencia de camiones y tractores. En esta ocasión, no está previsto que haya una marcha de vehículos por el Paso de la Castellana.
La protesta coincidirá con la inminente aprobación de los planes de cuenca por parte del Consejo de Ministros, y en particular de la planificación del Tajo que prevé la subida de los caudales ecológicos. La concentración cuenta con el respaldo de las organizaciones agrarias y empresariales del Levante integradas en las Mesas del Agua de la Región de Murcia, Almería y Alicante. Acudirán a Madrid con el lema 'El futuro del Levante está en juego', para alertar de «la pérdida de miles de empleos y de hectáreas de cultivo», así como la merma de sumideros de Co2 . También denunciarán la subida del precio del agua.
Impacto en los bolsillos
El Pleno del Ayuntamiento de Murcia aprobó ayer una moción del PP en defensa del Trasvase que fue presentada por los populares «ante los continuos ataques, amenazas y atentados contra el Levante español perpetrados por el Gobierno de Pedro Sánchez». La iniciativa fue aprobada con la abstención del PSOE y de Podemos, y el voto a favor de Ciudadanos y Vox.
El PP considera que «el recorte no viene respaldado por criterios técnicos, sino que se trata de una decisión política» que puede reducir las transferencias para riego en más de 80 hectómetros. El concejal Antonio Navarro indicó que supone «hipotecar el futuro de la Región y poner en peligro más de 15.000 empleos». Y advirtió de que «afectará al bolsillo de los murcianos, ya que se encarecerá el precio del agua en 13,3 millones de euros anuales».
