Los regantes exigen que la moratoria al cierre de pozos se blinde con una ley

La negociación que mantiene el Ejecutivo central en Europa para lograr un periodo transitorio mientras se sustituye agua de pozo por desalación no termina de convencer a los regantes, ya que todo ello está sujeto a la construcción de las nuevas desaladoras previstas en Alicante y Águilas y a la ampliación de las ya existentes. Lo mismo ocurre con el Trasvase, ya que el Ministerio para la Transición Ecológica mantiene el misterio sobre qué ocurrirá con las nuevas reglas de explotación para adaptarse a los caudales ecológicos del Tajo. «He conocido de boca de los más altos dirigentes del Gobierno de España palabras tranquilizadoras en cuanto a inversiones tremendas para paliar el recorte del Trasvase y, a dos años vista (en 2027 la propuesta es de reducir un 50% el agua del Tajo para regadío), ninguna de esas inversiones que sumaban cerca de 1.300 millones de euros veo que se vaya a cumplir».

Jiménez prevé que con esas normas que adelantó el Ministerio antes del verano, pero de las que no se ha vuelto a saber nada, el regadío levantino encontraría su «final» porque con «dos o tres años malos de aportaciones en la cabecera del Tajo entraríamos en niveles de 'trasvase cero' muchísimos y muchísimos meses». El sindicato central de regantes espera que Transición Ecológica «aclare en breve qué es lo que está ocurriendo para este silencio; estamos todos expectantes de saber qué es lo que está maquinando». El Gobierno central sabe que parte de la modificación de esas reglas tendría que pasar por el Congreso de los Diputados, donde ya no tiene mayoría, al tener que tocar la ley del Trasvase. Ese trámite alargará todo el proceso.

El representante de los regantes no mostró dudas al decir que ese retraso en las reglas es debido a «la planificación torticera y política» que hizo el Ministerio en su momento con los caudales ecológicos del Tajo (en enero de 2026 volverán a subir). Conscientes de que un frente y otro obligará a la movilización permanente del sector agrícola los próximos años, el Scrats ha convocado el próximo 11 de noviembre en Lorca una asamblea para abordar estos retos y analizar qué conllevaría las restricciones en los acuíferos dentro de dos años. «Esperamos que sea multitudinaria», subrayó Jiménez.

Mariano Zapata, presidente de Proexport, mostró su «preocupación» ante «las largas que está dando el Ministerio» en lo referente a las reglas de explotación. «Esto se ha politizado de una manera que ya nos está afectando y preocupando bastante», señaló el dirigente de la patronal agraria. Zapata extendió a toda la sociedad murciana el impacto del recorte al Trasvase y de la reducción de las aguas subterráneas para riego, y no solo al sector primario.