Los regantes pagarán más por el agua si incumplen el 'vertido cero' al Mar Menor

Cultivos de Torre Pacheco anegados por la gota fría./Pablo Sánchez / AGM
Cultivos de Torre Pacheco anegados por la gota fría. / Pablo Sánchez / AGM

El Ministerio prevé la expropiación de terrenos para poder controlar las escorrentías y proyecta construir 200 kilómetros de conducciones en el Campo de Cartagena

Manuel Buitrago
MANUEL BUITRAGO

La puesta en práctica del plan de 'vertido cero' al Mar Menor, la letra pequeña del documento aprobado por el Ministerio para al Transición Ecológica, prevé penalizar a los regantes del Campo de Cartagena con tarifas más elevadas de agua si no cumplen algunas medidas. Asimismo, se expropiarán terrenos para controlar las escorrentías y los sedimentos que acaban anegando la laguna, al tiempo que se transformará la franja litoral con infraestructuras y usos menos impactantes. De forma paralela, para aprovechar el agua de los pozos y drenar el acuífero se construirá una red compleja de 200 kilómetros de conducciones.

Estas son algunas de las actuaciones, al detalle, contenidas en el proyecto informativo del 'vertido cero' elaborado tras el periodo de exposición pública, al cual ha tenido acceso 'La Verdad'. El documento muestra asimismo que la financiación que corresponde a la Comunidad Autónoma asciende a 374 millones de euros, el 58% del total; aunque el Gobierno regional discrepa y sostiene que su aportación es de unos 75 millones. Los otros 300 se los atribuye a la Confederación Hidrográfica y a la iniciativa privada.

El plan prevé construir en el Campo de Cartagena una red de 200 kilómetros de drenajes y conducciones

En lo que atañe a la mejora de la fertilización mineral y orgánica -reduciendo las dosis-, que está relacionada con el mantenimiento de la agricultura ecológica, el documento subraya que a «aquellos agricultores que no cumplan con los requisitos establecidos se les deberá incrementar la tarifa del agua». Recuerda asimismo que hay que aplicar «el principio del que contamina paga», y trae a colación la normativa sobre tarificación y uso sostenible de los recursos hídricos, así como los instrumentos para la recuperación de costes previstos en la ley de Aguas.

Control de escorrentías

En este sentido, señala que hay que trasladar sobre los usuarios de determinadas obras hidráulicas los costes de inversión a través de cánones y tarifas, que pueden sustituirse por un tributo basado en la disponibilidad de agua. Las dos medidas más costosas -sobre un total de 21-, como son la extracción directa de las aguas subterráneas para el drenaje del acuífero y para el aprovechamiento de pozos, tienen un coste de 206,8 millones que deberán sufragar la CHS, la Comunidad y los regantes. Las actuaciones prevén la construcción de 200 kilómetros de nuevas conducciones, que incluyen una red de drenaje perimetral y los conductos que llevarán el agua de los pozos a las plantas de tratamiento para su desnitrificación. En ningún caso el Ministerio prevé construir un nuevo salmueroducto, como reclaman los regantes; y tampoco utilizar las desalobradoras privadas, que están totalmente prohibidas.

«Colaboraremos en todo para que la agricultura no dañe el Mar Menor»

«Colaboraremos en todo para que la agricultura no perjudique al Mar Menor», manifestó ayer Manuel Martínez, presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, si bien precisó que es necesario delimitar las competencias y responsabilidades de cada parte, tanto de las administraciones como de los usuarios, a la hora de desarrollar cada actuación y pagarla. Añadió que el plan está ahora en la fase proyecto informativo y marca unas directrices, por lo que hay que esperar a que se liciten los proyectos ejecutables.

Sobre la fertilización, Martínez indicó que apuestan «claramente por la sostenibilidad. Hacemos una agricultura de precisión, con fertirrigación y sistemas de gota a gota. Creo que en el plan se expone de una forma muy genérica, y quienes lo han elaborado ignoran lo que ocurre aquí. Ese punto ya lo tenemos implantando desde hace tiempo. Nuestro sistema está totalmente tarificado y pagamos el agua más cara de España». Sobre las posibles penalizaciones, indicó que lo que procede es sancionar a los usuarios que no cumplan con los requisitos, con la ley, pero no incrementar la tarifa del agua.

Martínez subrayó que los regantes de la Región de Murcia «somos un referente internacional en el uso eficiente del agua. La mayor parte de la medidas que se proponen ya las estamos cumpliendo, aunque todo sea mejorable». Sobre las expropiaciones de terrenos, consideró lógico que haga en los casos que sea necesarios. Indicó que los regantes son responsables de todo lo que acontezca a nivel de parcela, y apuesta porque se clarifiquen los ámbitos de actuación.

Otras actuaciones relevantes afectan al control de las escorrentías y el transporte de sedimentos contaminados, tanto en las parcelas como en la cuenca vertiente del Mar Menor, valoradas en 68 millones de euros y que tienen que ser ejecutadas por la Comunidad Autónoma y los regantes. El plan propone un estudio más exhaustivo de las terrazas y bancales existentes. A efectos prácticos, se construirán estructuras de tierra para la retención de escorrentías con una superficie media de 30 hectáreas, además de diques para frenar sedimentos y laminar avenidas. El plan advierte de que estas actuaciones «supondrán la ocupación de terrenos de titularidad privada», y que habrá expropiaciones forzosas, ocupaciones temporales o modificación de servidumbres. No especifica el volumen de terrenos que pueden verse afectados.

Factura para el regadío

A la hora de discernir el ámbito de actuación, la Confederación Hidrográfica del Segura sostiene que «no tiene competencias en materia de drenaje agrícola, por lo que la responsabilidad de ejecución de las obras recae en los titulares de las explotaciones». Se hace mención expresa de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, que tendría que sufragar los 52,7 millones de euros que cuesta la adecuación y ampliación de los sistemas de drenaje agrícola. El documento se basa en un estudio realizado por la Universidad Politécnica de Cartagena, el mismo al que se remiten los regantes, aunque existen discrepancias sobre quién tiene que pagar y el ámbito de actuación, ya que aquellos diferencian entre una rambla o cauce natural, y una parcela privada.

Por último, en relación a la integración ambiental de los usos (navegación, turismo, pesca y actuaciones costeras), se plantean alternativas con un grado máximo de restricción, las cuales requieren un desarrollo. El objetivo es una «transformación sustancial de la franja litoral del Mar Menor». Algunas de estas propuestas ya vienen recogidas en la ley de medidas urgentes del Mar Menor que aprobó la Asamblea.

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